MONTREAL — Caroline Senneville, presidenta de la Confederación de Sindicatos Nacionales de Quebec, se pronunció en contra del proyecto de ley 89, que daría al gobierno provincial el poder de ordenar a huelguistas a volver al trabajo e imponerles contratos mediante un arbitraje obligatorio. Se trata de una “declaración de guerra” contra los sindicatos, afirmó.
El Ministro de Trabajo de Quebec, Jean Boulet, quien presentó el proyecto de ley el 19 de febrero, dijo que se inspiró por el uso del gobierno federal de leyes antisindicales similares para poner fin a las huelgas de 70 mil obreros ferroviarios, portuarios y postales en los últimos seis meses.
La ley propuesta le permitiría al gobierno de Quebec poner fin a cualquier huelga que este declare ser una amenaza a la “seguridad social, económica o del medio ambiente”.
Ottawa utilizó la misma justificación en 2022 para imponer la odiada Ley de Emergencias y disolver un campamento frente al Parlamento canadiense en Ottawa, organizado por camioneros y sus aliados que protestaban contra las órdenes federales de COVID que amenazaban sus empleos. Varios miles de policías fuertemente armados fueron enviados para disolver la protesta.
Alentado por el éxito de Ottawa en el uso de la Ley de Emergencias, el gobierno de Ontario adoptó la Ley 28 en noviembre de 2022, prohibiendo la huelga de 55 mil trabajadores escolares. Pero los miembros del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos desafiaron la ley, se declararon en huelga y lograron avances. Fueron apoyados por la Federación del Trabajo de Ontario, que amenazó con organizar un paro en toda la provincia.
Los trabajadores y los sindicatos de todo el país, incluida la Federación del Trabajo de Quebec, se unieron para apoyar a los huelguistas, y el gobierno se vio obligado a derogar la ley.
En 2023, más de medio millón de enfermeras, maestros y otros trabajadores del sector público de Quebec formaron el Frente Común para luchar por aumentos salariales ante el alza de los precios, por condiciones laborales dignas y para revertir el grave deterioro de la calidad de la atención médica y la educación causados por los recortes de fondos gubernamentales. Fue la mayor batalla sindical en Canadá en décadas.
El gobierno de Quebec condenó la huelga, alegando que los contratos sindicales “inflexibles” causaron la crisis de la atención médica y la educación, no los recortes gubernamentales.
Lucha clave para los trabajadores
“Un mayor número de trabajadores está recurriendo a sus sindicatos para luchar por salarios y condiciones de trabajo que les permitan tener tiempo y energía para criar una familia y tener una vida política y social”, dijo al Militante Katy LeRougetel, candidata de la Liga Comunista en las próximas elecciones federales en el distrito electoral de Dorval-Lachine-LaSalle en Montreal. “Eso es lo que el gobierno está tratando de detener”.
LeRougetel, miembro del sindicato BCTGM en una panadería industrial, describió las discusiones que ha estado teniendo con sus compañeros de trabajo. Jean-François Léonard le dijo que el gobierno quiere darse el poder de “‘negociar’ contratos legislándolos. ¡Eso es antisindical y anticonstitucional!”.
La llamada Carta de Derechos y Libertades de Canadá contiene una cláusula que permite al gobierno suspender cualquier derecho si lo considera necesario, dijo LeRougetel.
“Los sindicatos deben romper con todos los partidos de los patrones”, dijo. “Y organizar una lucha contra los ataques de los gobernantes al derecho de huelga y otras libertades democráticas.
“A través de estas batallas, los trabajadores pueden forjar un partido obrero con el objetivo de tomar el poder político en nuestras propias manos”.