La aprobación por la Knesset de la ley del “estado-nación del pueblo judío” el 19 de julio, es un revés para los trabajadores en Israel cualquiera que sea su nacionalidad y para la lucha por el reconocimiento de Israel y de un estado palestino independiente. La ley fue aprobada por un voto de 62 contra 55.
La nueva ley, promovida por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sostiene que “el derecho a ejercer la autodeterminación nacional en el estado de Israel solo se aplica al pueblo judío”. Los que se oponen a la ley manifiestan que esto contradice otras leyes fundamentales de Israel que actúan como una constitución, y de la Declaración de Independencia de 1948, que establece que Israel “garantizará la igualdad absoluta de los derechos sociales y políticos a todos su habitantes independientemente de religión, raza, o sexo”.
Ciento de miles de árabes fueron expulsados de sus tierras como parte de la creación de Israel después de la segunda guerra mundial imperialista. Israel fue establecido después de que el holocausto nazi exterminara a 6 millones de judíos. La matanza fue facilitada por los gobernantes capitalistas de Estados Unidos y Gran Bretaña, al negarse ambos antes y después de la guerra a admitir a los judíos que intentaban huir y llegar a sus costas.
Los árabes que permanecieron dentro de las fronteras del nuevo estado han podido usar estas leyes y la declaración de independencia para combatir la discriminación en el empleo, la vivienda y los servicios públicos, y para luchar por derechos políticos y democráticos.
Actualmente, el 21 por ciento de la población de Israel de cerca de 9 millones de personas son árabes, incluyendo los ciudadanos palestinos de Israel, los beduinos y drusos.
La nueva ley también degrada el idioma árabe —que durante 70 años ha sido uno de los idiomas oficiales de Israel— a un “estatus especial”, aunque a la vez alega que esto “no daña” su uso.
Establece que el gobierno “fomentará y promoverá” lo que llama “el desarrollo de asentamientos judíos”. Esto es visto como una luz verde para la prohibición de la compra o alquiler de viviendas en pueblos judíos por parte de árabes y otros ciudadanos no judíos de Israel.
La ley reafirma a Jerusalén “en su totalidad e indivisa” como la capital de Israel.
A pesar de la afirmación de Netanyahu de que la ley es necesaria para garantizar la existencia de Israel como una patria judía, Israel ha sido desde el comienzo un lugar de refugio de los judíos de todo el mundo que enfrentan discriminación o victimización, y esto ya está codificado en leyes.
“¿Necesitábamos realmente una ley que establezca lo obvio y que también erosione más para las minorías de Israel todo sentido de pertenecer al país?”, pregunta un editorial del Jerusalem Post el 25 de julio.
La nueva ley ‘nos divide’
Miles de ciudadanos judíos y árabes protestaron en Tel Aviv el 14 de julio tras una pancarta que decía “Esta es la tierra de todos nosotros”. Las 20 organizaciones que auspiciaron el acto dijeron que “la ley incita, confunde y divide a los ciudadanos del estado de Israel”.
Miembros de la coalición gubernamental de Netanyahu, incluyendo al ministro de economía Moshe Kahlon, se opusieron a la ley. Benny Begin, un destacado miembro del gobernante Partido Likud de Netanyahu, se abstuvo.
“No tenemos ningún problema con el pueblo judío ni con que el estado de Israel es el hogar del pueblo judío, pero, ¿y que pasa con nosotros?”, preguntó Akram Hasson, parlamentario de la Knesset, druso, y cuyo partido, el Partido Kulanu, es parte de la coalición gubernamental.
Aunque ha ignorado a otros críticos de la ley, a Netanyahu le preocupa la oposición drusa. Aunque solo constituyen el 2 por ciento de la población de Israel, los drusos, que hablan árabe, han sido un componente importante del ejército israelí desde su fundación.
Muchos drusos, que creen que merecen una consideración especial por su papel en el ejército, están furiosos. “Cuando vestimos uniforme nos tratan bien”, señaló a Haaretz el veterano del ejército Hisham Asad. “Cuando salimos somos árabes sucios”.
Netanyahu se reunió con dirigentes de la comunidad drusa después del voto para escuchar sus objeciones y “dar expresión a nuestra asociación especial”, dijo. Pero hasta ahora se niega a considerar enmendar la ley.
Decenas de ex comisionados de policía, jefes del estado mayor y oficiales de alto rango jubilados de las Fuerzas de Defensa de Israel, han firmado cartas dirigidas al gabinete exigiendo que enmienden la ley para que incluya a los drusos.
Miles se concentraron en la plaza Habima de Tel Aviv el 30 de julio para protestar contra la ley. “Creo que no se puede tener una nación-estado democrática que no trate a las minorías como iguales”, dijo a Haaretz Chai Margolis.