Altos funcionarios de la administración de Donald Trump dicen estar a favor de suspender el derecho constitucional de hábeas corpus, el inalienable derecho de todo individuo, ciudadano norteamericano o no, a cuestionar su arresto ante un tribunal.
La amenaza surgió después de que inmigrantes, con o sin residencia permanente, invocaran con éxito el hábeas corpus para impugnar las mociones del gobierno para expulsarlos del país.
Los derechos de los trabajadores inmigrantes han sido respaldados por protestas lideradas por los sindicatos.
El Artículo 1, Sección 9 de la Constitución de Estados Unidos establece que “El privilegio del recurso de hábeas corpus no será suspendido, salvo en casos de rebelión o invasión, cuando la seguridad pública lo requiera”. Esto codifica las protecciones contra la interferencia del gobierno.
El hábeas corpus, que en latín significa “que tengas tu cuerpo”, permite a cualquier detenido por el gobierno apelar ante los tribunales para obtener su liberación si se encuentra arrestado ilegalmente.
“La Constitución deja claro —y ella es, por supuesto, la ley suprema del país— que el privilegio del recurso de hábeas corpus podría suspenderse en caso de invasión”, declaró a la prensa Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca el 9 de mayo.
Cinco días después, Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Nacional, declaró en una audiencia en el Congreso que, en su opinión, la suspensión del recurso de hábeas corpus era una opción legítima que el presidente puede “considerar”.
De hecho, la facultad de suspender el recurso de hábeas corpus recae en el Congreso, no en el poder ejecutivo. En un fallo judicial de 1861, Roger Taney, presidente del Tribunal Supremo, escribió que la cláusula de suspensión no contiene “la más mínima referencia al poder ejecutivo”.
La administración está planteando esta moción porque tribunales de todo el país están dictaminando que el arresto y la deportación de cientos de inmigrantes sin el debido proceso son ilegales. La Constitución establece que todos deben recibir el debido proceso, ser informados de su derecho a apelar, tener tiempo suficiente para consultar a un abogado y tener una audiencia.
Más de 200 personas fueron deportadas a la infame prisión CECOT en El Salvador después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, alegando que eran miembros de una pandilla criminal.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 7 de abril que toda persona deportada en virtud de esta ley debe recibir una notificación “dentro de un plazo razonable y de tal manera que le permita solicitar un recurso de hábeas corpus” antes de que se produzca dicha deportación.
El 16 de mayo la Corte Suprema suspendió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del gobierno, mientras en tribunales inferiores proceden los casos impugnando la negativa del gobierno a otorgar el derecho a cuestionar dichas órdenes de deportación.
Guerra de gobernantes capitalistas
Defender el hábeas corpus y el derecho al debido proceso es crucial para el pueblo trabajador. En una sociedad dividida en clases, los gobernantes capitalistas utilizan a la policía y los tribunales para imponer su dominio y preservar las relaciones sociales basadas en la explotación de la gran mayoría. Los trabajadores necesitamos estos derechos cuando nos enfrentamos a los patrones.
El hábeas corpus se ha suspendido solo cuatro veces en la historia de Estados Unidos.
Primero, al comienzo de la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln suspendió la protección, lo cual fue declarado ilegal por los tribunales hasta que el Congreso, que había estado en receso, aprobó la acción de Lincoln.
El hábeas corpus fue nuevamente suspendido en 1871 en nueve condados de Carolina del Sur para facilitar las medidas del presidente Ulysses Grant para suprimir una rebelión del Ku Klux Klan y otras fuerzas supremacistas blancas contra el gobierno de Reconstrucción. Estos grupos habían desatado un régimen de terror, deteniendo a africano americanos, vendiéndolos con contratos de trabajo forzado de un año y atacando y asesinando a quienes se interponían en su camino.
Las ocasiones tercera y cuarta se produjeron durante guerras imperialistas impulsadas por los gobernantes capitalistas de Estados Unidos.
El hábeas corpus fue suspendido por el presidente Theodore Roosevelt y el Congreso en 1905, en el sur de Filipinas, durante un levantamiento contra la dominación colonial de Estados Unidos. Tras arrebatarle Filipinas a España en 1898, Washington consolidó su control sobre el norte del país en 1902, pero tardó otra década en reprimir la rebelión del pueblo Moro en el sur. El dominio militar, reforzado con la suspensión del derecho al hábeas corpus, formó parte de la brutal guerra de conquista de los gobernantes capitalistas de Estados Unidos.
La suspensión de mayor alcance del hábeas corpus tuvo lugar durante la administración del Partido Demócrata de Franklin D. Roosevelt. Con respaldo bipartidista del Congreso, Roosevelt impuso ley marcial en Hawái al comienzo de la segunda masacre imperialista mundial.
Trabajadores japoneses —el 37% de la población de Hawái— fueron obligados a trabajar en las plantaciones de las islas bajo condiciones, salarios y horarios establecidos por el régimen militar. El absentismo fue declarado delito. Otros fueron recluidos en centros de detención especiales.
El pueblo trabajador y los sindicatos deben defender sin reservas los derechos de los trabajadores, tengan o no papeles, frente a los ataques del gobierno. Esto es crucial para unificar a los trabajadores y promover la lucha de clases.