Cuando Washington se convirtió en una potencia imperialista al apoderarse de varias colonias españolas en la Guerra Hispano-Americana de 1898, la Corte Suprema de Estados Unidos, limitó fuertemente en los siguientes años los derechos constitucionales de sus nuevas posesiones. Entre ellas estaban Puerto Rico, Filipinas, Guam, Samoa Americana y, dos décadas más tarde, las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Estos fallos —conocidos como los Casos Insulares— aún están vigentes. Describen a los habitantes de estas posesiones coloniales estadounidenses como “tribus salvajes” y “una raza incivilizada”.
Uno de los primeros casos fue Downes v. Bidwell en 1901, pretendía dejar que los gobernantes capitalistas establecieran un control férreo sobre las riquezas y la población de esos territorios. El caso se trataba de una cuestión de impuestos, pero el fallo abarcó mucho más.
El fallo, escrito en nombre de la mayoría por el juez Henry Billings Brown, determinó que la Constitución podría aplicarse en las conquistas de Estados Unidos de “territorios contiguos habitados solamente por personas de la misma raza o por grupos dispersos de indígenas nativos”. Pero no en las colonias “habitadas por razas extranjeras, que diferían de nosotros en religión, costumbres, leyes, sistemas impositivos y formas de pensar”.
Cinco años antes, Brown había emitido el fallo de la corte en Plessy v. Ferguson, la infame decisión que sostenía que los negros pueden ser relegados a un trato de “separados pero iguales”, una decisión que legalizó la segregación de Jim Crow y se mantuvo vigente durante casi 60 años. No es casualidad que los gobernantes norteamericanos quisieran legalizar la opresión de los negros dentro del país y la subyugación de los pueblos coloniales en el extranjero al mismo tiempo.
Los Casos Insulares también establecieron una distinción entre territorios “incorporados” como Hawái, Oklahoma y Nuevo México, y posesiones “no incorporadas”, como Puerto Rico, que se mantendrían en servidumbre colonial. El tribunal superior dictaminó que en estos territorios, solo se aplicaban los “derechos fundamentales” pero no dijo cuáles eran. Sí, dijo que esos derechos no incluían el derecho al voto, y una decisión posterior de 1922 declaró que en Puerto Rico el derecho a un juicio por jurado no era lo suficientemente “fundamental”.
Actualmente existe una creciente presión política en Puerto Rico y más allá para deshacerse de la justificación descarada del dominio colonial. En un caso decidido por la Corte Suprema el 22 de abril, se le negó la Seguridad de Ingreso Suplementario a José Luis Vaello Madero, residente de Puerto Rico, a pesar de que había sido elegible para recibirlo previamente como residente de Nueva York. Tanto la administración de Trump como la de Biden defendieron al gobierno contra una demanda legal de Vaello Madero. El juez Neil Gorsuch escribió un comentario a la decisión oponiéndose rotundamente a la continua existencia de los Casos Insulares.
“Hace un siglo en los Casos Insulares, este Tribunal sostuvo que el gobierno federal podía gobernar Puerto Rico y otros territorios en gran medida sin tener en cuenta la Constitución”, escribió. “Ya es hora de reconocer la gravedad de este error y admitir lo que sabemos que es cierto: los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución y descansan más bien en estereotipos raciales. No merecen lugar en nuestra ley”.
“Los defectos de los Casos Insulares son tan fundamentales como vergonzosos”, continuó. “Nada en la Constitución habla de Territorios ‘incorporados’ y ‘no incorporados’. Nada en ella extiende a estos últimos solo ciertas garantías constitucionales supuestamente ‘fundamentales’. Nada en ella autoriza a los magistrados a participar en el sórdido negocio de segregar territorios y las personas que viven en ellos por motivos de raza, origen étnico o religión”.
En interés de todo el pueblo trabajador, conviene respaldar el llamado de Gorsuch para anular los Casos Insulares. Mejor aún, sumarnos al apoyo de la lucha de los puertorriqueños por la independencia del dominio colonial norteamericano.