El juez federal Fernando Rodríguez Jr. bloqueó el 1 de mayo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 utilizada por el presidente Donald Trump para detener y deportar a personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua, una banda criminal de Venezuela.
Los ciudadanos de otro país, independientemente de su estatus migratorio en Estados Unidos, pueden ser “detenidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros” por orden presidencial, dice la ley, cuando provienen de un país con el que Estados Unidos está en guerra o desde el cual se “intenta o amenaza” una invasión.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha aplicado en tres ocasiones desde su promulgación. La primera fue durante la Guerra de 1812, cuando la administración del presidente James Madison se enfrentó a los británicos, que pretendían apoderarse de Canadá. Las otras veces fue utilizada por los presidentes demócratas Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt durante la primera y la segunda guerras mundiales imperialistas.
Trump invocó la ley el 15 de marzo, alegando que miembros de la pandilla venezolana habían invadido Estados Unidos para llevar a cabo una “guerra irregular” en colaboración con el gobierno y el ejército de Venezuela. La ley anula los derechos constitucionales al debido proceso de cualquier persona a la que se aplique. En pocos días, más de 250 personas habían sido detenidas y deportadas a El Salvador.
La administración Trump tiene un acuerdo con el gobierno de ese país para encarcelar indefinidamente a los venezolanos deportados en la infame prisión CECOT, solo para hombres. En su apuro, el Departamento de Seguridad Nacional deportó a ocho mujeres, quienes tuvieron que ser devueltas. Entre los encarcelados se encontraban dos decenas de salvadoreños, entre ellos Kilmar Abrego García.
Tres ciudadanos venezolanos que se encontraban en el Centro de Detención El Valle en Texas impugnaron la orden de deportación por violar su derecho al debido proceso bajo la Quinta Enmienda de la Constitución.
El juez Rodríguez estuvo de acuerdo con la demanda y dictaminó que el uso de la ley por parte de la administración “excede el alcance del estatuto”.
Sin embargo, no impugnó la ley misma, señalando un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1950 que ratificó la Ley de Enemigos Extranjeros. “El poder ejecutivo sobre los extranjeros enemigos, sin demoras ni obstáculos litigiosos, se ha considerado, a lo largo de nuestra historia, esencial para la seguridad en tiempos de Guerra”, afirmó el alto tribunal.
La ley forma parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, destinada a restringir las libertades constitucionales tras la Revolución Norteamericana. Al igual que la Ley de Espionaje, otorga a Washington el poder de anular las protecciones en nombre de salvaguardar la “seguridad nacional”, que en realidad son los intereses nacionales de la clase capitalista estadounidense.
El presidente Woodrow Wilson invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en abril de 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Ordenó a todas las personas de ascendencia alemana a registrarse con el gobierno, les prohibió poseer armas y radios, e impuso restricciones sobre donde podían vivir, trabajar o viajar. Estas medidas no se basaban en pruebas de actos delictivos, sino exclusivamente en la nacionalidad de los individuos. Unas 6,300 personas de ascendencia alemana fueron internadas en campos bajo control militar.
Campos de concentración
El uso más extendido de la Ley de Enemigos Extranjeros comenzó tras la entrada de Washington en la Segunda Guerra Mundial. El presidente demócrata Franklin Roosevelt la invocó para acorralar e internar a unas 112 mil personas de ascendencia japonesa en campos de concentración sin ningún juicio. Sus bienes fueron confiscados. Otros 10 mil alemanes y unos 3 mil italianos también fueron internados.
La mayoría de los comentaristas liberales aplaudieron la decisión del gobierno de dejar de lado las protecciones constitucionales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aprobó la acción de Roosevelt, si bien argumentó que algunas de sus directivas eran excesivas. Para su vergüenza, el Partido Comunista de Estados Unidos respaldó la redada de estadounidenses de origen japonés, suspendió a sus miembros japoneses, los instó a entregarse y denunció a los llamados quintacolumnistas japoneses. Esto fue parte integral del curso del PC de presionar a los trabajadores para que subordinaran sus intereses de clase a los esfuerzos bélicos imperialistas de los gobernantes estadounidenses.
En marcado contraste, el Partido Socialista de los Trabajadores hizo campaña contra el ataque de Roosevelt a las protecciones constitucionales y sus campos de concentración. Las acciones de Washington eran “una medida represiva, basada puramente en la discriminación racial”, dijo el Militante el 30 de mayo de 1942, obligando a los japoneses americanos a vivir “prácticamente como prisioneros de guerra de su propio gobierno”.
Esta negativa de los liberales y estalinistas a oponerse al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por los gobernantes capitalistas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial ayudó a allanar el camino para su imposición actual. La ley, y su uso por Trump, es un duro recordatorio de cómo los gobernantes estadounidenses usarán su poder estatal contra los trabajadores, especialmente cuando se preparan para la guerra.