Hace tres meses, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba realizó una sesión plenaria extraordinaria, convocada por Miguel Díaz-Canel, su primer secretario y presidente de la república. En esa reunión del 17 de junio se aprobó un amplio paquete político de 176 medidas que, en su conjunto, afectan prácticamente todos los aspectos de la economía del país, incluidas las relaciones de propiedad, la planificación centralizada de la economía y el monopolio estatal del comercio exterior.
Al día siguiente, una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional aprobó un informe del primer ministro Manuel Marrero dando inicio a la labor legislativa para implementar las medidas. Subrayando la importancia de estas, el informe de Marrero se publicó íntegramente en la edición del 21 de junio de Granma, el diario del Comité Central del partido.
Las medidas de gran alcance que están ahora siendo implementadas por la dirección cubana apuntan principalmente a reactivar la producción agrícola e industrial. El rendimiento de producción de los trabajadores en la ciudad y el campo se ha visto diezmado por los efectos acumulados del estrangulamiento económico ejercido por Washington durante décadas. Los gobernantes norteamericanos han actuado con creciente brutalidad y eficacia para privar al gobierno cubano el acceso al sistema bancario internacional; obstaculizar el comercio necesario para obtener materias primas, equipos y recursos energéticos no disponibles en Cuba; y toda posible fuente de divisas.
Como resultado, según las estadísticas del gobierno cubano, el equivalente de lo que los economistas capitalistas denominan producto interno bruto se contrajo un 11% entre 2019 y 2025. La producción manufacturera cayó un 23%, mientras que la agricultura, ganadería y minería sufrieron un desplome aún más drástico del 53%.
La población de la isla ha disminuido en casi 2 millones de personas desde 2022 debido a la emigración de un sector predominantemente joven y con un buen nivel educativo, principalmente hacia España y diversos países de América. Se han ido en busca de empleo, mejores condiciones de vida y un nivel de ingresos que les permita enviar dinero para ayudar a familiares que enfrentan una persistente inflación galopante.
Desde principios de 2026, la crisis, ya de por sí grave, ha sido cualitativamente agudizada por el bloqueo naval impuesto por Washington, que impide a cualquier barco no autorizado por el gobierno estadounidense atracar o zarpar desde Cuba. Esta acción imperial está diseñada para impedir que ni una gota de petróleo llegue al gobierno cubano. El resultado ha sido el colapso casi total de la red eléctrica en todo el país, provocando prolongados apagones que alcanzan las 20 horas diarias o más en la mayor parte de Cuba. Sin electricidad, no hay agua corriente; los teléfonos dejan de funcionar, las fábricas cierran, las cirugías para salvar vidas se vuelven demasiado arriesgadas y la mortalidad infantil aumenta.
El bloqueo naval —que los cubanos correctamente califican de acto de guerra, una guerra “silenciosa”— ha agudizado la escasez de medicamentos y suministros médicos vitales, artículos de aseo personal y otros productos básicos para el hogar, incluidos el pan, la carne y un sinfín de otros. Esto ha llevado a una parálisis casi total de todos los medios de transporte —autobuses, trenes, automóviles y camiones— incluso los que trasladan los alimentos del campo a la ciudad, donde la mayoría de los cubanos reside.
La gravedad de la crisis que hoy asfixia al pueblo trabajador cubano no tiene nada que ver con los errores o cálculos equivocados en que la dirección cubana haya podido incurrir en el pasado. Si ese fuera el origen de la crisis, los gobernantes norteamericanos no se sentirían impelidos a imponer un bloqueo naval y asfixiar económicamente al pueblo trabajador de la isla. Washington podría simplemente haber dejado que la crisis siguiera su curso. Pero las familias propietarias norteamericanas de ambos partidos imperialistas saben que las brutales sanciones económicas, comerciales y bancarias que han impuesto contra Cuba durante casi 70 años, por sí solas no dan ningún resultado.
