Jubilados y otros trabajadores protestaron frente al menos una decena de oficinas gubernamentales por todo Irán el 22 de enero, para exigir un aumento sustancial del salario mínimo y las pensiones.
Convocados por el Sindicato de Trabajadores de la Caña de Azúcar de Haft Teppeh, el Comité Coordinador para Ayudar a Construir Sindicatos, los Jubilados del Seguro Social de Juzestán y el Grupo de Sindicalistas Jubilados, los trabajadores están planeando más acciones a nivel nacional todos los domingos.
Los trabajadores involucrados en luchas por mejores condiciones laborales y en defensa de los derechos de los trabajadores han ganado confianza tras tres meses de protestas a raíz de la muerte de Zhina Amini el 16 de septiembre. La joven kurda había sido arrestada en Teherán por la policía “de la moralidad” por presuntamente violar el código de vestimenta.
El anuncio del gobierno de un aumento salarial del 20% para los trabajadores públicos es en realidad un recorte salarial, dijo la coalición, porque la inflación anual está cerca del 50%. La crisis capitalista se ve exacerbada por el costo de las intervenciones militares del régimen iraní en Iraq, Líbano, Siria y Yemen y el impacto de las sanciones de Washington y la Unión Europea. El valor de la moneda de Irán en relación con el dólar estadounidense cayó a un nuevo récord el 22 de enero.
Los trabajadores necesitan un salario mínimo mensual de 25 millones de tomanes (555 dólares), dice la declaración, “para defender sus vidas y las de sus familias y seres queridos”.
Decenas de maestros jubilados en Teherán, en su mayoría mujeres, corearon “precios altos, inflación, desastre para la vida de la gente”. Hubo protestas en Kurdistán, Yazd, Juzestán, Gilán, Isfahán y otras provincias.
Las autoridades de la República Islámica dicen que defienden los intereses de los trabajadores, pero un dirigente de las protestas explicó que el Consejo Laboral Supremo del gobierno, que fija el salario mínimo, actúa en los “intereses de los propietarios capitalistas y nada más”.
“Los trabajadores podemos ejercer nuestro poder y ser responsables de tomar decisiones a favor de nuestros intereses de clase solo mediante la creación de organizaciones obreras independientes del gobierno, los patrones y los partidos políticos”, escribió el jubilado Ali Nejati en el sitio web del sindicato de trabajadores de la caña de azúcar.
Si bien el régimen clerical-burgués ha asesinado a más de 500 manifestantes y detenido a miles de personas desde que comenzaron las protestas, ha sido más cauteloso en su forma de abordar las luchas obreras por salarios y condiciones. En los últimos años un buen número de dirigentes de los sindicatos de maestros y choferes de autobús han sido encarcelados bajo cargos amañados, pero la policía no ha intervenido en la mayoría de las últimas acciones obreras o protestas de agricultores, una señal del temor de los gobernantes del poder de la clase trabajadora.
Las protestas semanales continúan en Baluchistán —incluida una de miles de personas en Zahedan el 20 de enero— hogar de la etnia baluchi de mayoría musulmana sunita y de otras minorías oprimidas.
Aliados cercanos del líder supremo, el ayatolá Ali Khamanei, han condenado a Maulana Abdul-Hamid, el clérigo sunita más prominente del país, con sede en Zahedan, por exigir la libertad de culto, la igualdad de las mujeres, el fin de la pena de muerte, la igualdad de derechos para los baluchi, árabes, azerbaiyanos, kurdos y otras nacionalidades oprimidas y la liberación de los presos políticos.
El gobierno había admitido “fallas” tras la muerte de 80 manifestantes pacíficos a manos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la policía y matones del Basij en una protesta el 30 de septiembre en Zahedan. No obstante, a fines de diciembre el gobierno nombró al general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Mohammad Karami como nuevo gobernador de la provincia.
La Guardia Revolucionaria es ampliamente odiada por sus brutales ataques a nivel nacional y por su papel en las guerras de los gobernantes iraníes en el extranjero. La oposición a las aventuras bélicas contrarrevolucionarias del régimen en el extranjero, destinadas a extender su presencia reaccionaria en todo el Medio Oriente, ha sido una característica de la ola de protestas desde finales de 2017.
Problemas con código de vestimenta
Tras la muerte de Amini, el régimen retiró a la policía “de la moralidad” de las calles de Teherán, con la esperanza de no provocar más protestas. Miles de mujeres en Teherán, y en menor medida en otras ciudades, no se cubren el cabello, mientras que otras siguen haciéndolo.
En un reconocimiento del desafío que enfrenta el régimen, el Líder Supremo ayatolá Ali Khamenei dijo el 3 de enero que un hiyab débil es inapropiado, “pero no debería ser causa para que esa persona sea vista como que está fuera de la religión y la revolución”.
A mediados de enero emitió nuevas reglas según las cuales las mujeres que violen el código enfrentarán multas, confiscación de sus vehículos y despido de sus trabajos en lugar de ser arrestadas. Las empresas que las dejen entrar también serán multadas.
Hace poco, cuando tres estudiantes de secundaria en Yazd subieron a un autobús, una pasajera y su hija les dijeron que se cubrieran y se pusieran el hiyab y amenazaron con denunciar a las estudiantes a las autoridades escolares.
“No tiene nada que ver contigo”, dijo una estudiante, negándose a cubrirse el cabello. La mujer mayor le dijo al conductor que no debería permitir que las mujeres viajaran en el autobús sin el hiyab adecuado.
El conductor respondió: “No es asunto mío”.