El allanamiento llevado a cabo por agentes armados del FBI de la residencia del ex presidente Donald Trump en Florida el 8 de agosto asesta golpes a los derechos establecidos en la Constitución de Estados Unidos que brindan protecciones fundamentales contra la injerencia del estado en la actividad política y sindical. Estos son derechos que el pueblo trabajador debe defender y luchar para extenderlos.
Ordenadas por la administración del presidente Joseph Biden, las redadas intensifican la crisis política que sacude a los gobernantes norteamericanos y sus partidos gemelos, el Demócrata y el Republicano. Los demócratas están intensificando su campaña para impedir que Trump vuelva a postularse o para ponerlo tras las rejas. El ascenso de Trump a la Casa Blanca reflejó la ira de millones de trabajadores atraídos hacia un candidato que se presentó como una alternativa a los partidos que los trataban con desprecio.
La redada de Florida es un ataque sin precedentes contra los derechos constitucionales y las protecciones que el pueblo trabajador ha conquistado y necesita. También lo fueron los allanamientos ordenados contra Uhuru y el Partido Socialista Popular Africano bajo la acusación de ser “agentes” de Rusia, y las demandas del senador Marco Rubio de que el gobierno designe a Puentes de Amor y a su líder Carlos Lazo como “agentes” de Cuba.
Décadas de experiencia han enseñado a los trabajadores con conciencia de clase que cada vez que el gobierno toma medidas contra un político capitalista rival, eso significa que métodos similares y peores serán desatados para hostigar, interrumpir y desorganizar las luchas sindicales, a los opositores de las guerras de Washington y a organizaciones obreras como el Partido Socialista de los Trabajadores. El gobierno capitalista y su policía política, el FBI, existen para defender las ganancias y el poder de los grandes propietarios, quienes están intensificando su explotación de los trabajadores mientras su sistema enfrenta una creciente crisis y competencia internacional.
En 1940, la administración demócrata de Franklin D. Roosevelt impuso la Ley Smith “de control del pensamiento”, y usó al FBI para silenciar a los trabajadores militantes y prohibir la promoción de las ideas comunistas. Los dirigentes del PST y luchadores con consciencia de clases en el sindicato Teamsters en Minneapolis fueron encarcelados bajo casos amañados por organizar oposición a la entrada de Washington en la segunda guerra mundial imperialista con el fin de apoderarse de mercados y colonias. Agentes federales allanaron las sedes del sindicato y del partido, incautando archivos y literatura.
Los ataques de Roosevelt contra los derechos constitucionales continuaron después de la guerra. La magnitud del espionaje y la injerencia del gobierno contra el movimiento obrero salió a luz durante la exitosa demanda y campaña política del PST, iniciada en 1973, contra las operaciones del programa Cointelpro del FBI. Esa lucha condujo a un fallo judicial que consideró que el uso de informantes de la policía para espiar la actividad política es una violación del derecho a la libertad de expresión y asociación política protegidos por la constitución. También concluyó que los numerosos allanamientos ilegales de oficinas del PST por el FBI violan las protecciones de la Cuarta Enmienda contra “registros e incautaciones arbitrarios”, y que las operaciones contra la actividad del partido y la vida de sus miembros es ilegal.
Defender las protecciones constitucionales de la libertad de expresión, asociación política y protestar contra las redadas policiales —independientemente de contra quién estén dirigidas— es crucial para prepararnos para las luchas obreras y las batallas revolucionarias en los años venideros.