El 22 de abril comenzaron los argumentos de apertura en el único caso que los demócratas han logrado llevar a juicio contra su archienemigo Donald Trump en sus esfuerzos para descarrilar su campaña presidencial. Fervientemente esperan que termine en la cárcel.
El caso fue concebido por el fiscal general demócrata de Manhattan, Alvin Bragg. Trump está obligado a estar presente durante todo el juicio, que se espera dure al menos seis semanas, reduciendo drásticamente su capacidad de hacer campaña. Mientras tanto, su principal oponente, Joseph Biden, está haciendo campaña por todo el país.
Desde los primeros días, el juicio reflejó la voluntad de los demócratas de echar al lado las protecciones constitucionales en su histeria contra el ex presidente.
Trump es acusado de maniobrar para ocultar pagos a Michael Cohen, su abogado en ese entonces, quien supuestamente le pagó a Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, a cambio de su silencio sobre una relación que según ella tuvo con Trump.
Pero, firmar un acuerdo de no divulgación no es un delito e incluso si Trump es declarado culpable de falsificar sus registros comerciales, eso es solo un delito menor. Para evitar esto, Bragg ha confeccionado un delito grave, con posible pena de prisión, diciendo que los pagos a Cohen eran parte de un plan para corromper “ilegalmente” las elecciones de 2016.
El fiscal Matthew Colangelo, un ex funcionario de la administración Biden, que ahora está en la nómina de Bragg, trató de agrandar este “crimen” durante los alegatos de apertura. Acusó a Trump de una “conspiración de larga duración” que fue “fraude electoral, puro y simple”.
Este es el primer juicio penal de un candidato presidencial de uno de los dos principales partidos capitalistas de Estados Unidos. Es un proceso político preparado después de que Bragg hiciera campaña para fiscal general como el mejor candidato para derribar a Trump. Y es un ataque abierto a los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión. Salvaguardar estas libertades es vital para los trabajadores y nuestros sindicatos.
Los abogados de Trump trataron de trasladar el juicio fuera de la ciudad de Nueva York, donde una abrumadora mayoría es partidaria del Partido Demócrata. La necesidad de un traslado quedó claro cuando el juez tuvo dificultades seleccionar un jurado. Antes de seleccionar los 12 jurados y seis suplentes unas 200 personas fueron excluidas por no ser capaces de emitir un veredicto justo. Incluso algunos de los seleccionados dejaron claro que tenían prejuicios contra Trump.
Una mujer dijo que Trump “parece muy egoísta e interesado”, y “No me gusta su personalidad”. Ella fue seleccionada a pesar de esto. La Sexta Enmienda de la Constitución otorga a los acusados el derecho a un “juicio público, con un jurado imparcial”.
Juez silencia candidato presidencial
El juez ha impuesto una amplia orden de mordaza contra Trump que le prohíbe comentar sobre los posibles testigos que Bragg pudiera llamar durante el juicio, incluidos aquellos que están haciendo campaña en su contra.
Los fiscales presentaron una moción pidiendo que el juez multe a Trump por supuestamente violar la orden de mordaza al referirse a Cohen y a Clifford como “canallas”, y por re enviar en Twitter una declaración de Michael Avenatti, el ex abogado de Clifford. Trump dijo: “Es indignante que Cohen y Daniels puedan dar innumerables entrevistas en la televisión, publicar en los [medios] sociales y ganar $$ en documentales falsos, hablando m–rda sobre Trump, pero él está silenciado y amenazado con la cárcel” si responde.
Bragg insiste en que la descripción que Trump hace de Cohen como un “abogado deshonrado y delincuente” viola la mordaza. Pero Cohen ha dicho que mintió en los tribunales y a los medios de comunicación y se declaró culpable de mentirle al Congreso, por lo que fue descalificado de ejercer derecho en Nueva York.
Cuando el abogado defensor Todd Blanche señaló que Trump simplemente estaba respondiendo “a un aluvión de ataques políticos” de Cohen, el juez lo desestimó, advirtiendo a Blanche que estaba “perdiendo toda credibilidad con el tribunal”.
El ataque del juez contra las protecciones de la libertad de expresión socava la capacidad de Trump para defenderse e impulsar su campaña presidencial. Un tribunal superior va a considerar una apelación de Trump contra la orden de mordaza.
El caso de Bragg ha recibido ayuda del juez. Cuando el estatuto de limitaciones se agotó para el cargo de falsificación de los registros comerciales, el juez le dijo a Bragg que estaba bien, que podía presentar los cargos de todos modos, justificando la extensión debido a la pandemia de COVID.
Bragg dice que la falsificación de los registros de negocios tenía la intención de cometer otro crimen, el cual lo convierte en un delito grave, pero aún no ha identificado cuál es ese cargo.
Ninguna de sus alegaciones equivale a un delito. Pero Bragg y el juez están resueltos a seguir adelante. Los demócratas temen que los otros casos que han preparado contra Trump no vayan a juicio a tiempo para afectar las elecciones, y quizás nunca.
Incluso algunos liberales han admitido que el caso es una vergüenza. Jed Handelsman Shugerman, profesor de derecho en la Universidad de Boston, escribió un artículo de opinión en el New York Times el 23 de abril titulado, “El caso Bragg contra Trump es un error histórico”. Él resume a la fiscalía como “una vergüenza de ética fiscal y un aparente procesamiento selectivo”.
A medida que continua el ataque de los demócratas contra los derechos, un mayor número de trabajadores está reconociendo que los tribunales no solo serán usados contra un político conservador capitalista como Trump, sino también por los patrones y su gobierno para enjuiciarnos cuando luchemos contra sus ataques. Y especialmente cuando formemos nuestro propio partido, un partido obrero, y entremos en el ámbito político para impulsar nuestros propios intereses de clase contra la clase patronal.