Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero, heredó de su predecesor, el demócrata Joseph Biden, la red más grande de prisiones para inmigrantes en la historia de Estados Unidos. Trump inmediatamente comenzó a tomar medidas para expandirla, alegando que había decenas de miles de inmigrantes ilegales criminales que debían ser encarcelados y deportados.
Pero al iniciar la expansión se hizo evidente que sus blancos de ataque eran, de hecho, simplemente trabajadores y pequeños negociantes, que comenzaron a ser detenidos en sus hogares, lugares de trabajo, estacionamientos de Home Depot y otros sitios. Incluidos entre ellos, personas como Kilmar Abrego García, aprendiz de metalúrgico y miembro del sindicato SMART; Máximo Londonio, miembro del sindicato de trabajadores mecanometalúrgicos IAM en el estado de Washington; Carol Mayorga, trabajadora de un café que había vivido en Kennett, Missouri durante décadas; estudiantes de secundaria en Nueva York y muchos otros trabajadores. Sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares y amigos, muchos de los cuales votaron por Donald Trump, se organizaron para luchar por su libertad.
Lo que se necesita hoy no son más cárceles para inmigrantes sino una amnistía para todos los inmigrantes en Estados Unidos. Ese es el camino para promover la unidad de la clase trabajadora contra los patrones y su gobierno.
Pero el gobierno en Washington continúa intensificando planes para encarcelar a decenas de miles de inmigrantes. Su objetivo es intimidar a los millones de trabajadores sin papeles, silenciarlos y lograr que se “autodeporten”.
La actual expansión de las cárceles y otros planes para detener y deportar a trabajadores inmigrantes ya están en marcha.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha asignado personal de la Guardia Nacional de Texas, de la Administración de Control de Drogas, del Buró de Prisiones, del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y a miembros del Departamento de Estado y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para ayudar en las operaciones de inmigración.
El presupuesto del DHS supera los 165 mil millones de dólares este año, con 45 mil millones asignados a la construcción de nuevos centros de detención. El objetivo de la administración es tener 100 mil camas disponibles en las cárceles de inmigración del país.
Para el 17 de agosto, Fort Bliss en El Paso, Texas, estará albergando a mil inmigrantes, con una capacidad para 5 mil.
Esta cárcel es calificada como una instalación de “lados suaves” —en realidad, una carpa gigante— para albergar a inmigrantes durante los procedimientos de deportación. Para quienes ya están siendo removidos ya está disponible “ICE Air”, como se conoce a la flota del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para las deportaciones. Washington también ha buscado acuerdos con gobiernos extranjeros para encarcelar a inmigrantes en estos países traídos de Estados Unidos, a cambio de dinero o favores políticos.
Además de la Base Naval en la Bahía de Guantánamo, en territorio cubano ocupado por Washington, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, eligió Camp Atterbury en Indiana y la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey para ser reacondicionados para albergar a varios miles de inmigrantes más que esperan la deportación.
Cárceles son un negocio rentable
Aún con la expansión de la capacidad carcelaria en las bases militares y otros lugares, alrededor del 85% de los inmigrantes detenidos se encuentran recluidos en cárceles privadas con fines de lucro administradas por empresas como GEO Group.
Las condiciones en estas instalaciones son notorias por estar superpobladas, insalubres e inseguras. En junio, un motín estalló en una prisión privada de Tennessee, administrada por CoreCivic, debido a las pésimas condiciones, donde un solo funcionario penitenciario era responsable por cientos de reclusos.
CoreCivic está tratando de hacerse cargo y reabrir la infame prisión de máxima seguridad en Leavenworth, Kansas.
La empresa trata de promover la reapertura de este rentable negocio prometiendo la creación de empleos y pagos a la ciudad de un millón de dólares por adelantado cuando se inaugure, y cientos de miles más a lo largo de los años.
En una Expo de Seguridad Fronteriza el 9 de abril, donde empresarios exhibieron sus productos para el manejo de inmigrantes, Todd Lyons, el director interino de ICE, afirmó tener un plan para redadas de detención de inmigrantes con una flota de camiones. Añadió que sería similar a la entrega de paquetes de Amazon por todo Estados Unidos, “como Prime, pero con seres humanos”.
A medida que los agentes de ICE amplían sus redadas y arrestos por todo el país, se han topado con protestas de trabajadores y sus sindicatos, quienes conocen y aprecian a sus compañeros sin papeles en sus comunidades.
Estas luchas, grandes y pequeñas, son un ejemplo en la lucha por la amnistía para unificar a la clase trabajadora.