MONTREAL — Las cuatro principales federaciones sindicales de Quebec y otros cinco sindicatos se están organizando para reunir a miles de sindicalistas en una manifestación en Montreal el 29 de noviembre. Protestan contra una serie de leyes que ya han sido adoptadas o están siendo propuestas por el gobierno de Quebec, que atentan contra los derechos sindicales y las libertades políticas. Los contingentes se congregarán en Canada Place, en el centro de Montreal, y marcharán a la oficina de Francois Legault, primer ministro de Quebec.
“Estamos en guerra. Esta es la lucha de nuestras vidas”, dijo Magali Picard, presidenta de la Federación Sindical de Quebec (QFL), ante los delegados de la convención anual del sindicato de trabajadores del acero USW el 20 de noviembre. La QFL, la federación más grande de Quebec, aprovechará su propia convención del 24 al 27 de noviembre en la ciudad de Quebec, para movilizar a sus miembros para la marcha y mitin.
La manifestación refleja el descontento generalizado en la clase trabajadora con el gobierno de la Coalición por el Futuro de Quebec (CAQ). Los trabajadores están enfrentando una creciente crisis social, económica, política y moral del sistema capitalista mundial. La respuesta del gobierno es atacar los derechos sindicales y el derecho a huelga.
La protesta también está atrayendo a algunos profesionales de clase media. Esto se refleja en la decisión sin precedentes de la organización de médicos de familia de Quebec de sumarse a la acción sindical. Más de 13 mil médicos de Quebec y sus partidarios se manifestaron recientemente en el Centro Bell de Montreal para protestar contra el Proyecto de Ley 2, impulsado por la CAQ y aprobado por la Asamblea Nacional de Quebec sin debate alguno. Este proyecto de ley puso fin a las negociaciones entre los médicos y el gobierno sobre aceleración del ritmo de trabajo, salarios y otros ataques. Los médicos afirman que la imposición del Proyecto de Ley 2 agravará la crisis del sistema de salud canadiense.
La acción de masas tendrá lugar un día antes de la entrada en vigor de la Ley 14; una ley antisindical aprobada en abril. Esta ley otorga al gobierno la facultad de declarar ilegal cualquier huelga y forzar a los trabajadores a someterse a un arbitraje obligatorio. Legault afirma haberse inspirado en las leyes federales utilizadas recientemente por Ottawa para poner fin a las huelgas de miles de trabajadores ferroviarios, postales y portuarios.
Los auxiliares de vuelo de Air Canada dieron un ejemplo a todos los trabajadores al desafiar la orden de volver al trabajo.
El Proyecto de Ley 3, al que los manifestantes también se oponen, restringiría el uso de cuotas sindicales para financiar lo que el gobierno denomina “acción política”, como la protesta del 29 de noviembre. Establece que los sindicatos solo pueden utilizar las cuotas para asuntos relacionados con la negociación y los contratos, a menos que los miembros lo autoricen mediante una votación realizada bajo estricta supervisión del gobierno.
Los sindicatos también estarán obligados a someterse a una auditoría financiera anual por parte del gobierno y a cumplir con quórums mínimos obligatorios para las votaciones en las reuniones sindicales, además de otras intervenciones en asuntos internos del sindicato.
Esta ley contradice un fallo de la Corte Suprema de Canadá que establece el derecho de los sindicatos a utilizar las cuotas sindicales para financiar “actividad política” como mejor les parezca. La corte también dictaminó que el derecho de huelga está protegido por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
El Proyecto de Ley 3 “es una ley antiobrera, antisindical y proempresarial diseñada para debilitar a los sindicatos. Nos mantendremos firmes y lucharemos contra esta ley de injerencia y control político”, declaró el sindicato de trabajadores siderúrgicos.
También están propuestos los proyectos de Ley 1 y 94, que buscan debilitar a los sindicatos dividiendo a los trabajadores por nacionalidad y religión en nombre de la “secularización” de la sociedad quebequense. También priorizan el uso del francés, prohibiendo el uso de otros idiomas en el trabajo, incluso en conversaciones informales.
Estas medidas violan libertades políticas supuestamente protegidas por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. También prohíben a muchos funcionarios públicos usar cualquier prenda asociada a su religión, como el hiyab musulmán, la kipá judía o los turbantes sij.
Las propuestas forman “parte de una serie de acciones gubernamentales destinadas a fortalecer los poderes del gobierno”, dijo la Liga por los Derechos y las Libertades. “Son una amenaza para la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos”.
“La manifestación del 29 de noviembre es crucial para la defensa de nuestros sindicatos y su capacidad de movilizar el poder de la clase trabajadora”, dijo Katy LeRougetel, candidata de la Liga Comunista a la alcaldía de Montreal en las recientes elecciones. “Recalca la necesidad de que los trabajadores rompamos con los partidos patronales y tomemos el poder político en nuestras propias manos. ¡Todos a la calle el 29 de noviembre!”