En realidad, la crisis ha sido creada por la clase dominante norteamericana para alcanzar su objetivo: restablecer la dominación imperialista norteamericana sobre la isla y reanudar el saqueo de sus considerables recursos naturales y, ante todo, la extracción de ganancias de la explotación del trabajo del pueblo trabajador. En pocas palabras, restaurar la relación servil que fue bruscamente interrumpida por la acción revolucionaria de los trabajadores y campesinos cubanos en 1959, bajo el liderazgo de Fidel Castro.
Por sobre todo, la meta de la clase dominante capitalista estadounidense es acabar con el ejemplo que la revolución socialista de Cuba da a los pueblos explotados y oprimidos del mundo.
Resistir y superar
Las medidas que el gobierno cubano está implementando están diseñadas para permitirle al pueblo cubano no solo resistir, sino sobrevivir y superar esta nueva y feroz etapa de la cruzada que Washington lleva a cabo desde hace décadas.
La tarea —principalmente política, aunque económica en muchas de sus formas concretas— es para ganar tiempo para reagrupar y rearmar al pueblo trabajador cubano con la confianza revolucionaria que se ha visto erosionada. Reconociendo los límites de lo que puede lograrse y consolidarse bajo el impacto acumulativo de las condiciones actuales del bloqueo, la meta es preservar los valores de clase, la solidaridad y los logros sociales concretos de la revolución para retomar la construcción del socialismo cuando las condiciones lo permitan.
Existen voces, tanto dentro como fuera de Cuba, que proclaman que las medidas que se están aplicando ahora marcan el fin de la revolución socialista en la isla. Ellos y otros, sostienen que Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana, jamás habría aceptado el curso decidido hoy.
Sin embargo, la respuesta a tales acusaciones fue dada con efectividad por el propio Fidel durante las horas más oscuras de lo que en Cuba se conoce como el Período Especial en Tiempos de Paz, o simplemente el Período Especial: la crisis económica, social y política de principios de los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética.
Fue entonces cuando Castro, dirigiéndose a una audiencia cubana e internacional de miles de personas en La Habana en 1994, explicó y defendió los cambios económicos necesarios que se estaban llevando a cabo en aquel momento, incluidas las iniciativas para atraer capital extranjero.
“En las condiciones de la Cuba de hoy, sin capital, sin tecnología y sin mercados, no podríamos desarrollarnos, de ahí que todas las medidas, cambios y reformas que vamos haciendo, en un sentido y en otro, tienen el objetivo, como se afirmó en esta conferencia, de salvaguardar la independencia, la revolución —porque la revolución es la fuente de todo”, dijo Castro.
Porque salvaguardar los logros de la revolución, continuó Castro, “quiere decir preservar el socialismo o el derecho de seguir construyendo el socialismo cuando las circunstancias lo permitan”.
Las medidas económicas que se están adoptando actualmente en Cuba son más amplias que las que fueron necesarias para recuperarse del “desmerengamiento”, como llamó Castro al colapso de la Unión Soviética y de otros estados obreros deformados de Europa Central y Oriental en aquel entonces. Pero estas medidas especiales no son ni recién inventadas ni adoptadas contra la voluntad de la gran mayoría de los trabajadores cubanos.
Los elementos principales de estas disposiciones se presentaron y fueron debatidos ampliamente en todo el país en tres ocasiones distintas: en 2011, durante los preparativos para el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba; en 2015, cuando fueron actualizadas; y nuevamente en 2019. En esta última fecha fue cuando una nueva constitución, que incorporaba las bases para avanzar en esta dirección, fue aprobada por mayoría de votos en un referéndum nacional, tras meses de debate en asambleas vecinales y de fábrica, cooperativas agrícolas y encuentros organizados por la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones de masas.
La necesidad de abrir la economía cubana a la inversión extranjera para modernizar la red eléctrica, vías ferroviarias y otras infraestructuras básicas vitales en el transporte y la industria, ha sido reconocida y debatida durante años. Sin embargo, nunca se tomaron pasos decisivos en ese sentido. En parte, esto se debió supuestamente a la falta de consenso dentro de la dirección cubana sobre la necesidad de tales medidas.
