MONTREAL — En febrero el gobierno del primer ministro Justin Trudeau implementó la draconiana Ley de Emergencias para reprimir el “Convoy de la Libertad” de cientos de camioneros y sus partidarios que protestaban en la capital de Canadá.
La Comisión de Orden Público de Emergencia dio inicio a audiencias públicas el 13 de octubre en Ottawa para determinar si la decisión del gobierno canadiense estaba justificada. La comisión tiene que presentar su informe para el 6 de febrero.
La Asociación Canadiense de Libertades Civiles, la Policía Provincial de Ontario y otros han expresado su oposición a la implementación de la ley.
El Convoy de la Libertad viajó desde el oeste de Canadá hasta la Colina del Parlamento para protestar contra mandatos de vacunación que los limitaba en poder desempeñar un empleo. A las protestas se sumaron otros que estaban en contra de una serie de políticas gubernamentales y juntos bloquearon las calles y se manifestaron por tres semanas. Los partidarios del convoy bloquearon con camiones varios cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos.
Tras la imposición de la ley el gobierno federal movilizó a más de 3 mil policías de todo el país hacia Ottawa para reprimir la protesta. Esta fue la primera vez que la ley fue usada desde su adopción en 1988.
“Fue un acto irresponsable y de acoso por parte del gobierno”, dijo el trabajador de Walmart Gurdeep Singh al Militante el 21 de octubre. “La gente no hizo nada malo excepto defender sus derechos”.
Habla la Liga Comunista
La Liga Comunista presentó una declaración a la comisión el 19 de octubre. La declaración “rechaza el marco de la gran mayoría de los que han sido llamados a comparecer en las audiencias públicas”, dijo al Militante Steve Penner, organizador de la Liga Comunista. “Todos aceptan la legitimidad de la Ley de Emergencias. Sus diferencias se reducen solamente a si el gobierno de Trudeau podía usarla contra la protesta de Ottawa”. La Liga rechaza también “la premisa de la propia comisión”.
Penner dijo, “La Liga Comunista explica que la Ley de Emergencias no es más que una versión camuflada de la desacreditada Ley de Medidas de Guerra”. Y agregó, “Hacemos un llamado a todos los sindicatos y partidarios de los derechos democráticos y políticos a exigir la revocación de la ley y a hacer campaña en su contra.
La movilización policial desatada con la invocación de la ley fue “uno de los actos de represión policial más grandes en la historia moderna de Canadá”, dice el comunicado de la Liga. Enumera las “armas de uso militar y vehículos blindados, francotiradores de elite, caballería, granadas de aturdimiento, armas antidisturbios, porras y gas pimienta” utilizadas y la detención de más de 200 participantes y sus principales organizadores.
El gobierno de Trudeau combinó su asalto a los derechos políticos con calumnias, llamando a los camioneros “supremacistas blancos, profanadores del Monumento a los Caídos que ondeaban sus esvásticas”.
“El objetivo de Ottawa era criminalizar una protesta política que desafiaba las políticas del gobierno”, dijo la Liga Comunista. “Empleó su ataque para establecer un precedente que pueda ser utilizado contra futuras protestas, contra nuestros sindicatos y contra los partidos políticos y obreros que el gobierno considere una amenaza”.
Unos 65 testigos, incluido Trudeau, testificarán. La lista incluye a tres de los principales organizadores del convoy, Tamara Lich, Chris Barber y Pat King, quienes aún enfrentan cargos criminales. Lich y King han estado un largo tiempo en la cárcel sin ser juzgados o condenados. Están libres bajo condiciones onerosas de fianza.
La Liga Comunista exige que se retiren todos los cargos contra los organizadores del convoy y otras personas arrestadas durante el ataque policial en febrero.
La “continua violación de sus derechos por parte de Ottawa, la policía y los tribunales constituye una amenaza para los derechos democráticos y políticos de todos”, dice la Liga Comunista.
La Ley de Emergencias “se basa en las leyes represivas promulgadas por Ottawa y los gobiernos provinciales a lo largo de 100 años desde la Primera Guerra Mundial cuando se adoptó y se usó la Ley de Medidas de Guerra para suprimir el auge de luchas sindicales, la resistencia de los quebequenses a su opresión nacional y los esfuerzos para organizar un partido político obrero de masas”, dice la Liga.
La revolución bolchevique de 1917 en Rusia inspiró a los trabajadores de disposición revolucionaria en todo el mundo, lo que condujo a la fundación del Partido Comunista de Canadá en 1921. Al mismo tiempo, las crecientes luchas obreras culminaron en la huelga general de Winnipeg de 1919. En respuesta, en 1920 Ottawa formó una fuerza policial política nacional para defender el dominio capitalista, la Real Policía Montada de Canadá.
La Ley de Medidas de Guerra se impuso con el mismo propósito en la Segunda Guerra Mundial y de nuevo en 1970 cuando el gobierno de Pierre Trudeau usó el pretexto de una insurrección inexistente del Frente de Liberación de Quebec, una diminuta organización terrorista, para inundar a Quebec con 6 mil soldados. Haciendo eco del pretexto de “insurrección” usado en 1970, Ottawa afirma que la presente “emergencia del orden público nacional” justificó su declaración de la Ley de Emergencias.
El Ministro de Preparación para Emergencias, Bill Blair, dijo que los bloqueos fronterizos fueron un “ataque dirigido y coordinado con financiación extranjera, que tenía la intención clara y criminal de dañar a Canadá, dañar a los canadienses, interrumpir las líneas de suministro vitales, dejar inactivos a nuestros trabajadores y cerrar nuestras fábricas”. Pero el Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia de Ottawa se vio obligado a admitir ante la comisión que no había ninguna evidencia de eso.
“Todo el marco de la Ley de Emergencias se basa en la continuidad de las medidas tomadas a lo largo de décadas por las familias capitalistas dominantes para defender su riqueza y poder político”, dijo Penner.
Los poderes dictatoriales incorporados en la Ley de Emergencias están en armonía con la llamada Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que fue añadida a la constitución por el gobierno de Pierre Trudeau en 1982. La carta permite a Ottawa, y a los gobiernos provinciales anular los derechos democráticos a su discreción.
Tales derechos incluyen la libertad de pensamiento, culto, opinión y expresión, incluida la libertad de prensa, de asamblea y asociación, y el derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
A medida que se profundiza la crisis económica, moral y política mundial del capitalismo, el pueblo trabajador necesita “derechos democráticos y políticos para defender y fortalecer nuestros sindicatos y forjar un partido obrero basado en el poder sindical movilizado para luchar para reemplazar el gobierno de las familias capitalistas multimillonarias con un gobierno de trabajadores y agricultores”, dijo Penner.