Al mismo tiempo que el fiscal de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg, presentó cargos contra el expresidente Donald Trump, que hasta él admite van a ser difíciles de probar, fiscales federales anunciaron planes de presentar cargos contra 1,200 personas más en conexión con los tumultos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
Estas medidas reflejan el extenso ataque del gobierno contra las libertades constitucionales. Ampliamente descrita en la prensa como la operación más extensa del FBI en su historia, está diseñada para impulsar la reelección del presidente Joseph Biden en 2024 y evitar que Trump vuelva a ocupar el cargo.
La operación está al nivel de los esfuerzos del FBI para incriminar y encarcelar a los dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores en vísperas de la segunda guerra imperialista mundial; su cacería de brujas anticomunista a finales de los años 40 y principios de los 50; sus operaciones Cointelpro contra el PST, los luchadores por los derechos de los negros, los opositores a la guerra de Vietnam y otros en los años 60; y su guerra de décadas contra los luchadores por la independencia de Puerto Rico.
Actualmente, los demócratas están impulsando siete diferentes procesos civiles y penales contra Trump.
Los republicanos están igualmente dispuestos a destrozar los derechos políticos en las contiendas para decidir cuál partido gobernará para los patrones. Pero los demócratas y sus aliados radicales de clase media están mucho más avanzados en esa empresa.
Sus ataques a las libertades constitucionales atentan contra los derechos que el pueblo trabajador necesita y usa para defender nuestros intereses de clase.
Las bien orquestadas audiencias del comité del 6 de enero concluyeron en diciembre. Pero el Departamento de Justicia y los fiscales federales están decididos a garantizar que los medios liberales tengan material para continuar diseminando histeria durante la campaña electoral de 2024.
Se han aprovechado del sistema de “negociación de culpabilidad”, un ataque atroz al derecho a un juicio imparcial ante un jurado de sus pares, para acumular una asombrosa tasa de condena del 99.8 por ciento. Hasta el momento han logrado extraer acuerdos de culpabilidad de por lo menos 450 personas.
Los que se declararon culpables recibieron un promedio de 13 meses menos de prisión por los mismos delitos el 6 de enero que los que insistieron en ejercer su derecho a un juicio.
El juicio de Jacob Chansley fue típico de como el gobierno socavó la presunción de inocencia. Fue sentenciado a cuatro años de cárcel al declararse culpable de obstruir un proceso oficial, después de ser amenazado con cargos de “entrada violenta y alteración del orden público”.
Pero es posible que Chansley no se hubiera declarado culpable de nada si él o sus abogados hubieran sido informados de la existencia de un video que muestra que oficiales lo escoltaron pacíficamente por los pasillos del capitolio.
El FBI usó los disturbios del 6 de enero para realizar una indagación indiscriminada, asestando golpes a las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. Obtuvo una orden jtimeudicial que obligó a Google a rastrear la ubicación de millones de usuarios de teléfonos celulares y luego entregar los datos de 5,700 teléfonos usados ese día en el capitolio o cerca de este.
El extenso uso por el gobierno de “fuentes humanas confidenciales” (jerga del FBI para informantes) durante y después del 6 de enero se reveló durante el reciente juicio de cinco miembros de los Proud Boys. Están acusados bajo las leyes de control del pensamiento de sedición por conspirar para derrocar al gobierno.
Hasta el 22 de marzo, se sabía que al menos nueve soplones del gobierno estaban informando sobre los Proud Boys. La informante Jennylyn Salinas, ex funcionaria de Latinos por Trump, mantuvo regularmente conversaciones con los acusados, sugiriéndoles posibles testigos para la defensa y participó en oraciones con sus familias. Se reunió con sus abogados defensores e hizo “indagaciones detalladas” sobre la defensa, informó uno de los abogados.
Algunos de los informantes del FBI han dicho que quieren testificar a favor de los acusados. Pero, en otro golpe a los derechos políticos, el juez Timothy J. Kelly se negó a permitir que los abogados defensores pusieran en el estrado al informante Kenneth Lizardo.
Junto con su uso del FBI como policía política partidista, los demócratas también están atacando el derecho a tener conversaciones privadas y privilegiadas con abogados. Lograron que un juez cooperativo permitiera que Evan Corcoran, uno de los principales abogados de Trump, fuese interrogado por un gran jurado el 24 de marzo. El objetivo es la supuesta posesión de documentos clasificados por parte del expresidente.
El fallo del juez viola la Sexta Enmienda a la Constitución, que protege el derecho de cualquier persona acusada de un delito a un abogado defensor.
‘Atrapar a Trump a toda costa’
“Nadie está por encima de la ley”, dicen repetidamente los demócratas cuando exigen que se procese a Trump. Lo que en realidad están diciendo es que ninguna protección constitucional debería interponerse en el camino para destruir su vida política y su familia.
“Donald Trump debe ser procesado”, exigió el columnista del New York Times Charles Blow el 15 de marzo. El “delito” del expresidente fue realizar pagos en 2016 a Stephanie Clifford para que no revelara su supuesta relación. Pero el estatuto de limitaciones para el cargo ya ha expirado.
Los ataques a las protecciones constitucionales por el FBI, los fiscales, jueces y gobierno han sido la norma durante las audiencias y juicios sobre el 6 de enero. Hoy tienen como objetivo a Trump, líder de uno de los dos partidos principales de los gobernantes capitalistas, y a cientos de sus partidarios, a quienes se les ha espiado y se les han negado los derechos que necesitan para defenderse.
Al final de cuentas estas erosiones de las libertades serán usadas para perseguir a trabajadores, agricultores y sus combatientes de vanguardia. Es crucial que nos mantengamos en guardia contra cualquier violación de estas protecciones y salvaguardarlas. Sobretodo para las luchas obreras que se avecinan.