WASHINGTON —“Agradezco que hoy la justicia dió un paso adelante”, declaró Kilmar Ábrego García después de que el juez federal de distrito Waverly Crenshaw Jr. desestimara los cargos penales en su contra en Nashville, Tennessee, el 22 de mayo. Expresó su gratitud a CASA —la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes que lo representa— y a todas las personas que lo han apoyado.
La Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Aire, Ferrocarril y Transporte (SMART), el sindicato al que pertenece Ábrego García, lo ha respaldado desde el principio.
Sin este apoyo, este último triunfo no hubiera sido posible. “Hoy puedo decir que por fin está en su casa, porque el movimiento que estamos construyendo ha estado presente una y otra vez”, dijo con orgullo Jennifer Vásquez Sura, esposa de Ábrego García, durante una manifestación celebrada el 1 de mayo en Washington.
El juez de Nashville desestimó los cargos de “tráfico de personas” presentados por la fiscalía federal contra Ábrego García —quien fue acusado de conspirar para traficar inmigrantes entre 2016 y 2025 basándose en una parada de la policía que ocurrió el 30 de noviembre de 2022. En dicha ocasión, Ábrego García fue detenido por una infracción de tráfico cuando estaba transportando a un grupo de trabajadores de la construcción en Nashville. Los agentes que lo pararon lo dejaron seguir su camino sin siquiera imponerle una multa.
Crenshaw dictaminó que los cargos constituían una represalia malintencionada contra Ábrego García por haber luchado contra su deportación. “El Tribunal no llega a esta conclusión a la ligera”, escribió Crenshaw en un fallo de 32 páginas. “Las pruebas objetivas demuestran que, de no haber sido por la demanda exitosa de Ábrego para impugnar su expulsión a El Salvador, el Gobierno no hubiera iniciado este proceso penal”.
Las decisiones clave del caso fueron tomadas por altos funcionarios del Departamento de Justicia —incluido Todd Blanche, actual fiscal general interino de Estados Unidos— y no por fiscales de Tennessee.
Ábrego García, un aprendiz sindicalizado de 30 años, fue arrestado y puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Beltsville, Maryland, mientras conducía con su hijo el 12 de marzo de 2025. A pesar de una orden judicial explícita que prohibía al gobierno devolverlo a El Salvador —donde él y su familia habían sido amenazados por pandilleros— el ICE lo trasladó allí por vía aérea. Fue recluido en la notoria prisión de máxima seguridad CECOT, donde fue golpeado y torturado.
Vásquez Sura lo reconoció en una foto en un periódico y en un video publicado en el internet en el cual se le veía escoltado por guardias del CECOT.
La decisión de Crenshaw documenta cómo se desarrolló el intento de incriminación creado por el gobierno. El 4 de abril de 2025, después de que la jueza federal de distrito Paula Xinis, de Maryland, ordenara al gobierno que “facilitara” el regreso de Ábrego García desde El Salvador —decisión ratificada por la Corte Suprema tras una apelación del gobierno— el Departamento de Justicia dilató el proceso durante semanas.
En cambio, el 17 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional inició una “investigación” sobre una detención de tráfico ocurrida en 2022 y logró que se presentaran cargos formales en su contra el 21 de mayo. Posteriormente, el 6 de junio, Ábrego García fue trasladado de vuelta a Estados Unidos para enfrentar dichos cargos.
“Desde el primer día hemos dicho que este caso no era más que una vendetta política”, declaró a la prensa Ama Frimpong, jefa de servicios de la organización CASA, tras conocerse el fallo.
Los partidarios de Ábrego García se mantienen alerta. Él sigue luchando contra los intentos del gobierno de deportarlo a Liberia, un país con el que no tiene ningún vínculo y donde carecería de protección de una posible devolución a El Salvador. Anteriormente, el Departamento de Justicia había intentado deportarlo a Uganda, Eswatini y Ghana.
Ábrego García ha manifestado su disposición a ser enviado a Costa Rica, país que ha aceptado recibirlo. Sin embargo, el Departamento de Justicia se niega a hacerlo, en lo que constituye otro acto de represalia.
En una audiencia celebrada el 12 de mayo en Maryland, la jueza Xinis ratificó nuevamente las órdenes que, por el momento, protegen a Ábrego García de deportación. El Departamento de Justicia presentó otra apelación incluso antes de que la jueza emitiera su fallo. Y dicen que apelarán la desestimación de la causa penal.
La valentía de Ábrego García, y el apoyo que ha logrado recabar, sientan un ejemplo para otros en todo el país.