La nueva administración demócrata de Joe Biden está liderando un asalto contra los derechos políticos, alegando que varios centenares de teóricos de la conspiración y aspirantes a paramilitares que entraron al Capitolio el 6 de enero representan una proliferación de “terroristas domésticos” que debe ser detenida.
Para justificar estos actos, el FBI, los medios liberales, políticos del partido Demócrata y radicales de clase media coinciden en difamar a los trabajadores que apoyaron a Trump de ser posibles “terroristas”.
“No se atrevan a llamarlos manifestantes”, dijo el presidente Biden al referirse a los que entraron al Capitolio. “Eran una turba desenfrenada, insurrectos, terroristas domésticos”.
Las medidas que la administración y sus partidarios están impulsando incluyen el incremento del espionaje por parte del FBI, demandas de despidos de personas de su trabajo, “deplatforming” cerrando sus cuentas en las redes sociales, “avergonzarlos” públicamente y sacar a individuos de sus sindicatos. Algunos proponen “desprogramar” a los partidarios de Trump.
Hasta el momento, 125 personas han sido acusadas de traspaso ilegal o alteración del orden público por ingresar al Capitolio. Al menos tres han sido acusados de “conspiración” para interferir con las funciones del gobierno. Los fiscales dicen que también planean utilizar cargos de “sedición”.
Estas medidas no tienen nada que ver con combatir lo que los liberales y la mayoría de la izquierda dicen es un creciente movimiento supremacista blanco o un movimiento “fascista”. Su fuego está dirigido al pueblo trabajador, a los que Hillary Clinton llamó “deplorables”, para expulsarlos de la política, comenzando con los más de 74 millones que votaron por Donald Trump o los 80 millones que no votaron en absoluto.
En una entrevista de Christiane Amanpour en CNN el 12 de enero, Juliette Kayyem, una subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional bajo Barack Obama, llamó a Trump “el líder operativo” de un movimiento terrorista doméstico.
Dijo que a Trump se le ha quitado la “plataforma”. Explicó que él ya “no puede acceder a las redes sociales”. Este “aislamiento” y “forma de avergonzar a Donald Trump” tiene como objetivo la “gente que lo apoya”, afirmó descaradamente, y para asegurar de que “no tenga un segundo acto”.
Periodistas liberales desde Eugene Robinson del Washington Post, Nikole Hannah-Jones del New York Times, y la ex presentadora del programa “Today” Katie Couric, así como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han llamado a buscar la forma de “desprogramar” a los partidarios de Trump.
Algunos activistas anti-Trump están haciendo sus propias “investigaciones” —incluidos algunos aliados con antifa— revelando datos de personas a las que acusan de haber estado en el Capitolio el 6 de enero, con el fin de convertirlos en blancos de ataque.
Muchas de las investigaciones de los sabuesos liberales han resultado ser erróneas, pero los trabajadores fueron acosados y amenazados de todos modos.
Varios trabajadores que asistieron a la gran manifestación del 6 de enero afuera del Capitolio han sido suspendidos o despedidos de sus trabajos. El asistente de conductor del ferrocarril Long Island Rail Road, Steven Rosati, fue suspendido sin pago. Según el New York Daily News, hay una foto de él afuera en los escalones del Capitolio.
El presidente del MTA, Pat Foye, anunció en una conferencia de prensa que lo que Rosati ha dicho “en las redes sociales es indignante, despreciable y una señal de que es un idiota”. Pero Rosati simplemente, está siendo victimizado por sus ideas políticas. Para los trabajadores con conciencia de clase, esto es lo que es indignante y peligroso. Independientemente de lo que uno piense de los puntos de vista de Rosati, cuando se agita la cacería de brujas, la historia muestra que siempre terminan atacando a la clase trabajadora y a su vanguardia comunista.
La junta nacional del sindicato de actores y “artistas de los medios” (SAG-AFTRA) votó el 19 de enero a favor de tomar pasos para expulsar a Trump del sindicato. Trump es miembro del sindicato por su trabajo en el programa de televisión “The Apprentice” y algunas apariciones especiales en películas.
La idea de que funcionarios de un sindicato de la industria del entretenimiento intenten expulsar a uno de sus miembros y destruir su derecho al trabajo es espantosa. Miembros de estos sindicatos estaban entre los objetivos más prominentes de la cacería de brujas anticomunista de la década de 1950.
Ley de Terrorismo Doméstico
Mientras tanto, los partidarios de Biden y algunos republicanos “nunca trumpistas” acaban de presentar el proyecto de “Ley de Prevención del Terrorismo Doméstico de 2021” en la Cámara de Representantes y el Senado. Si se aprueba, autorizaría a los departamentos de seguridad nacional, y de Justicia y al FBI a intensificar el espionaje, usar informantes y otras violaciones de los derechos políticos si de acuerdo a su discreción, se sospecha que alguien está involucrado en “terrorismo doméstico”.
Algunos demócratas liberales y grupos de derechos civiles dicen que se oponen al proyecto de ley. Una carta enviada a los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso por Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y otros seis representantes dijo que “se oponían enfáticamente a la expansión de los poderes sobre la seguridad nacional y vigilancia domésticas” propuestos en el proyecto de ley.
Pero esta posición no debe confundirse con oposición a los nuevos ataques a los derechos democráticos. Dicen que las leyes existentes “son más que suficientes” para perseguir a cualquiera que el gobierno considere una amenaza.
El 22 de enero, la Casa Blanca anunció que había ordenado que las agencias de inteligencia realizaran una “evaluación exhausta de las amenazas” de “extremismo violento doméstico”.
¿Suena familiar? Ese fue el razonamiento que se usó para las operaciones del programa Cointelpro contra los grupos de liberación de los negros, el Partido Socialista de los Trabajadores, los partidarios independentistas de Puerto Rico, el Movimiento Indígena Americano y otros en las décadas de 1950, 1960 y 1970. Estos ataques sufrieron un revés como resultado de la exitosa campaña política y la demanda legal iniciada por el PST que terminó en una victoria en 1986.