WASHINGTON — El 12 de marzo cumplió un año desde que Kilmar Ábrego García, un trabajador sindicalizado de Maryland de 30 años de edad, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado ilegalmente a la infame cárcel de CECOT en El Salvador.
Jennifer Vásquez Sura, su esposa, familiares y partidarios lucharon contra su deportación con el apoyo de su unión, el sindicato SMART, y lograron su regreso a Estados Unidos en junio. Desde el principio, solicitaron y obtuvieron apoyo de sindicatos y de otros partidarios.
CASA, una organización de defensa de derechos de los inmigrantes a la que pertenece Ábrego García, realizó conferencias de prensa y protestas en las calles, en audiencias judiciales, el Primero de Mayo y frente a la Casa Blanca. Ábrego García sigue luchando contra una acusación abiertamente vengativa del gobierno e intentos de deportarlo a África.
El 23 de marzo, la jueza federal Paula Xinis emitió una orden provisional que mantuvo las decisiones previas que impedían al Departamento de Seguridad Nacional deportar a Ábrego García a un tercer país.
Su fallo se produjo en respuesta a una solicitud del gobierno presentada el 20 de marzo, de que levantara sus órdenes judiciales anteriores y le permitiera proceder con los planes de deportar a Ábrego García a Liberia. Todd Lyons, director del ICE, dijo a la corte que el gobierno rechazó la solicitud de Ábrego García de ser enviado a Costa Rica, argumentando que la ley no permite a los inmigrantes designar un país de deportación.
El gobierno ha lanzado “una amenaza vacía tras otra de deportarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito”, escribió la jueza Xinis el 17 de febrero. “No ha hecho nada para demostrar que la detención de Ábrego García bajo custodia del ICE es compatible con el debido proceso”.
Cuando Ábrego García fue repatriado de El Salvador en junio, fue ingresado inmediatamente en una cárcel de Nashville, Tennessee, acusado falsamente de tráfico de personas.
Ábrego García insiste en su inocencia y se ha negado a aceptar un acuerdo con la fiscalía. El juez federal Waverly Crenshaw Jr., de Nashville, está considerando invalidar los cargos en su contra como maliciosos y vengativos.
Ábrego García pasó 275 días en prisión en CECOT, en Nashville y bajo custodia del ICE en Moshannon Valley, Pennsylvania. Tras su excarcelación el 11 de diciembre, denunció el trato recibido por parte del gobierno.
“No me doblegaré ante nadie”, dijo a sus partidarios el 12 de diciembre en Baltimore. “Siempre me opondré a las injusticias que este gobierno ha cometido”.
El trato brutal al que Ábrego García ha sido sometido es parte de una campaña más amplia de la administración de Donald Trump para intimidar a millones de trabajadores indocumentados, reforzar su condición de ciudadanos de segunda clase e intensificar su explotación. Esta es una política bipartidista que busca dividir a la clase trabajadora y satisfacer las necesidades lucrativas de los empleadores.
La lucha de Ábrego García sigue siendo un punto de inflexión. ¡Únete a la lucha contra su deportación!