Más importante aún, los acuerdos fracasaron porque los potenciales socios capitalistas exigían que los dejaran actuar como capitalistas, reclamando acuerdos legalmente vinculantes que iban más allá de lo que la mayoría de la dirección cubana estaba dispuesta a aceptar.
Entre dichas exigencias estaban el derecho a repatriar las ganancias en vez de reinvertirlas en Cuba, el derecho a controlar más del 50% de la propiedad de las empresas desarrolladas conjuntamente con socios estatales cubanos, y el derecho de propiedad de la tierra donde construyeran la infraestructura y los proyectos inmobiliarios.
Más importante aún, la insistencia de los potenciales inversores capitalistas a su “derecho” irrestricto a contratar y despedir a los trabajadores, y a negociar salarios, jornada laboral, intensidad del trabajo y otras condiciones de empleo directamente con “sus” trabajadores.
Los cambios de política que se están ejecutando hoy van más allá de cualquier consenso que haya existido en la dirección del país hasta la fecha. No obstante, las bases de muchas de estas medidas se sentaron durante el Período Especial, tal como explicó Castro en su discurso de 1994.
Las 176 medidas que están empezando a ser implementadas afectan todos los aspectos de la producción de bienes industriales y agrícolas, el transporte y la venta de productos y servicios, y las condiciones sociales de los trabajadores y sus familias, jóvenes y adultos.
Con el fin de fomentar la inversión del capital necesario en prácticamente todos los sectores de la economía —a excepción de la salud y la educación— las nuevas medidas ofrecen incentivos muy sustanciales a empresas capitalistas no cubanas, así como a cubanos residentes tanto en el extranjero como en la isla.
Atraer capital necesario
Las medidas:
- Eliminar el requisito vigente desde hace mucho tiempo de que el estado cubano sea el accionista mayoritario en las empresas mixtas con compañías extranjeras.
- Permitir la importación y exportación directa de productos, insumos y equipos por parte de organismos gubernamentales provinciales y municipales, empresas estatales, cooperativas agrícolas y negocios privados, reduciendo así el monopolio estatal del comercio exterior a ciertos productos de origen cubano.
- Autorizar a las empresas estatales la venta de acciones a inversores nacionales y extranjeros, así como a vender activos en desuso.
- Permitir que los inversores extranjeros repatríen las ganancias obtenidas en divisas convertibles, que establezcan los precios de sus productos y contraten directamente a sus empleados. Hasta ahora, el personal de las empresas mixtas era contratado a través de una agencia estatal, y los propietarios no cubanos no tenían poder directo de contratar o despedir a los trabajadores. Dichas normativas tenían como fin proteger a los empleados y a la clase trabajadora cubana en su conjunto, de las actividades irrestrictas de las corporaciones capitalistas que —al igual que todas las relaciones capitalistas— priorizan beneficios económicos sobre condiciones laborales y el medio ambiente.
Otras reformas permiten la expansión de las actividades del sector privado, incluyendo:
- Las empresas privadas podrán contratar a más empleados sobre el anterior límite de 100.
- Los particulares pueden ser dueños de más de solo un negocio.
- Las empresas estatales podrán determinar sus propias estructuras salariales y el tamaño de su plantilla.
- Los niveles salariales negociados con los trabajadores, con participación sindical, dependerán exclusivamente de la capacidad económica y financiera de las empresas y de la fuerza organizada de sus empleados.
- La expansión autorizada de empresas de propiedad y gestión privadas en Cuba se remonta a unos 20 años atrás. El gobierno las ha permitido e incluso fomentado como una forma de reducir las hinchadas plantillas de las empresas estatales y entidades gubernamentales, así como para satisfacer la demanda de ciertos bienes y servicios que el estado no podía suministrar en cantidades suficientes.
