Los gobernantes capitalistas de la República Dominicana intensificaron las restricciones contra los inmigrantes haitianos anunciando el 2 de octubre sus planes de deportar a 10 mil personas cada semana. El presidente dominicano Luis Abinader dijo demagógicamente que estaba defendiendo los intereses del “pueblo dominicano”, que, según él, se ven amenazados por la inmigración procedente de Haití.
El plan expulsaría el doble de los 250 mil haitianos deportados del país en 2023. La medida es especialmente atroz dado los miles de haitianos que recientemente han cruzado la frontera huyendo de la violencia generalizada y mortal de las pandillas y de la crisis económica y prolongada crisis política en que está sumido el país.
Desde junio, al pueblo haitiano le han impuesto una fuerza policial multinacional encabezada por Kenia y respaldada por Washington, encargada de implantar la “estabilidad”.
La primera semana después del anuncio de Abinader, decenas de camiones llegaron cada día a los puestos fronterizos llenos con trabajadores para ser deportados. Unas 11 mil personas fueron detenidas esa semana.
Muchos eran trabajadores nacidos en Haití que han vivido toda su vida en la República Dominicana, pero que aún no tienen estatus de residencia legal. También había dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se les ha negado la ciudadanía y documentos de identidad bajo las draconianas leyes dominicanas. Y hubo otros que simplemente no presentaron sus documentos lo suficientemente rápido antes de ser arrojados en un camión de la policía.
El gobierno afirma que “se respetarán los derechos humanos y la dignidad de los repatriados”. Sin embargo, incluso personas con documentos legales están siendo deportadas. Muchos han sido detenidos camino a su trabajo o arrestados en redadas nocturnas, dejando hijos abandonados a su suerte.
“Si te detienen en la calle y no tienes tus documentos, te llevan al centro de detención de Haina y para las 5 de la mañana del día siguiente ya estás en camino a la frontera”, dijo al Militante Jesús Núñez, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC). La organización es conocida por su participación en la lucha por pensiones de jubilación, atención médica y mejores condiciones de vida y de trabajo para miles de cortadores de caña dominicanos y haitianos que trabajan en las enormes plantaciones de azúcar del país.
Muchos de los detenidos provenían de la provincia oriental de La Romana, donde hay una alta concentración de haitianos que trabajan en la construcción y la agricultura. Más de una vez la UTC ha tenido que rescatar a sus miembros de las garras de la policía, dijo Núñez.
“Mandamos un grupo detrás del autobús para mostrarle a las autoridades los comprobantes de pago y otros documentos que demuestran que trabajan en los ingenios azucareros”, dijo Núñez.
Las deportaciones masivas tienen como objetivo fomentar las divisiones entre haitianos y dominicanos a fin de profundizar la explotación de todos los trabajadores.
“Los capitalistas tienen un planteamiento con respecto a la frontera”, dijo Núñez, “colocar empresas para usar esa mano de obra barata de trabajadores con o sin documentos.
“Realmente necesitan decenas de miles de trabajadores más para la construcción, las plantas bananeras, criaderos de pollo y otras industrias”, dijo. “En vez de regularizar el estatus legal de estos trabajadores, los mantienen amenazados con la deportación. Exageran para crear el ambiente antiinmigrante”.
Los políticos capitalistas hablan de “la carga” que la inmigración haitiana crea para la República Dominicana. “¿Qué carga?”, dijo Núñez. “Los inmigrantes haitianos son quienes se ven obligados a vivir en condiciones infrahumanas”.
“Los dueños de las plantas avícolas construyen asentamientos a pocos metros de la granja para albergar a los trabajadores, y no permiten que sus familias vivan con ellos”, dijo. “Los dominicanos no aceptan esas condiciones y se van”.
“Los dueños de fincas tienen trabajadores haitianos que cuidan la granja a cambio de ‘vivir ahí’”, dijo. Cosas similares suceden en la construcción.
La campaña antiinmigrante de los gobernantes capitalistas busca enmascarar el hecho de que la falta de atención médica, escuelas y otros servicios adecuados se debe a que la riqueza producida por todos los trabajadores, nativos y extranjeros, va a los bolsillos de las familias capitalistas que imponen salarios bajos, alquileres altos y otros sacrificios a los trabajadores.
Núñez señaló la necesidad de que el movimiento obrero en la República Dominicana se pronuncie en contra del prejuicio contra los haitianos y asuma el desafío de organizar a trabajadores haitianos y dominicanos para que luchen juntos por sus intereses comunes.
“La Unón de Trabajadores Cañeros defiende el derecho a un buen empleo, a un salario justo y al acceso al cuidado de la salud para todos”, dijo Núñez.