Para el 14 de febrero, el número de muertos a raíz del terremoto en Turquía llegaba a unas 35 mil personas, con un número incontable aún enterrado entre los escombros. Es la cifra más alta en casi un siglo. Más de 5,500 han muerto hasta ahora en el norte de Siria.
Cientos de miles de sobrevivientes pasan noches heladas en tiendas de campaña abarrotadas, con poca comida. “No hay electricidad, no hay agua, no hay escusados”, dijo Saba Yigit, una niñera, al New York Times. En Adiyaman, una ciudad de 300 mil habitantes, las familias cavaron tumbas y derribaron las paredes de los supermercados y tiendas de comestibles en busca de comida y agua.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que era “imposible prepararse para la magnitud del desastre”. Pero no es ningún secreto que la región se encuentra en una línea de falla sísmica.
El gran número de muertes no es resultado solo de la magnitud del temblor, sino de la horrenda calidad de la vivienda y otras condiciones miserables en las que vive el pueblo trabajador. Ni el gobierno turco o el sirio, ni Washington, Moscú, Teherán y otras potencias que intervienen en la región tienen intención de cambiar eso. Además, sus conflictos y guerras por territorio e influencia dificultan los esfuerzos de rescate.
Los efectos del terremoto se convierten en un desastre social como resultado de la búsqueda de ganancias en la que se basa el capitalismo.
En el norte de Siria, el terremoto del 6 de febrero agregó penurias a la guerra civil de 10 años en la que han muerto más de medio millón de personas. Comenzó después de que el régimen del presidente Bashar al-Assad intentó aplastar un levantamiento popular por derechos políticos en 2011. Moscú y Teherán intervinieron, proporcionando una fuerza militar que fue decisiva para apuntalar a la dictadura.
Decenas de miles de civiles están sin hogar en el norte de Siria. Los edificios, incluidos hospitales y centros de salud, en las áreas controladas por los rebeldes ya estaban debilitados por años de bombardeos de las fuerzas de Assad y Moscú.
Desde 2016, los gobernantes turcos han lanzado cuatro incursiones militares en el norte de Siria, en gran parte dirigidas contra las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) con base kurda. Las YPG ganaron el control de gran parte del área donde viven unos 2 millones de kurdos sirios. Ankara ve el control kurdo como una amenaza por el ejemplo que brinda a los kurdos en Turquía quienes han combatido los ataques del gobierno contra sus derechos nacionales durante décadas.
Los alrededor de 30 millones de kurdos son una nacionalidad oprimida repartida entre Irán, Iraq, Siria y Turquía. Todos los gobernantes capitalistas de estos países han suprimido la lucha de los kurdos por un territorio propio con la complicidad de Washington. Los gobernantes estadounidenses mantienen 900 soldados en el norte de Siria para proteger sus propios intereses estratégicos en el Medio Oriente.
En los últimos años Erdogan ha intensificado la represión de los kurdos en Turquía, los ataques a Siria y los ataques a los derechos políticos. Menos de una semana después del terremoto, las fuerzas turcas llevaron a cabo un mortífero ataque con drones en la ciudad de Kobane, en el norte de Siria.
Algo de ayuda ha comenzado a llegar a Turquía. Ucrania envió 88 socorristas el 9 de febrero. “Hay una guerra en nuestro país, pero entendemos que tenemos que ayudar”, dijo Oleksandr Khorunzhyi, portavoz del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.
El 12 de febrero llegó una brigada médica especializada de 32 personas procedente de Cuba. El Contingente Internacional Henry Reeve fue establecido por Fidel Castro en 2005 para ofrecer ayuda a los residentes de Nueva Orleans después del huracán Katrina, una oferta que el gobierno norteamericano rechazó. Desde entonces, la brigada ha asistido a poblaciones afectadas por terremotos en más de media docena de países, desde Paquistán y Perú hasta Haití.
Voluntarios de Turquía han creado un sistema de atención médica improvisado. Un avión lleno de médicos y enfermeras llegó desde Estambul. “Acabo de escuchar las noticias y pensé, no puedo quedarme en casa”, dijo al New York Times Mumtaz Buyukkoken, médico interno de 27 años. El gobierno turco envió 141 mil trabajadores humanitarios.
En las áreas afectadas por el desastre con grandes poblaciones kurdas, alevíes y árabes, la gente se está organizando en gran parte sin ayuda del gobierno, dijo al Militante Turan Zorlis, un voluntario kurdo de la Asociación Cultural de Trabajadores Refugiados en Londres. El gobierno discrimina, dijo, concentrando sus esfuerzos principalmente en áreas pobladas por simpatizantes del AKP, el partido de gobierno.
Ira dirigida a Erdogan
En toda Turquía, el dolor se está convirtiendo en ira dirigida hacia el gobierno, el cual consolidó el control sobre los programas de socorro del país para casos de desastre.
Entre 2018 y 2019, el gobierno recaudó 3.1 mil millones de dólares permitiendo que los propietarios de edificios pagaran para registrar sus propiedades sin instalar disposiciones de seguridad que se supone ofrecen protección contra terremotos. Enfrentando crecientes quejas, el gobierno de Erdogan se volvió contra los propietarios de las empresas culpándolos por una construcción inferior.
Los primeros suministros enviados a la zona controlada por los rebeldes de Siria fueron entregados el 9 de febrero por un convoy de Naciones Unidas que cruzaba desde Turquía. Durante años, las potencias capitalistas que entregan asistencia a los 4 millones de personas que viven allí lo han hecho a través de Turquía. Assad y sus partidarios en Moscú quieren aplastar a los rebeldes y dicen que los envíos de ayuda violan la soberanía siria.
Assad ha reiterado su demanda de que toda la ayuda se coordine con su gobierno.
Washington ha anunciado que va a suspender sus sanciones contra Siria durante seis meses. Estas sanciones pesan más sobre los trabajadores y agricultores, añadiendo al colapso social y económico generalizado producido por la guerra civil.