Bajo el capitalismo, todos los elementos del gobierno —desde la Casa Blanca hasta las legislaturas estatales, los tribunales de todo tipo, las agencias reguladoras y otros organismos no elegidos, el FBI y la policía— sirven a los intereses de la clase capitalista. Es lo contrario de lo que dicen los políticos burgueses de que el gobierno actúa para “todos los norteamericanos”.
El estado capitalista defiende y promueve la campaña incesante de los capitalistas para sacar ganancias a costa de los trabajadores en el país, y su empeño imperialista por mercados y esferas de influencia en todo el mundo, respaldados por su maquinaria de guerra. Ninguna clase capitalista puede mantener su dominio sin una policía política para espiar, acosar y perturbar a sus oponentes sobre todo a los que más temen, la clase trabajadora y sus combatientes de vanguardia.
Actualmente los gobernantes capitalistas norteamericanos están intensificando su uso del FBI y leyes como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y otros estatutos de cacería de brujas. Los demócratas están a la delantera, con sus ataques contra Donald Trump y otros de sus oponentes en la política capitalista y asestando golpes a las libertades constitucionales.
En 1973, tras las revelaciones de Watergate y la desilusión generalizada con el gobierno por su asesina guerra en Vietnam, la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores inició una campaña política y una acción legal contra el FBI, el fiscal general de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales, impugnando el espionaje y ataques contra el partido realizado durante décadas. Esta lucha victoriosa que duró 15 años sentó un precedente importante para ser utilizado en el futuro.
El partido ganó apoyo en el movimiento obrero y de otros, luchando para defender el espacio político para que los trabajadores hablen, se organicen y actúen, en las fábricas, en los piquetes, en las calles y en la política.
Expuso el uso por parte del gobierno de informantes encubiertos para espiar a miembros del PST, de escuchas e intervenciones telefónicas y allanamientos y robos en las sedes del partido. El FBI intentó desbaratar todo lo que pudo del trabajo del partido. Logró que algunos perdieran sus trabajos y sus apartamentos, y fomentó conflictos fraccionales entre diferentes grupos.
La lucha del PST ayudó a sacar a la luz pruebas de similares operaciones de desbaratamiento contra luchadores para poner fin a la segregación racial, contra personas organizando solidaridad con la revolución socialista cubana, dirigentes de la lucha por la emancipación de la mujer y opositores a las guerras de Washington.
Durante el juicio del caso del PST contra el FBI, el gobierno intentó justificar sus operaciones de Cointelpro acusando al PST de estar conspirando y encubriendo sus verdaderos objetivos revolucionarios. Pero el juicio demostró que era todo lo contrario. El PST no ocultó que su objetivo era liderar al pueblo trabajador para tomar el poder político, explicando que sus puntos de vista revolucionarios estaban protegidos por la Constitución.
Era el gobierno y sus espías los que ocultaban sus métodos, objetivos y ataques contra derechos importantes que todos los trabajadores necesitan.
La campaña del partido condujo a una victoria trascendental en 1986. El juez Thomas Griesa dictaminó que no había pruebas “que algún informante del FBI hubiera informado de un solo caso de espionaje, violencia [o] terrorismo planeado o ejecutado por parte del partido o sus miembros”. Dictaminó que el uso del FBI para infiltrarse en organizaciones y espiar a individuos que participaban en actividades políticas, incluidos comunistas y otros luchadores de la clase trabajadora, violaba la Constitución.
Actualmente los gobernantes están tomando medidas para rehabilitar al FBI y resucitar las leyes de espionaje y otras para fabricar cargos amañados. El fallo del PST sigue en vigor, es un ejemplo y una herramienta para que luchadores obreros la utilicen.