El pueblo trabajador en la colonia norteamericana de Puerto Rico está bajo órdenes de confinamiento más estrictas que en cualquier lugar de Estados Unidos. Estas incluyen un toque de queda de 7 p.m. a 5 a.m.; una orden de que las personas que no trabajen en labores “esenciales” permanezcan en sus casas, a menos que vayan al supermercado o a la farmacia; y amenazas contra la libertad de prensa. Todas han sido impuestas por decretos de la gobernadora Wanda Vázquez. Los cierres de plantas, tiendas y otros sitios han dejado sin trabajo a más de 130 mil personas.
Los supermercados y las farmacias no pueden abrir los domingos. Al principio, se ordenó el cierre de los talleres mecánicos y de reparación de neumáticos, excepto los miércoles y jueves de 9 a.m. al mediodía.
“Los que hacen las decisiones nunca se han ensuciado las manos. No saben qué es la mecánica”, dijo José Figueroa, presidente de la Asociación de Pescadores de Yabucoa, al Militante el 16 de abril desde Puerto Nuevo. Tras la indignación provocada, la gobernadora Vázquez modificó su dictado para permitir que los talleres abrieran durante ocho horas esos dos días.
Durante el fin de semana de Pascua la gobernadora ordenó el cierre de las tiendas y prohibió la pesca comercial durante tres días. “No veo la razón. Muchos de los pescadores no tienen otro ingreso”, dijo Figueroa. “La mayoría van en su yola. No tienen interacción con más nadie”.
Si continúa el cierre de la economía y el toque de queda, “vamos a tener un problema serio”, dijo. “Los pequeños comerciantes emplean mucha gente. Los hoteles están cerrados. La gente necesita trabajar”.
Más de 650 personas han sido arrestadas en Puerto Rico desde el 15 de marzo por violar el toque de queda. Más de 1 600 han recibido citaciones para comparecer ante un tribunal, donde enfrentan penas de hasta seis meses de cárcel y multas de 5 mil dólares.
Vázquez ha impuesto otras restricciones a los derechos democráticos. Decretó que solo personas pertenecientes al “núcleo familiar” pueden estar en un hogar. Y no está claro qué quiere decir con “núcleo”. Los medios que el gobierno acuse de transmitir “información falsa con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva” pueden enfrentar cargos penales.
“Ha habido más acoso policial”, dijo Rosalina Abreu por teléfono el 17 de abril. Abreu es la presidenta de Arecma, un grupo comunitario en Humacao.
Después de suspender las clases, el gobierno no hizo nada para llevar alimentos a los niños que dependen de las comidas escolares. “Hemos organizado para distribuir comida a los más necesitados”, dijo Abreu, incluso yendo a escuelas a sacar comida que había sido dejada allí.
El capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) desafió el toque de queda y otras medidas antidemocráticas de la gobernadora, incluso la prohibición de compartir la casa con alguien que no sea familiar inmediato. La Corte Suprema de Puerto Rico desestimó el caso alegando que la ACLU y otros demandantes no habían demostrado que las medidas los habían perjudicados personalmente.
Mientras tanto, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal y Gestión Financiera, designada por Barack Obama para dirigir el presupuesto del gobierno puertorriqueño y mantenida en su cargo por el presidente Donald Trump, le recordó a Vázquez que el jefe más poderoso de la isla es Washington. Jaresko le escribió a la gobernadora el 8 de abril que la junta “se reserva todos sus derechos para anular y prohibir” cualquier ley o decisión gubernamental con la que no esté de acuerdo, e insistió en que se deben adoptar más recortes en los programas y gastos gubernamentales.
La pandemia del coronavirus podría tener un efecto secundario inesperado: aumentar el tamaño y el poder potencial de la clase trabajadora industrial en Puerto Rico. Preocupados por la dependencia de los fabricantes chinos y las cadenas mundiales de suministros, algunos empresarios farmacéuticos están considerando trasladar más producción a la isla. Puerto Rico ya es un centro para la producción de medicamentos y equipos médicos, con más de tres decenas de fábricas que explotan a unos 90 mil trabajadores.
Adamaris Cruz es una trabajadora temporal en una planta de dispositivos médicos. “Solo gano el mínimo federal. No recibimos seguro médico ni prestaciones”, dijo al Militante. “Pero incluso muchos de los trabajadores regulares solo reciben 7.25 dólares [la hora]”. Los trabajadores farmacéuticos llevan hablando durante algún tiempo sobre la necesidad de un sindicato para luchar por mejores salarios y condiciones, dijo.