El debate sobre la política de inmigración de los gobernantes estadounidenses regresó a primera plana después que el fiscal general Jeff Sessions anunciara el 7 de mayo la implementación de una política de “tolerancia cero” a la inmigración “ilegal”. Los indocumentados no solo podrían ser deportados, sino también detenidos, enjuiciados y condenados a prisión aún por delitos menores como la “entrada ilegal” por primera vez. Como resultado, la policía de inmigración puso a niños en refugios después de separarlos de sus padres, quienes fueron arrestados para enfrentar cargos penales.
Administraciones anteriores también separaron a los padres que enfrentaban cargos criminales bajo la ley de inmigración. Pero los enjuiciamientos por delitos menores —y por lo tanto el número de separaciones— fueron mucho menores.
El Partido Socialista de los Trabajadores exige: ¡Amnistía para todos los inmigrantes en Estados Unidos! ¡No a las deportaciones! ¡No a las redadas!
Para el 15 de junio, unos 1 995 niños habían sido separados de sus padres y colocados en instalaciones a través del país.
Algunos liberales y la izquierda utilizaron la atención en el tema para impulsar su campaña para derrocar a Trump a toda costa. La congresista liberal de California, Maxine Waters, instó a las personas a tomar medidas contra los representantes de la administración, diciendo que todos deberían “hostigarlos” en donde sea que se encuentren.
Algunos directores de medios liberales publicaron imágenes de niños encerrados en celdas que parecen jaulas.
Pero algunas de las imágenes más espantosas que publicaron eran de detenciones de menores sin acompañantes durante la administración de Obama tomadas en 2014. Estas imágenes subrayan la continuidad de la política de inmigración de los gobernantes norteamericanos.
El presidente Trump puso fin a esta política el 20 de junio. Él había alegado que estaba en contra de las separaciones, pero quería que el Congreso votara por una política migratoria general, incluidos los fondos para un muro en la frontera con México.
Pero la obsesiva cruzada dirigida por los liberales que presenta a Trump como alguien especialmente perverso y se enfoca solamente en los niños deja fuera del debate a los 11 millones de inmigrantes que no tienen documentos de trabajo “adecuados” y que viven a diario bajo la posibilidad de ser deportados. No se mencionan en los llamados proyectos de ley de reforma migratoria actualmente ante el Congreso ni tampoco los mencionan los que dicen abogar por los inmigrantes.
Ni la administración actual, ni las anteriores, tienen la intención de deportar a todos excepto una pequeña minoría de inmigrantes sin documentos “apropiados”. Lejos de querer deshacerse de ellos, los capitalistas estadounidenses dependen de la mano de obra indocumentada para competir contra sus rivales.
Bajo el impacto del repunte en la producción, comercio y contratación en Estados Unidos y México, y mayores restricciones en la frontera entre ambos países, muchos patrones en Estados Unidos enfrentan una escasez de mano de obra. Para compensar por la disminución, más de 200 mil visas de “trabajador huésped” H2-A, fueron extendidas en 2017. Un aumento del 159 por ciento de los 77 mil en 2011.
Los llamados trabajadores huéspedes tienen menos derechos que los trabajadores nacidos en Estados Unidos. Si son despedidos o renuncian, pueden ser deportados. Los patrones están presionando al gobierno para que otorgue más de estas visas.
Pero aún así necesitan millones de trabajadores indocumentados.
El objetivo de los gobernantes es infundir miedo en estos trabajadores y enfrentar a los trabajadores nacidos en el extranjero con los nacidos en Estados Unidos. Buscan mantener una fuente de mano de obra barata, usarla para reducir los salarios de todos los trabajadores, tratar de dividir a la clase trabajadora y socavar su capacidad para organizar a los no sindicalizados y para luchar contra la explotación capitalista. Es por eso que exigir la amnistía para los 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos y el cese inmediato de las deportaciones es una cuestión de vida o muerte para la clase trabajadora y nuestros sindicatos.
La lucha por la amnistía se ha ganado antes. En 1986, el presidente Ronald Reagan y el Congreso aprobaron una ley que otorgaba la amnistía a los trabajadores indocumentados que ingresaron al país antes de 1982. Casi 3 millones de personas la obtuvieron.
Pero muchos cónyuges e hijos de inmigrantes que llenaban los requisitos fueron excluidos, lo que provocó protestas. En 1990 el presidente George H.W. Bush aprobó una ley que cubría a los que estaban en esta situación y otorgó amnistía a otros 1.5 millones.
En 2006, millones de trabajadores inmigrantes salieron a las calles para protestar contra una ley que convertiría en delito grave el estar en Estados Unidos sin una visa. Llevaban pancartas que decían “Somos trabajadores, no criminales”, y exigían amnistía. El 1 de mayo más de un millón se declararon en huelga, cerrando cientos de fábricas y negocios en todo el país.
Estas acciones no solo forzaron la derrota del proyecto de ley, sino que ganaron el respeto de otros trabajadores. Después del 1 de mayo, un creciente número de redadas de inmigración provocaron protestas. Los trabajadores nacidos en Estados Unidos frecuentemente ayudaban a sus compañeros de trabajo a esconderse o escapar. El presidente George W. Bush suspendió las redadas a mediados de 2008.
Hoy hay menos prejuicios contra los trabajadores inmigrantes. Los trabajadores inmigrantes y nativos trabajan y viven lado a lado por todo el país.
El cambio de actitudes entre los trabajadores puede verse en la respuesta a una redada el 5 de abril en la planta procesadora de carne Southeastern Provision en Bean Station, Tennessee.
En 2016, alrededor del 77 por ciento del condado donde esta la planta votó por Trump. Después de la redada, los residentes de Morristown, el pueblo aledaño, recaudaron 60 mil dólares para ayudar a las familias de los detenidos. Varios residentes nacidos en Estados Unidos se unieron a una marcha el 12 de abril en la que los participantes portaban pancartas que decían: “Las familias tienen que estar juntas”, “No más deportaciones” y “Los inmigrantes hacen grande a América”.
Una batalla por la amnistía sostenida que cuente con el apoyo del movimiento laboral encontraría una respuesta poderosa.