El 1 de julio un jurado de Miami declaró al oficial naval argentino Roberto Guillermo Bravo responsable por su papel en la llamada Masacre de Trelew. La demanda civil fue iniciada por familiares de cuatro de los 19 presos políticos asesinados en una base militar en esa ciudad en 1972.
El juicio fue producto de una campaña de 50 años que ayudó a exponer los crímenes de las monstruosas dictaduras militares respaldadas por Washington que gobernaron Argentina durante gran parte de los años 60, 70 y 80.
En 2012 otros tres oficiales involucrados en la masacre fueron declarados culpables de asesinato en un tribunal federal argentino y condenados a cadena perpetua. La ley argentina prohíbe los juicios en ausencia y Bravo permaneció prácticamente intocable en Estados Unidos. Pero la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos, permite que agentes gubernamentales responsables de torturas o ejecuciones extrajudiciales en el extranjero puedan enfrentar sanciones civiles.
El jurado de Miami concedió 24 millones de dólares por daños y perjuicios a los familiares de Eduardo Cappello, Rubén Bonet y Ana María Villareal de Santucho, asesinados ese día, y de Alberto Camps, quien resultó gravemente herido.
En su testimonio Bravo dijo que disparó al menos 30 balas de una ametralladora y ordenó a los otros oficiales que dispararan, pero afirmó, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, que uno de los prisioneros había agarrado el arma de un oficial y que Bravo solo disparó en defensa propia.
El veredicto fortalece la demanda de los familiares por la extradición de Bravo a Argentina para ser juzgado por asesinato.
“Mi padre sobrevivió a la Masacre de Trelew y quiso dedicar su vida a exponer la verdad de lo sucedido, pero lo asesinaron antes de que pudiera ver la justicia”, dijo Raquel Camps en un comunicado y que esperaba que el juicio “pueda ayudarnos a lograr su objetivo”.
“Este caso nunca fue por dinero”, dijo Ajay Krishnan, el abogado que representa a las familias en un comunicado de prensa. “Se trata de abordar una injusticia histórica y desgarradora”.
La masacre ocurrió durante la dictadura militar de Alejandro Lanusse en medio de la represión contra las crecientes luchas de la clase obrera a fines de los años 60 y principios de los 70 que amenazaban el régimen capitalista en Argentina. Fue parte de un auge de luchas de trabajadores y campesinos en Centro y Sudamérica.
Levantamiento obrero en Argentina
El poder potencial de la clase trabajadora se vio durante el Cordobazo, un levantamiento de trabajadores y estudiantes ocurrido el 29 de mayo de 1969 en Córdoba, la tercera ciudad más grande de Argentina y centro de las industrias automotriz y aeroespacial del país. Trabajadores de plantas automotrices, fundiciones, empacadoras de carne y otras fábricas se declararon en huelga y se manifestaron junto a estudiantes en solidaridad con manifestantes que habían sido asesinados semanas antes en las ciudades de Corrientes y Rosario.
La policía disparó contra los manifestantes y mató a Máximo Mena, un trabajador de Renault. Barrios obreros enteros se unieron a la rebelión, levantaron barricadas, dirigieron el tráfico y la compartición de comida de las ollas populares. Un informe de un testigo presencial publicado en Intercontinental Press dijo: “Para las 3 p.m. 400 cuadras marcadas por fogatas y barricadas se habían convertido en una zona liberada en manos de la población”.
Cuando el gobierno envió tropas, el pueblo trabajador detuvo al ejército toda la noche. Al final del 31 de mayo el ejército había retomado la ciudad con un costo de seis muertos, 50 heridos y cientos de detenidos. Pero fue incapaz de imponer la estabilidad para los gobernantes capitalistas.
El Cordobazo de 1969 marcó la apertura de una situación prerrevolucionaria en Argentina. Por varios años, los trabajadores libraron reñidas batallas huelguísticas que incluyeron ocupaciones de fábricas. Dentro de los sindicatos industriales, distintas tendencias de lucha de clases desafiaron cada vez más a la burocracia sindical conservadora.
