Asestando serios golpes a las libertades constitucionales, el presidente Joseph Biden está utilizando su Departamento de Justicia para intensificar la campaña de los demócratas para criminalizar las diferencias políticas presentando cargos contra el ex presidente Donald Trump. Por primera vez en la historia, un presidente en ejercicio —que también es candidato presidencial— utiliza su cargo para tratar de encarcelar a su principal rival por la Casa Blanca.
La defensa de las libertades protegidas por la Constitución y el hacer retroceder los esfuerzos de los gobernantes norteamericanos para restaurar la reputación del FBI están al centro de la lucha de clases hoy día.
Trump fue acusado de 37 cargos, 31 bajo la notoria Ley de Espionaje, una ley de cacería de brujas que ha sido utilizada durante décadas para atacar a trabajadores militantes, opositores de las guerras imperialistas, al Partido Socialista de los Trabajadores y otros.
El ex presidente y su asesor Waltine Nauta fueron acusados de otros seis cargos, incluso bajo estatutos de control de pensamiento, de “conspiración” para obstruir la justicia. La acusación fue dictada el 8 de junio por un gran jurado federal, bajo la dirección del fiscal especial Jack Smith.
Los fiscales dicen que el “delito” de Trump fue su retención no autorizada de “información sobre las capacidades de defensa y armamentos tanto de Estados Unidos como de países extranjeros”, y de los programas nucleares y planes militares de Estados Unidos. Reveló parte del material a otros, afirma la acusación, lo que “puso en riesgo la seguridad de Estados Unidos”.
‘“La ‘seguridad nacional’ ha sido una difamación política clave utilizada en cada cacería de brujas del gobierno”, dijo al Militante Joanne Kuniansky, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para el senado estatal de Nueva Jersey. “Los trabajadores y nuestros sindicatos deberían exigir que se retiren los cargos contra Trump”.
“Los sindicalistas involucrados en huelgas saben que los patrones usan los tribunales y su gobierno para atacar nuestras luchas restringiendo los derechos a la sindicalización y la huelga. La medida adoptada el año pasado por Biden y un congreso bipartidista para prohibir que los obreros ferroviarios se declararan en huelga es solo el último ejemplo”.
Hay un largo historial de ocasiones en las que fiscales se han negado a presentar cargos en previas violaciones de las normas gubernamentales sobre el manejo de documentos secretos. En 2016, Barak Obama decidió no procesar a la candidata presidencial del Partido Demócrata Hillary Clinton, por retener cientos de documentos clasificados en su servidor de correo electrónico personal.
El propio Biden está siendo investigado por guardar documentos de sus días como vicepresidente en numerosos lugares, incluido el garaje de su casa en Wilmington, Delaware. Nadie espera que va a ser imputado de cargos.
El odio de clase hacia los trabajadores los cuales Clinton calificó de “deplorables” es motivo recurrente de los ataques a Trump y a nuestros derechos políticos. Biden ayudó a allanar el camino para el enjuiciamiento cuando calificó de “semi fascistas” a las decenas de millones de los llamados republicanos MAGA que amenazan “los cimientos mismos de nuestra democracia” el pasado septiembre.
“Los trabajadores, los sindicatos y organizaciones de los oprimidos y explotados necesitan oponerse incondicionalmente a los ataques anticonstitucionales del gobierno”, explica la resolución política del PST de 2022 publicada en Ya superamos el punto más bajo de la resistencia del pueblo trabajador: El Partido Socialista de los Trabajadores mira hacia adelante por los dirigentes del partido Jack Barnes, Mary-Alice Waters y Steve Clark.
“Como nos recordó enfáticamente León Trotsky en 1939, ‘Bajo las condiciones del régimen burgués, toda supresión de la libertad y los derechos políticos, no importa contra quién se dirija al comienzo, al final caerá inevitablemente contra la clase trabajadora, especialmente contra sus elementos más avanzados. Es una ley de la historia’”.
La Ley de Espionaje de 1917 utilizada en la acusación contra Trump fue aprobada durante la Primera Guerra Mundial imperialista para silenciar a quienes se oponían a la entrada de los gobernantes capitalistas en el conflicto por mercados y poder. La primera persona condenada fue el miembro del Partido Socialista Charles Schenk. Su “delito” fue enviar volantes oponiéndose a la conscripción obligatoria.
Los fiscales están pisoteando otras protecciones constitucionales. Smith logró que un juez obligara al abogado de Trump, Evan Corcoran, a ser interrogado ante el gran jurado. Esta es una violación grave del derecho del acusado bajo la Sexta Enmienda a privilegios entre abogado y cliente.
A petición del gobierno, el magistrado federal Bruce Reinhart dictaminó el 19 de junio que Trump tiene prohibido revelar o discutir públicamente las pruebas en su contra.
Trump también enfrenta la dificultad de encontrar los mejores abogados para defenderse. Debido a la intensidad de la histeria de los demócratas para paralizar a Trump, cualquier abogado que considere representarlo debe reconocer que puede afectar su carrera y más.