Desde el momento en que Donald Trump anunció su candidatura en 2016, los demócratas y sus aliados liberales en los medios de comunicación y la izquierda de clase media lo han atacado. Más importante aún, han atacado a los millones de trabajadores que Hillary Clinton denominó como “deplorables”.
Los gobernantes capitalistas “nos temen porque reconocen que un mayor número de trabajadores están empezando a ver que los patrones y sus partidos políticos no tienen ‘soluciones’ más allá de imponernos aún más el costo —monetario y humano— de la crisis de su sistema”, escribió Steve Clark en su introducción de octubre de 2016 a El historial antiobrero de los Clinton: Por qué Washington le teme al pueblo trabajador.
El comité electoral de Hillary Clinton le pagó a un ex espía británico para que preparara un expediente que difamara a Trump como agente ruso. Los demócratas lograron que los tribunales encarcelaran a ocho asociados políticos de Trump. Organizaron dos juicios políticos fallidos contra Trump. Más recientemente, encargaron al Departamento de Justicia y a algunos fiscales a que presentaran cargos amañados contra él para intentar destruirlo e impedir su reelección en 2024.
Pero la reelección de Trump el 5 de noviembre confirmó que la mayoría de los trabajadores estaban hartos de la administración demócrata debido al flagelo de los altos precios y otros efectos de la crisis capitalista actual, así como por sus ataques a los derechos constitucionales. Los trabajadores estaban buscando una alternativa a la administración Biden con la esperanza de obtener algún alivio.
Como resultado, los demócratas y la izquierda están realizando algunas retiradas tácticas mientras preparan nuevos ataques. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, presentó una moción el 25 de noviembre para desestimar su caso contra Trump por impugnar el resultado de las elecciones de 2020. Este caso fue un flagrante ataque a la libertad de expresión, ya que Smith buscó criminalizar a Trump por cosas que dijo, no por nada de lo que hizo.
A las pocas horas de que Smith presentara su decisión, la jueza Tanya Chutkan concedió su moción. Pero dijo que lo hacía “sin prejuicios” y que los fiscales podrían volver a presentar el mismo caso una vez que Trump deje la presidencia en 2029.
Tratan preservar casos amañados
Smith también solicitó el 25 de noviembre retirar a Trump de la lista de acusados en el caso sobre documentos clasificados en su posesión incautados en su propiedad de Mar-a-Lago. La jueza Aileen Cannon ya había desestimado el caso, pero Smith está apelando esa decisión. Quiere seguir persiguiendo a los otros dos acusados.
Trump fue acusado tras una redada armada del FBI organizada por Smith en la propiedad, un asalto con motivaciones políticas que se burla de la protección constitucional contra los registros e incautaciones irrazonables. Trump fue acusado en virtud de la notoria Ley de Espionaje, utilizada en el pasado para atacar y tratar de silenciar a los opositores de las guerras de Washington y contra el Partido Socialista de los Trabajadores.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está tratando de mantener abierto su caso contra el presidente electo. En mayo un jurado de Manhattan condenó a Trump por cargos inventados por Bragg por realizar pagos a cambio de silencio tras un supuesto encuentro sexual hace 18 años con una estrella porno. Desde el principio el caso fue un abuso descarado del derecho a un juicio justo.
Bragg inventó cargos de que los pagos violaban la ley federal de financiamiento de campañas, aún después de que los fiscales federales habían considerado la acusación indebida. El juez Juan Merchan, cuya hija trabajaba para un grupo anti-Trump, dictaminó que el caso podía proceder.
Ahora Merchan ha pospuesto indefinidamente la sentencia de Trump. Pero el presidente electo no puede apelar la acusación falsa hasta que sea sentenciado.
La cacería de brujas contra Trump que ya ha durado ocho años, ha cambiado de terreno. Parte de esto es la estridente campaña para desprestigiarlo como fascista, un uso indebido del término que sería ridículo si no fuera tan peligroso. Hitler aplastó los sindicatos en Alemania en los años 30, llevó a cabo la masacre de 6 millones de judíos en el Holocausto, estableció una dictadura sangrienta y trató de expandir el alcance del capital Alemán en la segunda guerra mundial imperialista.
El uso del término “fascista” para describir a Trump debilita la capacidad de reconocer y combatir el verdadero fascismo cuando surja a medida que se profundice la lucha de clases.
Nuevos ataques
La segunda parte del nuevo esfuerzo de los liberales para perseguir a Trump es utilizar una falange de abogados y propagandistas para atacar a sus nominados para el gabinete y sus esfuerzos para implementar su programa una vez que esté en el cargo.
Uno de sus objetivos es Peter Hegseth, un ex militar que combatió en Iraq y Afganistán, a quien Trump nominó para secretario de defensa. El 19 de noviembre, la oficina del fiscal de la ciudad de Monterey, California, le dio a la prensa un informe policial confidencial sobre un incidente que involucró a Hegseth y que ocurrió hace siete años. Después de revisar el informe en aquel entonces, los fiscales decidieron que no había pruebas suficientes de una agresión sexual para justificar la presentación de cargos contra Hegseth. Pero los fiscales liberales de todos modos le entregaron el informe a la prensa.
Esto establece un precedente peligroso. Su único objetivo es difamar a un oponente político, sin que se hallan presentado cargos. Millones de trabajadores han tenido encuentros con la policía en que se han escrito reportes sin que hallan cargos.
Tales reportes no deben estar a la espera para ser utilizados contra huelguistas u otras víctimas de los espías gubernamentales.
La nominación por Trump de la congresista Lori Chavez-DeRemer como secretaria de trabajo es otro paso en sus esfuerzos para presentar a los republicanos como un partido que defiende a los trabajadores. Su padre fue miembro del sindicato Teamsters, y su nominación ocurrió tras una recomendación del presidente de los Teamsters, Sean O’Brien.
La nominación es “difícil de creer”, se quejaron los directores del Wall Street Journal.
Mientras Trump busca desarrollar una imagen diferente, los demócratas han abandonado cada vez más la apariencia que habían presentado durante décadas como “los amigos de los trabajadores”. Hoy en el Partido Demócrata dominan las capas meritocráticas de clase media alta representadas por el ex presidente Barack Obama.
Ni los demócratas ni los republicanos, inclusive una administración de Donald Trump, hablan en nombre de los intereses del pueblo trabajador. Todos ellos velan por los intereses de las familias capitalistas gobernantes. Los trabajadores están recurriendo a los sindicatos para luchar contra los ataques de los patrones a los empleos, los salarios y las condiciones de trabajo. Cada vez más trabajadores comprenderemos que estas batallas también son batallas políticas y que nuestra clase necesita su propio partido, un partido obrero.
En esta lucha hay mucho en juego en la defensa de las libertades constitucionales frente a los ataques del gobierno, sin importar quién sea el objetivo de esos ataques.