Los capitalistas en Estados Unidos y los partidos Demócrata y Republicano al servicio de sus intereses coinciden en que la política migratoria del país debe basarse en las necesidades de los patrones. Abren la válvula cuando los patrones necesitan trabajadores y la cierran cuando cae la producción en las fábricas y la agricultura.
El uso de trabajadores inmigrantes sin papeles es una pieza esencial de la combinación de elementos que le permite a los patrones sembrar divisiones entre los trabajadores, y las utilizan para reducir los salarios y atacar las condiciones de todos.
Las diferencias tácticas en la clase dominante sobre el ritmo de la inmigración, reflejadas a través de la interminable “resistencia” de los demócratas liberales destinada a derrocar la presidencia de Donald Trump, han producido agudas divisiones en Washington y un cierre parcial del gobierno federal.
El pueblo trabajador no tiene ningún interés en apoyar a ninguno de los bandos de esta refriega sobre la necesidad de los capitalistas de mano de obra barata. Debemos centrarnos en luchar por la amnistía para todos aquellos en Estados Unidos que carezcan de papeles que el gobierno considera “apropiados”. Este es el camino para unificar a la clase trabajadora, sindicalizar a los trabajadores y luchar contra los ataques de los patrones y su gobierno.
Los trabajadores también tienen interés en defender los derechos de personas de otros países que buscan solicitar el status de refugiado en Estados Unidos por temor a la violencia o la persecución.
Pero los llamamientos de una capa de liberales y radicales de clase media a “abrir las fronteras” no son más que posturas utópicas destinadas a ganar puntos contra sus oponentes en la política burguesa, como Trump, sin ninguna intención de implementarlas.
La administración Trump favorece controles más estrictos sobre la inmigración y ha exigido al congreso que financie un muro más grande a lo largo de la frontera con México para reducir la cantidad de personas que entran sin ser procesadas. Los demócratas derraman lágrimas de cocodrilo por los inmigrantes y usan su mayoría en la Cámara de Representantes para mantener el cierre del gobierno federal.
El hecho es que algunas de las restricciones más estrictas sobre inmigración fueron promulgadas bajo administraciones demócratas. En 1996 el presidente William Clinton firmó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. Expandió los poderes de la policía de inmigración para hacer redadas y deportar a los acusados de ser “ilegales” y autorizó la construcción del muro fronterizo. La odiada migra creció, convirtiéndose en la agencia policial federal más grande. Las deportaciones alcanzaron un máximo histórico en el último año de la presidencia de Clinton.
Las redadas de fábricas se dispararon bajo George W. Bush, pero se detuvieron después que millones de trabajadores inmigrantes se declararan en huelga y protestaran el Primero de Mayo de 2006.
Las primeras secciones de un muro fronterizo fueron construidas cerca de San Diego en 2000, bajo Clinton. Fue extendido bajo George W. Bush y nuevamente bajo Barack Obama, cubriendo más de 650 millas. “Hemos hecho mucho más de lo solicitado”, se jactó Obama en 2011. Sus esfuerzos fueron respaldados al 100 por ciento por la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Obama amplió dramáticamente las “expulsiones forzadas” de inmigrantes, lo que aumentó considerablemente las penas por “reingreso ilegal” a Estados Unidos, y durante su presidencia, el número de procesamientos por delitos graves bajo este cargo fue un promedió de más de 35 mil al año.
El ‘cierre’ gubernamental
Si el gobierno federal cerrara para siempre, millones de trabajadores no echarían de menos a los policías y carceleros de los gobernantes. Tampoco extrañarían a las legiones de reguladores federales que ponen trabas a todo lo que los trabajadores necesitan solicitar. Pero eso no va a suceder.
Estos ‘cierres’ son cuidadosamente selectivos. Están exentos todos los órganos represivos del gobierno capitalista: el ejército, la Guardia Nacional, la policía fronteriza, los guardias de las prisiones federales y otros. La clase patronal no dejará que estos pilares de su dominio caduquen ni por un solo minuto.
Algunos mandatos federales, incluyendo el Seguro Social, Medicare y Medicaid continúan. Pero nadie que llegue a ser elegible durante el cierre podrá registrarse para estos programas.
Lo que sí “cierra” son muchas agencias y trabajos que efectúan los pagos a trabajadores y otras personas que necesitan beneficios de asistencia social, cupones de alimentos, alivio de desastres y programas similares. Los agricultores no tampoco pueden obtener préstamos federales.
Hasta el momento, de los 2.1 millones de empleados federales, aproximadamente 380 mil no han recibido pago, y otros 420 mil fueron llamados a trabajar, pero no recibirán pago hasta después del cierre.
Los demócratas y republicanos se culpan mutuamente por el cierre, pero ambos son responsables. Es otro ejemplo del desdén de los gobernantes hacia la crisis que enfrentan los trabajadores hoy día.