A pesar de la brutal represión desencadenada contra manifestantes pacíficos en todo el país, la junta militar en Myanmar ha fracasado hasta ahora en sus intentos de sofocar el movimiento masivo contra su captura del poder el 1 de febrero. Hasta el 17 de marzo, la policía y las tropas del ejército habían matado a más de 217 personas, herido a cientos y encarcelado a más de 2,100.
El 14 de marzo, el día más sangriento desde el golpe de estado, 71 manifestantes fueron muertos, incluyendo 39 en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar. Pero decenas de miles siguen acudiendo a las protestas en todo el país.
La policía y los soldados han atacado repetidamente a los manifestantes en los barrios obreros e industriales de Yangon, donde se encuentran grandes fábricas de ropa y otros productos. Los sindicatos han estado luchando por mejores salarios y condiciones laborales durante años.
“No están dispersando las protestas. Simplemente están asesinando a la gente”, dijo un manifestante en Hlaing Thar Yar a Irrawaddy, un sitio de noticias con sede en Yangon que respalda el Movimiento de Desobediencia Civil.
El general Min Aung Hlaing reimpuso el dominio militar directo el 1 de febrero, pocos días antes de que se reuniera el nuevo parlamento tras las elecciones de noviembre de 2020 en las que ganó abrumadoramente Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia.
El 8 de marzo, 18 sindicatos, federaciones sindicales y asociaciones de trabajadores agrícolas y de agricultores iniciaron una huelga general con el fin de derrocar al régimen. Los ataques del gobierno a los medios de comunicación y los frecuentes cierres del Internet y del servicio telefónico celular han hecho difícil poder medir la amplitud e impacto de la huelga.
Pero una indicación, según el sitio web Frontier Myanmar, es que las huelgas de camioneros, trabajadores portuarios, agentes de aduanas y personal de otras agencias gubernamentales han detenido el comercio marítimo en el puerto de Yangon.
En un intento por romper la huelga en los ferrocarriles, la policía y los soldados desalojaron a mil familias de viviendas propiedad del gobierno para trabajadores ferroviarios en Yangon el 10 de marzo. Los soldados dijeron a los trabajadores que sus casas serían demolidas y sus familias abatidas si se negaban a irse.
Ley marcial en seis municipios
Varios ataques incendiarios realizados por personas desconocidas contra decenas de fábricas de ropa en Yangon el 14 de marzo asestaron un golpe a la huelga de obreros de la confección y a otras en todo el país.
Los ataques proporcionaron a la junta un pretexto para declarar la ley marcial en seis de los 33 municipios de Yangon. Esto incluye juicios ante tribunales militares y la amenaza de la pena de muerte por cualquiera de 23 cargos, incluida la difusión de “noticias falsas” o el vínculo a asociaciones “ilegales”.
Los ataques supuestamente estaban dirigidos contra propietarios chinos, debido al apoyo que Beijing ha venido prestando a los militares desde hace mucho tiempo. Si bien la mayoría de las fábricas atacadas tenían vínculos con Beijing, al menos una era propiedad de una empresa taiwanesa y dos de un minorista japonés. Algunos empleados de las empresas resultaron heridos en los ataques.
Beijing es el mayor proveedor de armas para Myanmar y tiene numerosas empresas mixtas con negocios propiedad de los militares. El gobierno chino ha exigido que la junta proteja las fábricas que son propiedad de Beijing, pero se ha negado a condenar el golpe, calificándolo de “asunto interno” de Myanmar.
Antes del golpe, Beijing tenía relaciones amistosas tanto con el alto mando del ejército como con la Liga Nacional para la Democracia, el partido burgués que Suu Kyi ayudó a fundar. A Beijing le importa poco quién está en el gobierno de Myanmar, siempre que respalden los intereses económicos y políticos de los gobernantes chinos.
Al apuntar contra las empresas “chinas”, los ataques incendiarios también son una amenaza para la unidad entre las 135 minorías étnicas de Myanmar y para el movimiento de protesta. Las divisiones entre la mayoría predominantemente budista de etnia Bamar —casi el 70 por ciento de la población— y decenas de minorías étnicas, incluyendo los shan, karen, rakhine, rohingya, kachin, chin y chinos, son un legado del dominio colonial británico.
En una manifestación de 500 personas en solidaridad con la lucha contra el golpe militar el 13 de marzo en Nueva York, este reportero habló con Win Naing, quien es de la minoría étnica china en Myanmar.
“Algunas personas en Myanmar dijeron que a los chinos no les importa, pero somos parte del pueblo birmano”, dijo. Después de que Kyal Sin, una joven de etnia china, fuera asesinada a tiros en una protesta el 3 de marzo en Mandalay, “más gente pudo ver que los de etnia china son parte de la lucha contra el golpe militar”.
Linn Lunn HlaMyaing dijo al Militante que él es de la mayoría étnica Bamar en Myanmar. “Les digo a todos que no importa cuál sea tu raza, color o religión, somos humanos y tenemos que estar unidos contra la dictadura militar”.
La clase trabajadora de Myanmar ha crecido de manera explosiva durante la última década, a medida que ha crecido la inversión extranjera. Solo en la industria de la confección, el número de trabajadores aumentó de 340 mil en 2018 a aproximadamente 700 mil en 2020, en su mayoría mujeres. Junto con empresas basadas en China, otras con sede en Singapur, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, también están aprovechando los bajos salarios en Myanmar.
Estas fábricas reúnen a trabajadores de todas las nacionalidades provenientes de áreas rurales atraídos por los empleos.