Hace casi exactamente un año, Kilmar Ábrego García, obrero de construcción, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras conducía a casa desde el trabajo y, acto seguido, deportado ilegalmente a la infame prisión CECOT de El Salvador, donde fue torturado. Hoy, el gobierno norteamericano continúa sus esfuerzos de victimizarlo por luchar contra su deportación y caso amañado.
En junio, el miembro del Local 100 del sindicato SMART, de 30 años de edad, fue repatriado a Estados Unidos gracias al amplio apoyo que había obtenido su lucha y a una orden de la Corte Suprema. Pero aun antes de que el avión aterrizara, Ábrego García fue acusado en Nashville, Tennessee, de cargos criminales de participar en “tráfico de personas” por más de una década, delitos que él insiste nunca haber cometido.
El caso se basa en una parada de tráfico en Nashville hace más de dos años. Tras un diálogo, la policía decidió no arrestarlo, y ni siquiera darle una multa.
El 26 de febrero Ábrego García regresó a la corte en Nashville acompañado por su esposa, Jennifer Suárez Sura, por miembros de CASA, el grupo de derechos de los inmigrantes que lo ha defendido, por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee y otros partidarios que llenaron la sala del tribunal.
Ábrego García no dio testimonio. En diciembre, el juez federal de distrito Waverly Crenshaw Jr. canceló el caso penal en su contra y ordenó una audiencia probatoria para decidir si Ábrego García había sido objeto de un “enjuiciamiento selectivo y vengativo” por parte del Departamento de Justicia.
Los abogados de Ábrego García han explicado que los cargos en su contra son represalias y deben ser rechazados. “Si alguna vez ha existido un caso que merezca ser desestimado por estos motivos, es este”, dijo Sean Hecker, uno de sus abogados.
Durante más de dos horas, el juez interrogó a Robert McGuire, el ex fiscal federal interino, sobre correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones con el Departamento de Justicia en Washington y otros funcionarios que insistían que procesar a Ábrego García era una “máxima prioridad para nosotros”. A pesar de las pruebas, McGuire repetidamente testificó que él solo tomó la decisión de procesar.
Pero, como ha sucedido con frecuencia en este caso, entre más testigos del gobierno declaran, más socavan su propio caso. El testimonio de McGuire no pudo refutar las 3 mil páginas de documentos del gobierno que el juez Crenshaw había desclasificado y que lo convencieron que los abogados de Ábrego García parecían tener la razón. Los documentos muestran altos funcionarios del Departamento de Justicia presionando a McGuire a proceder, así como la disposición de McGuire a cumplir. “Queremos que el alto mando esté al tanto. Yo, dispuesto a hablar cuando quieran”, dijo McGuire a un funcionario del Departamento de Justicia.
El juez Crenshaw dio por terminada la audiencia y afirmó que emitirá su fallo en un plazo de 30 días. No se han programado más audiencias.
“Hemos escuchado muchísimas veces en el último año que Kilmar nunca volverá a caminar libre en este país”, dijo Ama Frimpong, directora legal de CASA, a los periodistas frente al tribunal. “¿Y qué pasó hoy? Kilmar entró en esta sala un hombre libre y sale de ella un hombre libre”.