El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el 5 de agosto que prohíbe casi todo el comercio de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela que todavía existe y se propone lograr que las empresas extranjeras también la acaten.
En una carta al congreso, el presidente dijo que la orden tiene como fin destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro y reemplazarlo con Juan Guaidó, un opositor pro imperialista que se proclamó presidente en enero.
“Esta es una violación flagrante de la soberanía del pueblo venezolano”, dijo la candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernadora de Kentucky Amy Husk. “El gobierno de Estados Unidos quiere decidir quién debe ser el presidente de Venezuela. Los gobernantes estadounidenses dicen estar preocupados por el pueblo de Venezuela, pero lo único que les importa es un gobierno que sea favorable para el imperialismo norteamericano. Los trabajadores deben decir, ‘Washington ¡manos fuera!’”
Las nuevas sanciones estadounidenses están especialmente dirigidas a empresas y gobiernos extranjeros —incluyendo los de China, Rusia, Turquía e India— que han mantenido comercio con el gobierno venezolano a pesar de las medidas cada vez más hostiles de Washington.
El gobierno de Estados Unidos había previamente sancionado a más de 100 funcionarios venezolanos, confiscado activos y cuentas bancarias en Estados Unidos de Citgo, la empresa propiedad del gobierno venezolano, y se las entregó a los partidarios de Guaidó, y cortó la mayoría de los acuerdos económicos con la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA. Washington respaldó un fallido intento de golpe de estado de Guaidó en abril y ha tratado de evitar que Venezuela envíe petróleo a Cuba.
Los gobiernos de los principales países europeos se han sumado con amenazas de imponer sus propias sanciones.
Las crecientes sanciones de Washington se producen en medio de negociaciones que se han venido realizando desde mayo entre representantes del gobierno venezolano y la oposición.
El embargo no se aplica a las empresas capitalistas privadas que representan la mayor parte de la producción no petrolera de Venezuela. Y Chevron, la última compañía petrolera estadounidense que aún opera en Venezuela, y Halliburton, están exentas de las nuevas reglas hasta el 25 de octubre.
“Estamos enviando una señal a terceros que quieren hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con precaución”, advirtió el asesor de seguridad nacional John Bolton en un discurso en Perú ante representantes de más de 50 gobiernos alineados con Washington, “no hay necesidad de arriesgar sus intereses comerciales con Estados Unidos”.
Washington dice que congelará las cuentas bancarias y los activos de cualquier empresa que considere haya violado la orden.
Arrogancia imperialista
Los gobernantes de Estados Unidos esperan que el aumento en el sufrimiento de los trabajadores y agricultores de Venezuela los lleve a deshacerse de Maduro e imponer un gobierno más de su agrado. Un objetivo central de la estrategia de Washington es asestar golpes a la revolución socialista de Cuba y a su solidaridad con Venezuela y otros países de la región.
Las sanciones de Washington han agravado drásticamente la crisis económica y social que enfrentan los trabajadores. La escasez de medicamentos, alimentos y otras necesidades básicas a precios asequibles para los trabajadores se ha generalizado. Unos 4 millones de venezolanos se han ido a Colombia y otros países vecinos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las medidas de Washington como “otra acción para dañar y robar” a Venezuela.