La anulación del fallo en el caso Roe vs Wade por la Corte Suprema ha reabierto un debate muy necesario sobre el camino a seguir para impulsar la lucha por la igualdad de la mujer. Es importante discutir por qué se tomó esa decisión en 1973 y sus lecciones para la lucha actual del pueblo trabajador para defendernos a nosotros mismos y a nuestras familias del impacto de la crisis capitalista y para la lucha por la emancipación de la mujer.
Las décadas de 1960 y 1970 fueron testigos de importantes acontecimientos que cambiaron para siempre el rostro de la política estadounidense. El poderoso movimiento obrero liderado por negros que derrocó la segregación racial de Jim Crow fue fundamental.
Esa lucha disciplinada y decidida transformó las relaciones sociales en Estados Unidos, cambió como los trabajadores se veían a sí mismos e inspiró a millones de personas por todo el mundo. Sentó las bases para el movimiento de cientos de miles, incluyendo a soldados norteamericanos, que protestaron contra la guerra de los gobernantes en Vietnam.
Estas luchas afectaron la manera de pensar de millones de trabajadores. Se amplió el espacio para luchar por derechos sociales y políticos. Junto con un mayor ingreso de mujeres a la fuerza laboral, esto llevó a una ola de acciones tomadas por las mujeres en desafío de su estado de segunda clase.
En 1960 las mujeres constituían el 38 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos, con ingresos que promediaban el 60 por ciento de lo que ganaban los hombres. Sus esfuerzos para conseguir trabajos mejor pagados se topaban con un muro. Muchas universidades excluían a las mujeres y menos del 10 por ciento de los médicos del país eran mujeres.
En 1969 unas 210 mil mujeres ingresaron a hospitales de la ciudad de Nueva York debido a complicaciones de abortos ilegales mal hechos. Miles murieron en todo el país.
La lucha para despenalizar el aborto surgió como parte de sucesos más amplios. Surgió la oposición a los programas de esterilización forzada del gobierno norteamericano, dirigido especialmente contra las mujeres negras y chicanas. En 1976 el Departamento de Salud de Estados Unidos informó que más del 37 por ciento de las mujeres en Puerto Rico habían sido esterilizadas.
En 1965 se ganaron leyes de acción afirmativa que prohibían la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión u origen nacional, y se ampliaron en 1967 para incluir la discriminación por sexo. El número de mujeres en la fuerza laboral comenzó a aumentar, al igual que sus cheques de pago. Las mujeres exigieron y obtuvieron trabajos mejor pagados en plantas automotrices, acerías, minas y ferrocarriles. Trabajaron junto a hombres y rompieron los prejuicios contra las mujeres, fortaleciendo los sindicatos en el proceso.
Bajo presión, se derrumbaron los obstáculos para las mujeres en muchas universidades: en Dartmouth, Princeton y Yale, y finalmente en la Universidad de Columbia en 1983.
Se comenzó a tener acceso a métodos modernos de anticoncepción, a pesar de las leyes restrictivas. Luego, en 1972, la Corte Suprema dictaminó que los estados no podían prohibir su uso.
Los luchadores por los derechos de la mujer estaban comenzando a ganar terreno en la lucha para convencer a una mayoría a reconocer que el derecho de una mujer a decidir si va a llevar un embarazo a término es necesario para impulsar la igualdad de la mujer.
Estallaron manifestaciones por el acceso seguro y legal al aborto, contra la esterilización forzada y en defensa del derecho a la anticoncepción, con marchas desde Nueva York y Washington hasta San Francisco.
Justo cuando el asunto se convertía en un debate nacional, que era crucial para resolverlo, la mayoría de la Corte Suprema adoptó el fallo Roe en enero de 1973, anulando leyes en 46 estados que restringían el acceso de las mujeres al aborto durante los primeros tres meses de embarazo.
La decisión fue aclamada por millones en ese momento, incluido el Militante. Pero pronto quedó claro que el fallo fue un golpe contra la lucha que apenas empezaba para obtener apoyo para derogar todas las leyes que restringían el aborto.
Roe no se basó en el derecho constitucional fundamental a la igual protección ante la ley garantizado por la Enmienda 14 de la Constitución, sino en cuestiones de privacidad y criterios médicos de “viabilidad fetal”, algo que los opositores al derecho al aborto han utilizado desde entonces para socavar los derechos de la mujer y afirmar que ellos son “pro-vida”.
Tras el fallo de 1973, el liderazgo de clase media de grupos como la Organización Nacional de la Mujer descarriló el incipiente movimiento. Desmovilizaron a las mujeres y las dirigieron a apoyar al Partido Demócrata, sin ningún interés en los vínculos entre el derecho a elegir el aborto y otros problemas que enfrentan los trabajadores y sus familias. Redujeron la lucha para defender los derechos de la mujer a esfuerzos hacia la elección de demócratas para salvar la decisión de Roe.
Restricciones impuestas desde Roe
Al momento de la anulación de Roe, los gobiernos estatales ya habían aprobado más de 1,300 restricciones al derecho al aborto. En 2017, no había un centro médico que brindara abortos en el 89 por ciento de los condados de Estados Unidos.
A diferencia de las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y el acceso a anticonceptivos, que continúan ganando cada vez más aceptación, el acceso al aborto no cuenta con un apoyo abrumador. La opinión pública al respecto sigue profundamente dividida.
La decisión de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade permite reabrir el debate para aclarar cuál es la mejor manera de promover los intereses de la clase trabajadora y de las mujeres. No puede haber un camino hacia la emancipación de la mujer sin abordar la crisis social más amplia que pesa sobre la clase trabajadora y sin defender a la familia, un refugio al que recurren cada vez más los trabajadores.
Hoy en día hombres y mujeres utilizan cada vez más nuestros sindicatos para emprender la lucha por empleos, mejores salarios y condiciones de trabajo, y el fin de los horarios de trabajo brutales, que son clave para los trabajadores que tratan de formar una familia o mantenerla. Esto incluye la lucha por viviendas asequibles y cuidado infantil; la atención médica para todos financiada con fondos federales; aumentos por el costo de vida en todos los contratos sindicales y programas sociales; y el acceso a la adopción y la planificación familiar, incluidos la anticoncepción y los abortos seguros.