En medio de una crisis económica que está devastando las condiciones de vida de los trabajadores y agricultores, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el 25 de julio medidas para otorgar más concesiones a los propietarios capitalistas. Él busca su ayuda para contener el colapso de la producción, atraer la inversión extranjera, renegociar la deuda externa y suprimir la inflación descontrolada.
Las nuevas medidas incluyen la exoneración de impuestos por un año a las importaciones de mercancías, maquinaria, materias primas, semillas y fertilizantes; relajar el sistema cambiario para darle a empresarios más acceso a dólares; y fomentar el uso del dólar dentro del país.
Además, Maduro dijo que pondrá nuevos billetes en circulación que eliminan cinco ceros de del bolívar actual. La nueva moneda, dijo, estaría vinculada al Petro —una “criptomoneda” lanzada a principios de este año— supuestamente respaldada por las ventas de petróleo, la cuales han estado declinando.
La crisis económica de media década se ha visto exacerbada por la hostilidad e interferencia de Washington. El gobierno norteamericano ha endurecido las sanciones económicas contra funcionarios e instituciones gubernamentales venezolanos y ha tomado otras medidas para aislar y presionar al gobierno.
Un juez federal de Estados Unidos falló el 9 de agosto a favor de la compañía minera de oro canadiense Crystallex y dijo que puede cobrar 1 400 millones de dólares que dice haber perdido cuando el fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó la empresa minera de oro en 2009. Esto podría permitirle a Crystallex tomar control y vender refinerías de petróleo con sede en Estados Unidos que son propiedad de Citgo, la cual forma parte de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA.
El fallo del tribunal abre la puerta para que otros acreedores capitalistas cobren los bonos que Venezuela no ha pagado en el último año.
Los precios se están disparando, más del doble cada mes, según algunos informes. La escasez de alimentos y otras necesidades básicas y el colapso de la infraestructura ha hecho insoportable la vida para los trabajadores. Los trabajadores a menudo gastan todo su salario en comida inmediatamente después de recibir el pago para abastecerse antes de que suban los precios.
El salario mínimo actual, el cual se incrementó en junio a 5 millones de bolívares al mes —equivalentes a 1.29 ó 25 dólares según el tipo de cambio que se use— apenas alcanza para comprar dos libras de carne, un pollo o un paquete de 30 huevos.
Los cortes de electricidad y de agua son frecuentes, los autobuses a menudo no funcionan y los medicamentos son escasos. Muchas fábricas han dejado de operar debido a la falta de materias primas. Estas condiciones han provocado protestas en todo el país.
“Me sale más lucrativo vender empanadas que venir a hacer mi trabajo de enfermera”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, durante una protesta el 6 de julio para exigir salarios más altos. “Una empanada cuesta 500 mil bolívares. Mi quincena son 600 mil”, agregó.
El deterioro de las condiciones ha provocado el éxodo de cientos de miles de venezolanos, en su mayoría capas de clase media y profesionales, en los últimos años. Pero miles de trabajadores— desesperados por proveer sustento para sus familias— han engrosado esos números, rumbo a Colombia, Perú, Ecuador y otros países aledaños.
Se profundiza la crisis
Venezuela es un país capitalista, en el que el gobierno intenta administrar las relaciones económicas capitalistas “en beneficio de todos los venezolanos” con “inclinación hacia los pobres”. Ese fue el objetivo declarado de la “Revolución Bolivariana” y lo que a veces se llamó “el socialismo del siglo XXI” promovido por el presidente Hugo Chávez y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El presidente Maduro ha continuado con este curso.
Si bien el gobierno instituyó controles de precios y de divisas y distribuyó parte de los ingresos petroleros en la forma de programas sociales que perjudicaron las ganancias de algunos de los patrones y restringieron sus privilegios y entraron en conflicto con Washington, no dejó de ser un gobierno capitalista.
Los dirigentes de la Revolución Bolivariana nunca movilizaron a los trabajadores para que tomaran el control de la producción y la tierra y remplazaran al gobierno burgués con un gobierno de trabajadores y agricultores que los organice hacia la expropiación de la clase capitalista. Rechazaron el ejemplo revolucionario de los trabajadores y agricultores en Cuba. Ese es el único camino que ofrece a los trabajadores la oportunidad de abordar los problemas que enfrentan.
Campesinos luchan por tierra
A pesar de los desafíos y obstáculos, muchos trabajadores y campesinos no han sido expulsados de la política y están buscando formas de defender sus intereses de clase.
En julio cientos de pequeños agricultores y sus partidarios marcharon 270 millas en 20 días desde el estado de Portuguesa hasta Caracas. Exigían medidas gubernamentales contra los grandes terratenientes que los expulsan de tierras que ganaron cuando Chávez era presidente. Los terratenientes lo hacen con la complicidad de funcionarios del gobierno, la Guardia Nacional, la policía, los jueces y los fiscales.
Los campesinos exigieron medidas que les garantice los materiales necesarios para cultivar alimentos para el pueblo de Venezuela.
Esta marcha fue “producto de la necesidad”, dijo Arbonio Ortega, uno de sus dirigentes. “¿Por qué no recibimos apoyo del gobierno [del PSUV] de Portuguesa?”
Los manifestantes exigieron y obtuvieron una reunión con el presidente Maduro en Caracas el 2 de agosto. Pero horas después de la reunión, tres dirigentes campesinos del estado de Barinas que habían participado en la marcha fueron asesinados por matones enmascarados. Desde 2001, más de 350 campesinos han sido asesinados por paramilitares empleados por terratenientes capitalistas, dijo Orlando Zambrano, dirigente del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, a Radio Mundo Real el 15 de mayo.
Washington busca caída de Maduro
Mientras tanto, Washington, Ottawa y los gobiernos en Europa y sus aliados en Latinoamérica están impulsando sus esfuerzos para aislar al gobierno de Maduro y hacer pagar al pueblo trabajador por la crisis.
“Es hora de que Maduro se vaya”, dijo con arrogancia la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, durante una visita a Colombia el 8 de agosto. Hizo un llamado a que los gobiernos latinoamericanos aumentaran la presión. El objetivo de Washington es remplazar el gobierno de Maduro con uno más al gusto del imperialismo estadounidense, sin tener que intervenir militarmente ni provocar una explosión social.
“Exigimos el fin de las sanciones de Washington contra Venezuela y sus violaciones a la soberanía venezolana”, dijo Edwin Fruit, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para senador por Washington. “¡Manos fuera de Venezuela!”