Debate sobre guerra de guerrillas
En medio del creciente fermento de la lucha y la inestabilidad de los regímenes burgueses, los revolucionarios de todo el mundo debatieron el rumbo necesario para llevar a los trabajadores a tomar el poder de las manos de la clase capitalista. Algunos, incluida la corriente en el movimiento revolucionario mundial del que formaba parte el Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos, se empeñaron en forjar partidos revolucionarios arraigados en las luchas del pueblo trabajador.
Otros en Argentina y en gran parte de América Latina promovieron la guerra de guerrillas por parte de pequeños grupos como estrategia para tomar el poder. En 1970 la guerrilla peronista Montoneros secuestró y asesinó al ex presidente argentino Pedro Aramburu. Grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) realizaron acciones similares.
Este curso ultraizquierdista dejó a la clase obrera al margen y facilitó que los gobernantes capitalistas victimizaran a los luchadores revolucionarios y activistas sindicales. Miles de valientes militantes revolucionarios fueron asesinados por los militares.
Las lecciones de estas experiencias de lucha de clases se pueden encontrar en The Leninist Strategy of Party Building: The Debate on Guerrilla Warfare in Latin America (La estrategia leninista de construcción de partidos: el debate sobre la guerra de guerrillas en América Latina), por Joseph Hansen, un dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores.
En mayo de 1972 el gobierno argentino comenzó a trasladar a los presos políticos a lugares más remotos para aislarlos de sus partidarios y de las luchas en curso. Un grupo de 25 presos pertenecientes a una u otra de las guerrillas fue enviado a la prisión de Rawson en la Patagonia argentina. A mediados de agosto intentaron escapar. Seis lo lograron, entre ellos Mario Santucho, dirigente central del ERP, y huyeron a Chile y luego a Cuba. Diecinueve fueron capturados y detenidos en la Base Naval almirante Zar, cerca de la ciudad de Trelew. Fueron torturados repetidamente y sometidos a simulacros de ejecución.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuatro oficiales navales, entre ellos Bravo, ordenaron a los prisioneros que salieran de sus celdas y los formaron en el pasillo. Sin aviso, los oficiales abrieron fuego con ametralladoras y pistolas. Algunos de los prisioneros que sobrevivieron se replegaron a sus celdas, donde los oficiales los localizaron. Al final del día solo sobrevivieron tres: María Antonia Berger, René Haidar y Camps.
Berger, en una carta que envió desde el cautiverio, describió cómo “trató de hacerse la muerta”. Un oficial entró en su celda y le disparó a su compañera de celda ya muerta en la cabeza, y luego le disparó a Berger. “La bala me atravesó la barbilla, me destrozó la mandíbula derecha y se alojó detrás de mi oreja derecha”.
Campaña por presos políticos
El Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos y el Militant se unieron a otros alrededor del mundo a una campaña para salvar las vidas de los sobrevivientes de Trelew y otros presos políticos. Realizaron reuniones públicas y circularon peticiones firmadas por individuos prominentes.
Los tres supervivientes fueron puestos en libertad hasta mayo de 1973 cuando un gobierno civil reemplazó al gobierno militar. Posteriormente tras otro golpe militar en 1976, los tres fueron asesinados por el régimen.
Entre 1976 y 1983, en lo que se conoció como “la guerra sucia”, la junta militar —con la complicidad de Washington— asesinó o “desapareció” a unas 30 mil personas. Unos 500 hijos de los asesinados también fueron secuestrados y entregados en adopción, a menudo a familias de oficiales militares.
Mientras tanto, Bravo vivía la buena vida en Estados Unidos. Poco después de la masacre de Trelew, fue enviado a Estados Unidos como agregado militar de la embajada argentina. Se le otorgó la ciudadanía estadounidense y estableció su propio negocio de servicios de salud, ganando millones de dólares con contratos con el gobierno estadounidense.
Ante la creciente resistencia la dictadura militar argentina finalmente renunció al poder en 1983. Durante décadas, incluso bajo el régimen militar, las familias de los asesinados y sus partidarios —desde las Madres de la Plaza de Mayo hasta los familiares de los asesinados en Trelew— lucharon valientemente para que se conociera la verdad y exponer los crímenes de los responsables de la muerte de sus seres queridos. El reciente juicio es parte de esos reñidos esfuerzos.