Violando la soberanía venezolana, los gobernantes estadounidenses — con apoyo bipartidista y el respaldo de sus aliados en Europa, Canadá y algunos países latinoamericanos— están avanzando en su campaña para hacer caer el gobierno encabezado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Esto solo ha sido posible porque el curso del gobierno de Maduro ha enajenado y desmoralizado a muchos trabajadores, mientras que enriquece a una capa de la clase capitalista.
Después de que el recién elegido jefe de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, Juan Guaidó, se declarara a sí mismo presidente el 23 de enero, Washington congeló las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos y anunció que estaba entregando los fondos a Guaidó.
Guaidó está pidiendo a los militares venezolanos que derroquen a Maduro, prometiéndoles una amnistía si lo hacen.
Las manifestaciones en apoyo de Guaidó el 2 de febrero fueron bastante más grandes —y tuvieron lugar en ciudades, pueblos y vecindarios de todo el país, incluidos muchos que habían sido baluartes de Maduro y su predecesor Hugo Chávez— que la organizada en apoyo de Maduro.
Chávez, un ex oficial militar, fue elegido presidente en 1998 en medio de un auge de las luchas de trabajadores y campesinos que luchaban por tierras para los campesinos pobres, para construir sindicatos y por programas sociales que beneficiaran a los más oprimidos. Al principio Chávez apoyó sus luchas. Y Cuba revolucionaria reforzó la lucha enviando miles de voluntarios internacionalistas para ayudar a extender la alfabetización en todo el país y brindar atención médica.
Washington ha odiado especialmente las relaciones amistosas entre Cuba revolucionaria y el pueblo de Venezuela.
Chávez, y luego Maduro, dejaron claro que no tenían intención de seguir el camino iniciado por los trabajadores y agricultores cubanos en su revolución de 1959, quienes formaron un gobierno de trabajadores y agricultores, nacionalizaron la industria y los bancos de los capitalistas tanto extranjeros como cubanos, desmantelaron el antiguo ejército y llevaron a cabo una transformación socialista.
En cambio, el gobierno venezolano intentó regular al capitalismo y al mercado capitalista. Tomó algunas ganancias de la empresa petrolera estatal para financiar programas sociales, subsidiar alimentos y construir casas.
La corrupción generalizada, la falta de mantenimiento y la mala gestión de la compañía petrolera provocaron fallos y una caída en la producción. La disminución de los salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo provocaron un creciente éxodo de trabajadores y una caída del 45 por ciento en la producción desde 2014.
Estos acontecimientos se vieron exacerbados por una caída de alrededor del 50 por ciento en los precios del petróleo durante el mismo período. El petróleo representaba el 95 por ciento de las divisas del país.
Si bien el gobierno de Maduro ha podido mantener algunos programas sociales, las condiciones para el pueblo trabajados han empeorado. La inflación está en 1 millón por ciento. Es imposible obtener medicamentos básicos. El crimen violento se ha extendido y es de los más altos del mundo. Las necesidades básicas a menudo están disponibles solo en el mercado negro. El deterioro de la atención médica, el cierre de fábricas y los ataques paramilitares patrocinados por los terratenientes contra los campesinos que se organizan para adquirir tierras, han tenido un impacto. Millones han huido del país.
Maduro culpa al imperialismo estadounidense —el cual ha jugado un papel importante— pero la política del gobierno para tratar de apuntalar al capitalismo es la raíz de la crisis. Y a medida que aumentan las protestas que exigen a Maduro que renuncie, éste ha enviado unidades especiales de policía para atacar a sus rivales en los barrios obreros.
Diseminando calumnias de que los asesores cubanos “dirigen” las fuerzas de seguridad venezolanas, la administración de Donald Trump ha anunciado planes para aumentar la presión de Estados Unidos sobre Cuba revolucionaria.
Cuba cuenta con unos 21 mil voluntarios internacionalistas en Venezuela, que brindan atención médica a los más necesitados. Y Cuba exige a los gobernantes de Estados Unidos que dejen de atacar la soberanía venezolana y permitan que la gente allí determine sus propios asuntos.
La administración de Trump ha indicado que podría no renovar la suspensión del “Título III” de la ley Helms-Burton en marzo. Los ciudadanos de Estados Unidos podrían entonces presentar demandas legales contra Cuba exigiendo el pago de propiedades que fueron nacionalizadas después de 1959.