LANGLEY PARK, Maryland — La lucha de la familia de Kilmar Abrego García, de su sindicato y de muchas otras personas para que el gobierno de Estados Unidos lo traiga de regreso a casa en Maryland está ganando apoyo. Abrego, un aprendiz de hojalatero de 29 años de edad, miembro del sindicato de trabajadores del metal SMART, fue deportado a la infame megacárcel el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
La valiente respuesta de su esposa, Jennifer Stefania Vásquez Sura, y la solidaridad de su sindicato, están sentando un ejemplo para los trabajadores y los sindicatos en todas partes.
El 14 de abril la administración del presidente Donald Trump, dijo que el dictamen del Tribunal Supremo de que tenía que “facilitar” el regreso de Abrego García no significaba que tenía que tomar acción alguna.
El 12 de marzo, después del trabajo, Abrego García recogió a su hijo de 5 años de la casa de su abuela y manejó de regreso a su casa en Beltsville. Él creyó que sería una infracción de tránsito rutinaria y llamó a su esposa.
En marzo de 2019, la policía había detenido a Abrego García por el “delito” de buscar trabajo de construcción en un estacionamiento de Home Depot, un lugar que, según la policía, era frecuentado por miembros de pandillas. Después de siete meses en la cárcel, un juez lo liberó, bloqueando su deportación a El Salvador.
Sin embargo, la misma acusación de pertenecer a una pandilla fue usada para detener a Abrego García esta vez. Minutos después, Vásquez Sura, quien es ciudadana de Estados Unidos, recibió una llamada del Departamento de Seguridad Nacional, informándole que tenía 10 minutos para recoger a su hijo antes de que lo pusieran bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Al llegar, encontró a su esposo sentado en la acera, esposado. Negándole el debido proceso y el derecho a una audiencia, fue enviado a un centro de detención y deportado.
Vásquez Sura declaró en una abarrotada conferencia de prensa en la oficina de Casa de Maryland el 4 de abril que se enteró de que Abrego estaba encarcelado en el CECOT por una foto que vio unos días después.
“Los hombres estaban doblados en el suelo, con su cabeza hacia abajo y con los brazos sobre la cabeza”, dijo. “Había un hombre con dos cicatrices en la cabeza y tatuajes similares a los de Kilmar. Amplié la imagen para verlo más de cerca. Se me detuvo el corazón. Era Kilmar”.
“Mi esposo fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos”, dijo. “A todos los trabajadores y familias que se encuentran en la misma situación, también estoy luchando por ellos.
“Todos debemos imaginarnos si esto les sucediera a ustedes al conducir de regreso a casa del trabajo: detenidos, deportados ilegalmente y sin poder comunicarse con sus seres queridos, sin ninguna señal del debido proceso, un pilar sobre el que se fundó este país”, dijo Michael Coleman, presidente general de SMART. “Estaremos con ustedes, nos organizaremos, nos movilizaremos, lucharemos hasta que se haga justicia, hasta que Kilmar regrese a casa”.
Unos 20 dirigentes nacionales y miembros del Local 100 de SMART, el local al que pertenecía Abrego García, se unieron a decenas de partidarios en la conferencia de prensa con carteles que decían: “Apoyo a Kilmar Abrego García”. Inicialmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó que él era miembro de una pandilla, pero ante las protestas, las autoridades migratorias admitieron que su deportación fue un “error administrativo”. Pero que ya no podían hacer nada al respecto.
Juez ordena regreso de Abrego
La jueza federal de distrito Paula Xinis dictaminó el 4 de abril que la deportación constituyó una flagrante violación de una orden judicial que le permitía permanecer en Estados Unidos. “Como reconocen los acusados, no tenían autoridad legal para arrestarlo, ni justificación para detenerlo, ni motivos para enviarlo a El Salvador”, escribió.
Ordenó al gobierno que regresará a Abrego García a Estados Unidos antes del 7 de abril.
La administración está intensificando su retórica antiinmigrante y sus medidas para ampliar las instalaciones para encarcelar a trabajadores, ya sea en Estados Unidos, en la base de Guantánamo en suelo cubano o en el CECOT. Esto tiene como fin intimidar a los millones de trabajadores indocumentados, reforzar su estatus de segunda clase e intensificar su explotación. Esta es una política bipartidista destinada a dividir a la clase trabajadora y facilitar las ganancias de los patrones.
No obstante, a lo largo de los años millones de personas trabajan con inmigrantes. Sus hijos van a las mismas escuelas. Asisten a las mismas iglesias y luchan juntos para fortalecer sus sindicatos. Un mayor número de sindicatos está defendiendo a sus miembros, tengan o no documentos.
El día de la audiencia, miembros del Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines se manifestaron con pancartas que decían “Un sindicato, una familia, una lucha”, y “Nuestro sindicato apoya a nuestro hermano Kilmar Abrego García del sindicato SMART, porque un ataque a uno es un ataque a todos”.