Como resultado, actualmente existen en Cuba unas 13 mil micro, pequeñas y medianas empresas de propiedad privada que ofrecen una amplia variedad de productos y servicios, tales como alimentación, servicios de peluquería, cuidado infantil, construcción a pequeña escala, reparación de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, o clases de idiomas extranjeros, entre otros. Alrededor de 1.6 millones de cubanos —de una fuerza laboral total de 4 millones— trabajan por cuenta propia o para negocios privados.
Si bien las leyes de salario mínimo y otras protecciones laborales se reafirman en el marco de las nuevas medidas, los cambios en las empresas estatales, privadas y de propiedad mixta plantean nuevos desafíos para los sindicatos a la hora de defender salarios, condiciones laborales y protecciones sociales tanto de los trabajadores activos como de los jubilados.
Todos estos fueron temas centrales debatidos en junio durante el congreso de la federación sindical nacional, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y en los debates previos a la aprobación de un nuevo código laboral en julio. Dicho código reconoce formalmente las nuevas fuentes de empleo en negocios privados y los derechos de los trabajadores en todo tipo de empresas.
“Soluciones desde la base”
La crisis en la agricultura nacional —principal fuente de alimentos para el pueblo cubano— se ha visto cruelmente agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington.
La falta de combustible necesario para operar maquinaria agrícola, transportar los productos a los mercados y controlar la temperatura en los almacenes, ha provocado pérdida de cosechas en los campos y centros de acopio. A esto se suman las sanciones económicas impuestas por Washington que durante décadas han paralizado la adquisición de insumos vitales como fertilizantes, semillas y equipos. El marcado descenso de la población rural es motivo de gran preocupación para la dirección cubana.
En una reunión celebrada el 10 de julio funcionarios del ministerio de agricultura discutieron con miembros de cooperativas agrícolas de la provincia de La Habana y dirigentes locales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), las medidas propuestas para incrementar la producción de alimentos.
Un aspecto clave de este esfuerzo es la eliminación de normativas y trabas burocráticas que han retrasado la entrega de tierras ociosas pertenecientes a empresas estatales a personas que desean iniciarse en la agricultura, y a agricultores y cooperativas que buscan ampliar sus operaciones.
Toda la tierra en Cuba es propiedad del estado. Fue nacionalizada durante los primeros años de la revolución socialista cubana en los 60 con el fin de impedir que los terratenientes de las grandes haciendas explotaran y desalojaran a agricultores arrendatarios agobiados por altos alquileres o deudas.
Ningún agricultor privado en Cuba puede perder su tierra mientras él o alguno de sus herederos continúe trabajándola. Es una de las conquistas fundamentales de la revolución que hoy sella la alianza obrero-campesina sobre la cual se sustenta la Revolución Cubana.
Sin embargo, las nuevas solicitudes de tierras para la agricultura han estado sujetas a grandes retrasos debido a los interminables trámites para obtener múltiples niveles de aprobación desde el ministerio de agricultura hasta autoridades locales, y a las estrictas limitaciones sobre cómo utilizar la tierra y qué productos cultivar. Algunas de las tierras concedidas nunca fueron cultivadas por los usufructuarios o terminaron siendo utilizadas para otros fines.
Bajo las nuevas medidas, la tierra será concedida por tiempo indefinido y podrá pasarse a un heredero que desee continuar cultivándola. Las medidas también aumentan el área de terreno permitido para construcción de viviendas, almacenes y otras infraestructuras. Anteriormente las tierras eran entregadas por períodos de entre 10 y 25 años, había poco incentivo para mejora del terreno y no se permitía construir estructuras permanentes, incluso viviendas.
“La solución de la tenencia de la tierra —la legalidad y la explotación de la tierra— no estaba en mano del [ministerio de] agricultura ni de una empresa”, explicó Gaspar Palermo, presidente de la Cooperativa Roberto Negrín en el municipio de La Lisa, a los funcionarios cubanos en la reunión del 10 de julio. La solución reside en “una fuerza que controle desde la base”, afirmó.
