WASHINGTON — “Regresen a Kilmar a casa”, dijo la Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA)-CWA en su página de Facebook el 27 de abril. “Auxiliar de vuelo, aprendiz sindical, trabajador agrícola. No importa dónde trabajes. Un ataque contra uno es un ataque contra todos”.
Un número creciente de sindicatos están respaldando la lucha para traer de regreso a Estados Unidos a Kilmar Abrego García, un aprendiz de trabajador de chapa metálica y miembro del sindicato SMART, que fue deportado por el gobierno norteamericano “por error” a El Salvador el 15 de marzo.
La AFA ha vivido de primera mano injusticias similares. En 2019, Selene Saavedra Román, auxiliar de vuelo y miembro de la AFA, fue detenida por las autoridades migratorias durante más de un mes, a pesar de estar bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Su empleador, Mesa Airlines, insistió en que podía volar legalmente fuera de Estados Unidos, pero al regresar de trabajar en un vuelo a México, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la arrestó. Tras una campaña liderada por el sindicato, obtuvo su libertad.
Abrego García se encuentra encarcelado en El Salvador. Fue trasladado allí sin recibir derecho a una audiencia, a pesar de contar con la protección de una orden judicial que prohibía su deportación. La AFL-CIO, SMART, UNITE HERE y el Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines emitieron un comunicado el Primero de Mayo que exige su liberación.
La administración Trump afirma que no puede hacer nada, incluso después de que la Corte Suprema ordenara que la Casa Blanca “facilitara” su regreso.
La defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes, inclusive la necesidad de una amnistía para todos los trabajadores sin papeles en Estados Unidos, es crucial para unir a la clase trabajadora.
Esto es un tópico de discusión en el trabajo. Un compañero de trabajo de esta corresponsal tiene un primo que lleva casi un mes encarcelado en El Salvador. “No tiene ningún antecedente, 100%. No se ha presentado ningún cargo contra él. Pero nadie puede verlo. La familia paga 250 dólares al mes por su comida y contrató a un abogado por 4 mil dólares para ver si se puede hacer algo, pero no tiene ningún derecho”, dijo el trabajador.
Según la Constitución de Estados Unidos el derecho al debido proceso, es para todos los que están en el país, independientemente de su estatus legal. Se suponía que Abrego García debía haber recibido una notificación por escrito diciéndole que tenía derecho a impugnar la orden de deportación ante un tribunal y recibir tiempo suficiente para organizar su defensa.
En 1993 el juez de la Corte Suprema Antonin Scalia escribió en la decisión Reno v. Flores que la Quinta Enmienda otorga a los inmigrantes “el debido proceso legal en los procedimientos de deportación”. La Corte Suprema reafirmó esto en su fallo sobre Abrego García.
La política migratoria de los gobernantes capitalistas de Estados Unidos es bipartidista. Controlan el flujo de migración según las necesidades de los patrones y para crear un sector de segunda clase para explotar más fácilmente a todos los trabajadores.
A medida que los inmigrantes se incorporan a la fuerza laboral se convierten en parte de la clase trabajadora y de sus luchas en este país. Luchando conjuntamente, los trabajadores nativos y los nacidos en el extranjero desarrollan confianza en sí mismos y fortalecen su conciencia de clase.
Aunque muchos trabajadores defienden a Abrego García, otros no. La administración ha librado una incesante campaña de difamación en su contra e insiste en que los trabajadores inmigrantes son los culpables de los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. Una grabación de una parada de tráfico en Tennessee en 2022, que resultó en una multa por conducir con una licencia vencida, está siendo presentada como prueba de que Abrego García es un “traficante de personas”. Grabaciones de una disputa doméstica, lo cual representa una invasión de su privacidad y la de su esposa, está siendo usada para pintarlo como un “golpeador de su esposa”.
Abrego García fue detenido por primera vez en 2019 en el estacionamiento de un Home Depot donde estaba buscando trabajo. Según la policía de inmigración este era un lugar de reunión de las pandillas. La principal forma de acusar a un trabajador como Abrego de ser pandillero son sus tatuajes y las sudaderas que visten. Se ha demostrado que las fotos de sus tatuajes circuladas por el gobierno han sido manipuladas.
“La defensa y ampliación de las libertades protegidas por la Constitución de Estados Unidos está al centro de la lucha de clases hoy día. Los trabajadores y agricultores debemos organizarnos y tomar acción para impedir la arremetida del gobierno federal contra estas libertades, que hemos ganado en batallas de clases a lo largo de casi dos siglos y medio”. Estas son las primeras oraciones de Ya superamos el punto más bajo de la resistencia del pueblo trabajador: El Partido Socialista de los Trabajadores mira hacia adelante, por los dirigentes del PST, Jack Barnes, Mary-Alice Waters y Steve Clark. La solidaridad de la clase trabajadora con Abrego García y otros trabajadores inmigrantes bajo ataque hoy es un componente importante de esa defensa.
Libertad para sindicalista agrícola ‘Lelo’ Juárez
TACOMA, Washington — Alfredo “Lelo” Juárez Zeferino, dirigente del sindicato de trabajadores agrícolas Familias Unidas por la Justicia, ha estado encarcelado en el Centro de Detención del Noroeste del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 25 de marzo. Lo arrestaron mientras conducía a su compañera, Beatriz Godínez, a los campos de tulipanes donde ella trabaja. La audiencia sobre su deportación está programada para noviembre.
En una audiencia de fianza el 8 de mayo, la jueza de inmigración, Teresa Scala, dictaminó que no tenía jurisdicción para conceder una fianza de 5 mil dólares. Posteriormente, Scala dijo a la prensa que, de haberla tenido, la habría concedido y habría liberado a Juárez. El abogado del Departamento de Seguridad Nacional argumentó que Scala sí tenía jurisdicción y que esa fianza debería ser rechazada.
Los jueces en dicho centro, uno de los más grandes del país, tienen el promedio más alto de rechazos de solicitudes de fianza. En 2023 aprobaron solo el 3%. Juárez se ha unido a una demanda colectiva federal para que se le permita a los jueces de inmigración de Tacoma aprobar las fianzas.
Unas 60 personas marcharon frente a las instalaciones después de la audiencia, coreando “¡Libertad para Lelo!” y “¡Sí, se puede!”. Juárez, trabajador agrícola desde los 12 años, comenzó a defender a los inmigrantes y trabajadores agrícolas en su adolescencia.
“Lo conocemos desde los 14 años. Cree en el derecho de los trabajadores agrícolas a negociar por un contrato”, dijo Rosalinda Guillén, dirigente de Desarrollo de Comunidad a Comunidad, en la manifestación. “Su presencia allí (en la cárcel) es un desperdicio de liderazgo y humanidad que nuestra comunidad tanto necesita”.
Miembros de los sindicatos de trabajadores de alimentos UFCW; electricista IBEW; de panadería y confitería BCTGM; de estibadores ILWU; de trabajadores del hierro; de ferrocarriles y transporte SMART; entre otros, se unieron a la manifestación.
“Es importante mostrar solidaridad con todos los trabajadores, oponernos a cualquier obstrucción a poder vivir con dignidad, libres de violencia y opresión”, dijo Sol, trabajadora de un restaurante de Blaine, a ésta corresponsal del Militante. No quiso que se revelara su apellido debido a una lucha en el trabajo.