Frente a la creciente oposición, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, suspendió el 27 de marzo la “reforma” judicial impulsada por su gobierno. Las protestas incluyeron una huelga nacional en los aeropuertos, la bolsa de valores y los hospitales convocada por la federación sindical Histadrut. Miles de reservistas del ejército también anunciaron que se negarían a servir si se aprobaba la reforma. “Cuando existe la posibilidad de evitar una guerra civil mediante el diálogo”, dijo Netanyahu, “yo, como primer ministro, tomo una pausa para el diálogo”.
La decisión del régimen de “pausar” se produjo después de 12 semanas de protestas de cientos de miles de personas, incluida una en Tel Aviv (arriba). Netanyahu tuvo pocas opciones después de que las asociaciones de patrones capitalistas, que representan a la clase dominante israelí, también se manifestaran en contra de la intención del gobierno de imponer la reforma. Y Washington, el aliado extranjero clave de Israel, llamó a desistir de ella y a realizar negociaciones.
La reforma, impulsada especialmente por los partidos derechistas en la coalición de Netanyahu, le daría a su gobierno más voz en la selección de los jueces del tribunal superior, y al parlamento el poder de anular las decisiones del tribunal superior con una simple mayoría de votos, lo que dejaría al tribunal casi sin poder. Actualmente, los jueces son seleccionados por un comité de nueve, en el que la coalición gobernante es minoría. Israel no tiene constitución y el tribunal de tendencia liberal a menudo justifica sus fallos sobre la base de la “razonabilidad” y otras doctrinas no escritas.
El gobierno de Netanyahu esperaba utilizar la reforma para impulsar su programa sin interferencia judicial.
Los últimos años han sido políticamente turbulentos en Israel, con cinco gobiernos diferentes formados en los últimos cuatro años. El gobierno actual se formó cuando Netanyahu pudo tejer una coalición que gobierna con una mayoría de cuatro votos en el Knesset.