“Al darnos la facilidad de que nosotros seamos decisores a la hora de entregar una tierra a la mejor opción, eso ayuda y quita una cantidad de problemas”, señaló Palermo. “La cooperativa sabe cuál es su mejor productor. Sabe a quién se le debe retirar la tierra por los acuerdos” establecidos, por no utilizarla conforme a la ley.
Para mitigar las devastadoras consecuencias del bloqueo petrolero y otras sanciones impuestas por Washington, ahora se permitirá a los agricultores y a las cooperativas la importación directa de combustible, fertilizantes y otros insumos sin tener que pasar por agencias estatales.
Estas y otras medidas para aumentar la producción de alimentos son fundamentales frente al drástico aumento de los precios y de las sanciones norteamericanas que bloquean el acceso a divisas utilizadas por el gobierno para subsidiar algunos productos alimenticios básicos.
La mayoría de los cubanos considera que las 176 medidas son, en su conjunto, necesarias dadas las circunstancias actuales y entiende que la principal causa de las dificultades del país es el imperialismo norteamericano. Muchos ven las medidas como una oportunidad para estimular las iniciativas de trabajadores y agricultores a fin de enfrentar las brutales consecuencias de las sanciones punitivas de Washington.
Al mismo tiempo, existe un amplio reconocimiento y temor de que una mayor introducción de las relaciones de mercado inevitablemente aumente la diferenciación de clases y las desigualdades, socavando la solidaridad social.
El camino a seguir
La fuente de las extremas dificultades de Cuba y el principal obstáculo para su desarrollo económico y social es el empeño de los gobernantes norteamericanos —con el apoyo de otros gobiernos imperialistas— por derrocar la revolución socialista cubana.
La respuesta de Washington a los recientes pasos tomados por el pueblo cubano para defender la independencia y soberanía de su estado ha sido, como era de esperar, imponer más y más sanciones, y sanciones secundarias contra cualquier banco, país o entidad en cualquier lugar del mundo que comercie con Cuba.
Con su característico sentido del humor, el pueblo trabajador cubano trata los anuncios casi semanales del secretario de estado Marco Rubio de nuevas adiciones a la creciente lista de personas y entidades sancionadas por Washington “para ayudar al pueblo cubano”, como una broma cínica.
Al mismo tiempo, hay algo que tanto el pueblo trabajador de Cuba como los trabajadores con conciencia de clase y de mentalidad revolucionaria en Estados Unidos y el resto del mundo comprenden perfectamente: sabemos que solo cuando se derrote el cerco imperialista contra el pueblo cubano podrán volver a centrarse en la construcción del socialismo.
El mayor obstáculo que enfrentan hoy los trabajadores cubanos y su revolución socialista no es el poderío económico y militar del imperialismo estadounidense. Es la realidad histórica de que Cuba, a pesar del prestigio que goza entre millones de trabajadores de todo el mundo, permanece sola como estado obrero rodeado de estados capitalistas en un mundo imperialista. No ha habido revoluciones socialistas victoriosas en casi siete décadas. Ningún nuevo ejemplo de lo que la clase trabajadora y sus aliados son capaces cuando cuentan con el liderazgo que merecen.
La ilusión de que un grupo de clases dominantes capitalistas del “sur global” pueda de alguna manera ofrecer protección frente a los ataques de las principales potencias imperialistas, queda brutalmente desenmascarada a diario.
Como bien sabían Lenin y otros dirigentes de la Revolución Rusa de octubre de 1917, el “socialismo en un solo país”, incluso en uno tan extenso y rico en recursos como Rusia, es un término que se desdice a sí mismo. Un aislado enclave socialista en un mundo capitalista debe ser reforzado por otras victorias revolucionarias, o un repliegue es inevitable.
Como explicó Fidel, es por eso que la defensa de la independencia y soberanía del único estado obrero del mundo —y la emulación del ejemplo de internacionalismo proletario que ha dado su pueblo trabajador— es y ha sido, durante las últimas siete décadas, nuestra tarea fundamental.
No preguntamos dónde ni cuándo terminará la batalla.
Ocupamos nuestro puesto juntos en las trincheras.