LINCOLN, Nebraska — En las próximas semanas, casi 100 mil trabajadores ferroviarios votarán sobre acuerdos provisionales negociados entre funcionarios de 12 sindicatos y cinco empresas de Clase 1 y 30 empresas locales.
Bajo la presión de la administración de Joseph Biden, el 15 de septiembre, solo horas antes de que la Ley Laboral Ferroviaria permitiera que los sindicatos finalmente se pudieran declarar en huelga, los dos sindicatos más grandes —SMART-TD y la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras de los Teamsters— llegaron a un acuerdo tentativo.
Estos trabajadores y los de los otros sindicatos ferroviarios que ya habían llegado a acuerdos provisionales, recibirán borradores de sus contratos para leer y discutir, y recibirán por correo boletas para votar. Se espera que el conteo tome 30 días o más, y que no se anuncie una decisión antes de las elecciones el 8 de noviembre.
El 14 de septiembre, casi el 75% de los 6,600 miembros de la Asociación Internacional de Mecanometalúrgicos IAM, que organiza a torneros, mecánicos para aparatos de vías y trabajadores de mantenimiento de instalaciones, votaron en contra de sus acuerdos. La IAM aprobó salir en huelga si no se ratifica un mejor contrato antes del 29 de septiembre.
Dos de los 12 sindicatos —el Sindicato de Comunicaciones de Transporte/IAM y la Hermandad Ferroviaria Carmen, que representan a más de 11 mil inspectores mecánicos administrativos y de vagones, aprobaron sus acuerdos.
La Ley Laboral Ferroviaria, adoptada en 1926, obliga a los obreros a pasar por un período de negociaciones y períodos de “enfriamiento” que pueden durar años antes de que se puedan ir en huelga o los patrones puedan imponer un cierre patronal. Esta vez las negociaciones comenzaron en enero de 2020.
Casa Blanca aumenta la presión
Mientras corría la cuenta regresiva hacia la fecha para una huelga, la Junta Nacional de Mediación —creada para “regir” sobre las relaciones entre los sindicatos ferroviarios y los patrones— ordenó a los sindicatos que no tenían un acuerdo tentativo a que regresaran a Washington el 7 de septiembre. En pocos días, 10 sindicatos de ramos habían llegado a acuerdos provisionales.
“No creo que el acuerdo tentativo aborde los gastos ‘fuera de casa’ que necesitan los miembros de mi sindicato”, dijo al Militante Jake Forsgren, trabajador de vías y soldador en Nebraska y presidente local de la División 1320 del sindicato de empleados de mantenimiento de vías BMWE, el 18 de septiembre. Esta es una demanda clave para los trabajadores de las vías que pueden ser enviados arbitrariamente hasta mil millas de distancia de su hogar para realizar trabajos y tienen que cubrir la mayoría de los gastos antes de que se les reembolse más tarde.
Los dos sindicatos que esperaron hasta el último minuto fueron el SMART-TD y el de maquinistas BLET. Los puntos conflictivos para estos trabajadores son las nuevas y rígidas políticas de asistencia junto con la amenaza de ser despido por faltar por enfermedad, además de las demandas de los patrones de usar “tripulaciones” de una sola persona para operar los trenes. También en disputa están los horarios de trabajo que obligan a los trabajadores a estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los peligros que estas condiciones crean para los trabajadores ferroviarios y las personas que viven cerca de las vías, se han hecho evidentes con la muerte de tres trabajadores de Union Pacific durante sus labores este mes.
Miles de obreros ferroviarios han renunciado en los últimos dos años y los patrones no han podido reemplazarlos. Esto empeora aún más las condiciones.
A medida que se acercaba el 16 de septiembre, la fecha para poder declararse en huelga, los medios que favorecen a los patrones se enfocaron en divulgar que las compañías habían acordado aceptar la oferta salarial “generosa” recomendada por la Junta Presidencial de Emergencia designada por Biden (otra parte de la burocracia que enreda a los trabajadores ferroviarios y sus sindicatos). Los medios también lamentaron el daño que causaría una huelga, ya que los miembros de los sindicatos ferroviarios operan unos 7 mil trenes de carga a través del país diariamente. Dijeron que una huelga les costaría a los patrones más de 2 mil millones de dólares al día.
Para la administración de Biden era vital prevenir una huelga ante las posibilidades de interrupciones de envíos y una nueva ola de aumentos de precios en los meses previos a las elecciones en noviembre.
Biden se jacta de ser el presidente que está más a favor de los sindicatos de la historia.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejó en claro que estaba preparada para que el Congreso cancelara cualquier huelga que sea convocada. Dijo que “en el pasado ha promulgado leyes para tales fines”. Se refería a la última huelga nacional ferroviaria en 1991 y el cierre patronal en 1992 cuando el congreso ordenó a los sindicatos regresar a trabajar.
Independientemente de los resultados de la votación sobre los contratos, la lucha de los trabajadores ferroviarios contra los ataques de los patrones va a continuar.