El inicio del tercer mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro el 10 de enero ha aumentado las discusiones en los círculos gobernantes en Estados Unidos sobre cuáles deberían ser los próximos pasos de Washington respecto a ese país. En julio, Maduro fue declarado ganador de una elección altamente polarizada, la cual las fuerzas de oposición en Venezuela, Washington, la Unión Europea y algunos gobiernos de América Latina se han negado a reconocer.
“He aquí un objetivo que queda por cumplir”, escribió el columnista Bret Stephens en el New York Times el 14 de enero, “deponer al régimen . . . a través de la diplomacia coercitiva si es posible o la fuerza si es necesario”.
El incentivo, dice, debería ser una oferta de amnistía o exilio permanente para los altos funcionarios del gobierno de Maduro y de las fuerzas armadas de Venezuela. Washington los acusa de ahogar la democracia y convertir al país en un centro global para el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Stephens dice que esto podría significar “la intervención militar norteamericana, como la que en 1990 puso fin rápidamente al régimen del dictador Manuel Noriega” en Panamá. Bajo administraciones Demócratas y Republicanos los gobernantes imperialistas han impuesto sanciones políticas y económicas contra Venezuela durante 20 años. El objetivo es derrocar a Maduro y su gobierno e imponer un régimen más servil a Washington.
La administración de Joseph Biden intentó una nueva estrategia. A cambio de una promesa de Maduro de que las elecciones presidenciales serían justas y transparentes, Washington levantó algunas de las agobiantes sanciones a las exportaciones de petróleo y gas que había impuesto a Venezuela en 2022. También autorizó que Chevron, la única empresa petrolera estadounidense que Washington permite operar en Venezuela, reanudara sus operaciones.
Washington esperaba que esto condujera a una situación más estable y favorable para los intereses del imperialismo norteamericano y que atenuara la colaboración de Caracas con Moscú, Beijing y Teherán.
Estos acercamientos llegaron a su fin tras las elecciones de julio. Chevron sigue abogando por un acuerdo negociado, temeroso de que cualquier otra solución pueda perturbar sus negocios allí.
Los intentos de los gobernantes imperialistas estadounidenses de presentarse como defensores de la “democracia” del mundo se desmoronan ante su historial de intervenciones sangrientas y guerras en Corea, Guatemala, Vietnam, los Balcanes, Iraq y otros países.
Su objetivo es defender su posición como líder del orden imperialista mundial y el acceso a los mercados y las materias primas. A los gobernantes norteamericanos y a sus aliados capitalistas venezolanos no les importan en absoluto los derechos e intereses de los trabajadores de ese país.
Sanciones azotan a trabajadores
Las sanciones de Washington contra Venezuela han golpeado la economía del país. Forzados por las crecientes dificultades económicas, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014, más de una cuarta parte de la población.
Mientras tanto, el gobierno de Maduro ha privatizado algunas fábricas, minas y operaciones agrícolas, lo que ha provocado el despido de miles de trabajadores, algunos de los cuales han sido encarcelados por oponerse a estas medidas. Unos 370 campesinos y trabajadores rurales han sido asesinados por sicarios contratados por terratenientes capitalistas en el proceso de desalojarlos y quitarles sus tierras.
Las sanciones contra el petróleo han logrado otro de los objetivos de Washington: dificultar que Venezuela siga exportando petróleo a Cuba. En 2024, esas exportaciones se redujeron a la mitad. Los gobernantes norteamericanos nunca perdonarán a Venezuela por la ayuda que ha brindado a Cuba.
El día de la toma de posesión de Maduro Washington aumentó a 25 millones de dólares el botín prometido por su arresto, y ofreció recompensas por otras figuras de su gobierno.
El 22 de enero, el Secretario de Estado Marco Rubio, tuvo una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición burguesa en las elecciones de julio. Describiendo a González como el presidente legítimo de Venezuela, Rubio reafirmó que la nueva administración continuará la política de Biden.