El Congreso de Estados Unidos inició sus labores en 2023 con una pequeña mayoría republicana en la Cámara de Representantes y una pequeña mayoría demócrata en el Senado y con conflictos entre y dentro de ambos partidos de los gobernantes capitalistas.
Ninguno de los dos pretende hacer mucho para promulgar leyes. Ambos tienen la vista puesta en fortalecer su mano para capturar la Casa Blanca en 2024 y perseguir a sus oponentes políticos. Al hacerlo, están asestando golpes a las libertades constitucionales que los trabajadores necesitamos cuando luchamos para defender los intereses de nuestra clase y de todos los oprimidos por el capital.
Las agudas divisiones en el Partido Republicano estallaron en una rencorosa y prolongada disputa sobre la elección de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes. Los demócratas también están muy divididos. Entre las pocas cosas en que están de acuerdo es en el uso del FBI, el Departamento de Justicia y los tribunales para impedir que Donald Trump ocupe de nuevo el cargo. También en prohibir que los trabajadores ferroviarios realicen una huelga para defenderse de los ataques de los patrones contra sus condiciones de trabajo, empleos, salarios y horarios agotadores. Para eso contaron con el apoyo de muchos republicanos.
Luego de lanzar una redada armada del FBI a la casa de Trump en Mar-a-Lago para incautar cajas de documentos almacenados allí, el fiscal general Merrick Garland autorizó una investigación del presidente Joseph Biden cuando se descubrió que había retenido archivos clasificados de cuando era vicepresidente. Dicho material apareció en su casa en Delaware, su oficina y garaje. Los documentos tratan sobre Irán, Ucrania —donde su hijo Hunter tenía intereses financieros— y el Reino Unido. Para minimizar el daño a Biden, Garland le permitió generosamente que sus propios abogados “registraran” sus instalaciones, manteniendo al FBI al margen.
El allanamiento en Mar-a-Lago el pasado agosto fue parte de la campaña de años de los demócratas para convertir a Trump en un criminal. Fue acompañado por la difamación de Biden de que decenas de millones de los llamados republicanos MAGA eran un “peligro claro y presente”.
Garland nombró un “abogado especial” para investigar la posesión de los documentos por Trump. Garland también nombró otro para investigar a Biden. Ahora ambos candidatos a presidente en 2024 están siendo investigados.
Independientemente de quién sea el objetivo, los llamados abogados especiales como estos atentan contra la presunción de inocencia y sientan un precedente que será utilizado contra el movimiento obrero y los opositores al dominio capitalista.
A estos fiscales se les otorgan poderes de gran alcance para obligar a alguien a enfrentar un interrogatorio, armados con citaciones por desacato y la amenaza de cárcel si alguien trata de evitar dar testimonio. Utilizan negociaciones de cargos y condenas para forzar la “cooperación” y las confesiones. Con siete cargos por delitos graves en 2018, el ex jefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, acordó “cooperar” con el abogado especial designado por los demócratas, Robert Mueller, ex director del FBI, a cambio de una reducción de los cargos y penas de cárcel que enfrentaba.
Las revelaciones de que Biden y Trump guardaron documentos del gobierno, clasificados o no, les preocupa poco a los trabajadores. Ambos presidentes ya habían tenido años de acceso a ellos, y mucho más, sobre los planes de los capitalistas para guerras en el extranjero y ataques contra los trabajadores en el país.
Pero el escándalo es un recordatorio de que los gobernantes imperialistas son cada vez menos capaces de proclamar abiertamente los medios que utilizan para promover sus intereses. La clasificación de documentos tiene como objetivo garantizar que lo que quieren ocultar permanezca así.
Los republicanos han señalado el trato draconiano que el Departamento de Justicia le dio a Trump y su toque ligero en el trato con Biden, cuya posesión de material clasificado se descubrió antes de las elecciones de mitad de mandato. Pero las autoridades se aseguraron de mantener en secreto el descubrimiento hasta mucho después de la votación.
Restauración de policía política
El líder de la Cámara de Representantes, McCarthy, anunció que los republicanos habían usado su mayoría para establecer un comité para investigar el uso del gobierno como arma (weaponization). Con el objetivo de escudriñar al FBI y sus servicios para los demócratas durante años, McCarthy dice que el comité expondrá la verdad y tomará medidas para asegurar que “ahora podamos confiar en nuestras fuerzas policiales”.
Los dos partidos gemelos capitalistas —los demócratas y los republicanos— pretenden restaurar al FBI, su agencia central de policía política.
Desde su fundación hace más de 100 años, la policía política ha encabezado las operaciones de espionaje, desorganización y hostigamiento de los gobernantes. Tras la primera guerra mundial imperialista, los sindicatos, el recién creado Partido Comunista y los trabajadores inmigrantes fueron el blanco de sus ataques, incluyendo las Redadas Palmer de 1920.
Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el FBI ha jugado un papel clave en los ataques a la libertad de expresión y de asamblea, a las protecciones contra registros e incautaciones irrazonables y otras libertades constitucionales. El verdadero carácter de clase del FBI quedó expuesto claramente a través de la histórica demanda legal del Partido Socialista de los Trabajadores iniciada en 1973 y ganada en 1986. Esa historia se relata en los libros 50 años de operaciones encubiertas en EE.UU. y en FBI on Trial de la editorial Pathfinder.
La lucha contra los ataques del gobierno a las libertades constitucionales necesarias y utilizadas por los trabajadores, nuestros sindicatos y organizaciones políticas sigue estando hoy al centro de la política.