La redada armada realizada por el FBI en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago es la última acción de la administración del presidente Joseph Biden, otros demócratas y un círculo de republicanos de “Nunca Trump” en su cacería de brujas que ya lleva más de seis años, y es una de las más peligrosas para la clase trabajadora.
El flagrantemente inconstitucional allanamiento e incautación de los archivos del ex presidente, sientan un precedente que será utilizado contra los trabajadores y nuestros sindicatos a medida que luchemos por mejores salarios y condiciones laborales y nos organicemos independientemente de los partidos de los patrones, Demócrata y Republicano.
Durante nueve horas, unos 30 agentes del FBI registraron la propiedad y confiscaron documentos que, según funcionarios del FBI y de la administración de Biden, eran “clasificados” y “artículos de seguridad nacional”.
También arrebataron los pasaportes de Trump, insinuando que podría huir del país para evitar un enjuiciamiento. Trump dice que había estado colaborando con archivistas federales sobre la disposición de los archivos, como lo han hecho todos los presidentes anteriores, y que era un hecho conocido por la Casa Blanca. También dijo que había desclasificado todos los documentos cuando era presidente.
La orden judicial utilizada para ejecutar la redada cita la infame Ley de Espionaje, utilizada por la administración de Barack Obama para atacar y tratar de silenciar a la prensa. Aprobada con apoyo bipartidista en 1917, la Ley de Espionaje fue usada para incriminar y encarcelar amañadamente al dirigente del Partido Socialista, Eugene Debs, por su oposición a los fines imperialistas norteamericanos en la Primera Guerra Mundial y su apoyo a la Revolución Rusa liderada por los bolcheviques.
El juez Bruce Reinhart, quien autorizó la redada, dijo que hará publica una versión censurada del documento que utilizó el Departamento de Justicia para obtener la orden. Esto permite que la prensa anti-Trump publique filtraciones anónimas que supuestamente explican por qué fue necesaria la redada. Para apoyar sus calumnias el Washington Post alegó que los documentos incautados estaban “relacionados con las armas nucleares”, citando a “personas (no nombradas) familiarizadas con la investigación”, como si esto fuera un hecho.
Trump demandó al FBI el 22 de agosto y exigió que mantuvieran sus manos fuera del material incautado, pidió que se nombrara un “special master” para revisarlo y exigió que el gobierno proporcione más detalles sobre lo que fue confiscado y devuelva lo que no esté en la lista de la orden judicial.
El blanco son los trabajadores
El FBI, la principal policía política de los gobernantes capitalistas, ha sido un arma clave en la guerra de los demócratas contra Trump desde 2016, cuando el entonces director del FBI, James Comey, y otros agentes colaboraron con la campaña de Hillary Clinton para intentar impedir que Trump fuera elegido. Desde entonces, los ex jefes del FBI Comey y Robert Mueller, con la ayuda de agentes que odian a Trump como Peter Strzok, han sido una parte integral de los interminables esfuerzos para evitar que vuelva a postularse y, si es posible, lograr que lo metan en la cárcel.
El FBI recibió el ahora famosamente desacreditado “expediente Steele”, repleto de afirmaciones escandalosas y completamente no verificadas contra Trump por parte de la campaña de Hillary Clinton en 2016. La gran mentira del expediente era que Trump era una herramienta del presidente ruso, Vladímir Putin. Fue utilizado para obtener una orden judicial para interceptar el teléfono del oficial de campaña de Trump, Carter Page, y para organizar una expedición de pesca de dos años y la campaña por un juicio político contra Trump dirigida por Mueller.
Mueller ordenó redadas armadas contra los asociados de Trump. Siete fueron acusados mientras el equipo de fiscales de Mueller trató de presionarlos para que acusaran al presidente de algo.
Esta colaboración entre congresistas demócratas, el FBI y ahora la administración de Biden continúa. Los demócratas se han aferrado a los disturbios del 6 de enero de 2021 para realizar audiencias para difamar a Trump.
En el fondo, esta cruzada está dirigida contra los millones de personas que Clinton condenó como “deplorables”, trabajadores que votaron por Trump con la esperanza de que cambiaría las condiciones a las que se enfrentaban. Su temor a la clase trabajadora lleva a los gobernantes capitalistas a usar todos los medios posibles para evitar que los trabajadores puedan afectar los resultados de una elección de nuevo. El FBI juega un papel insustituible en esta operación.
El FBI ataca a trabajadores, PST
Durante décadas el FBI ha espiado, interrumpido y fabricado casos contra sindicalistas, luchadores por los derechos de los negros, opositores a la guerra imperialista y comunistas como el Partido Socialista de los Trabajadores, utilizando los métodos que usan hoy contra Trump.
La expansión de la policía política después de 1917 fue la respuesta de los gobernantes capitalistas a los trabajadores y agricultores de Estados Unidos que fueron inspirados por la revolución bolchevique. El presidente demócrata Franklin D. Roosevelt ordenó que el FBI persiguiera a los trabajadores de vanguardia para hacer retroceder a los sindicatos industriales y llevar a Estados Unidos a la segunda guerra mundial imperialista.
Agentes del FBI y alguaciles federales allanaron la sede del PST en Minneapolis el 27 de junio de 1941, incautando literatura que detallaría “revelaciones sorprendentes sobre actividades subversivas”, afirmó ominosamente el Minneapolis Tribune. Esta fue una mentira descarada. El gobierno utilizó la Ley Smith de control del pensamiento, recien adoptada, para enjuiciar a 18 dirigentes del sindicato Teamsters y del PST.
Los golpes contra los derechos constitucionales perpetrados hoy por el FBI tienen como objetivo a Trump, un miembro de la clase capitalista. Estos ataques serán usados más ampliamente contra los trabajadores y nuestros sindicatos a medida que aumenten nuestras luchas contra los patrones y su gobierno.