NUEVA YORK — Los casi 9 mil trabajadores presos en la ciudad de Nueva York tienen poco o ningún acceso a libros o periódicos.
La lucha por cambiar esto es parte de una lucha nacional más amplia para que los trabajadores que se encuentran tras las rejas puedan obtener los libros y periódicos de su elección, para tener acceso a la cultura y a literatura política.
Una audiencia del Concejo Municipal el 26 de febrero reveló algunos de los hechos durante un debate sobre un proyecto de ley sometido por el concejal Daniel Dromm que permitiría mayores servicios bibliotecarios en las cárceles. Pero ni un solo periódico, radio o estación de televisión se molestó en informar sobre este, a excepción del Gothamist por Internet.
Solo dos de las 16 cárceles y salas hospitalarias para presos de la ciudad tienen una biblioteca permanente. La primera apenas abrió sus puertas en 2016. Están abiertas solo un día a la semana y a los presos solo se les permite entrar una vez cada dos semanas.
Estos son los afortunados. Para el resto, el personal de la Biblioteca Pública de Nueva York en Manhattan, Brooklyn y Queens colabora para mandar carritos de libros, a menudo operados por voluntarios. Los presos solo pueden sacar dos libros a la vez.
Es peor para aquellos en confinamiento solitario. Según el antojo de los carceleros, a algunos en las llamadas Unidades Especiales de Alojamiento se les permite presentar por escrito una solicitud por lectura. Aún así no se les permite solicitar un libro específico, solo el género preferido. Y luego quizás reciban algo o no.
Cuando le preguntaron a una funcionaria penal al respecto, respondió insensiblemente que los presos pueden obtener libros si sus parientes los compran y se los envían. “¿Y si no tienen parientes?”, preguntó un concejal. La oficial solo se encogió de hombros.
Hay más restricciones aún. Los libros no deben ocupar más de un pie cúbico en la celda.
El proyecto de ley de Dromm requeriría que los funcionarios penitenciarios otorguen a los presos acceso diario a una biblioteca de las 8 a.m. a las 9 p.m., excepto cuando estén en “confinamiento”. Pero el proyecto no incluye fondos para libros o bibliotecarios, ni sanciones si los carceleros no cumplen.
Hasta esto es demasiado para los funcionarios penitenciarios. Una declaración de los funcionarios del Departamento de Corrección, Becky Scott y L. Patrick Dail, leída durante la audiencia cínicamente afirmó que los carceleros están “dispuestos a expandir los esfuerzos actuales”, pero se oponen al proyecto de ley.
Libro Por Las Rejas, representantes de la Biblioteca Pública de Nueva York y otros grupos se declararon a favor del proyecto de ley, argumentando que un acceso más amplio a los libros sería un paso adelante.
Beena Ahmad de Libros Por Las Rejas, dijo que el proyecto de ley permite que las autoridades penitenciarias censuren cualquier publicación que crean “puede comprometer la seguridad del centro”. Esto “puede ser algo que se puede aplicar de manera arbitraria”, dijo Ahmad, y “ser empleado para impedir que los libros políticos ingresen en las cárceles, como los que tratan sobre los derechos civiles o critican al gobierno”.
El Gothamist entrevistó a Camilla, ex prisionera de Rikers, quien no quiso que se publicara su apellido. Ya que solo le permitían dos libros cada dos semanas, “Yo me los acababa rápido”, dijo.
La familia de Camilla le enviaba libros. Pero cuando los guardias encontraron su mini biblioteca, dijeron que era demasiado grande y la obligaron a devolver los libros a su casa.
¿Y periódicos? Camilla dijo que el personal les permitía a las mujeres en su edificio solo un periódico. “A menudo casi estaban hechos trizas con las noticias sobre arrestos, cargos y Rikers Island literalmente recortadas”, dijo el Gothamist.
Nili Ness, la primera y única bibliotecaria de servicios correccionales de la Biblioteca de Queens, fue una de las que se pronunciaron a favor del proyecto de ley. Tres veces a la semana trae libros al complejo de 10 cárceles de Rikers Island.
“Cuando trabajas en Rikers Island, te das cuenta de la magnitud de la necesidad”, dijo a los medios el año pasado. “Todavía hay grandes áreas del complejo carcelario que no reciben ningún tipo de servicio bibliotecario, aparte quizás del acceso a la biblioteca jurídica”.