En los últimos dos años han habido por lo menos 170 ataques contra iglesias católicas en 38 estados y el Distrito de Columbia.
Solamente en octubre cuatro iglesias fueron dañadas, incluyendo en Watsonville, California; Lansing, Michigan; y Colusa, California.
La intolerancia anticatólica tiene una larga historia en Estados Unidos. Los católicos fueron un blanco importante del Ku Klux Klan en los estados del centro y otras partes del país en los años 20.
Actualmente 37 estados mantienen vigente una versión de la anticatólica “Enmienda Blaine” entre sus leyes. Estas tienen su origen en las campañas contra la creciente población católica irlandesa en el siglo 19. Prohíben cualquier financiamiento estatal para las escuelas religiosas, pero las leyes solo se aplicaron contra las católicas.
En lo que representa una victoria para los derechos constitucionales, la Corte Suprema falló el 21 de junio que el estado de Maine no podía excluir a las escuelas religiosas de un programa estatal que paga la matrícula en escuelas privadas para niños en áreas donde no hay escuelas públicas.
Los prejuicios anticatólicos amenazan la Primera Enmienda de la Constitución que dice: “El Congreso no promulgará ninguna ley que establezca una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma”. La defensa de libertades constitucionales como estas, incluso la libertad de expresión y el derecho de asamblea, son fundamentales para los trabajadores que las usan para luchar contra los ataques de los patrones y el gobierno.
Actualmente, los demócratas y la izquierda de clase media están fomentando el prejuicio anticatólico, argumentando que la “principal amenaza a la democracia” proviene de los “semifascistas” y la extrema derecha, incluidos los católicos, a quienes califican de reaccionarios.
“La Corte Suprema anuló Roe v. Wade en un momento en el que cuenta con una super mayoría católica abrumadora”, se quejó la Associated Press el 30 de junio.
Si bien reconoce que los 71 millones de católicos en Estados Unidos tienen una amplia gama de opiniones sobre el aborto, el artículo se ensaña contra los seis jueces “criados católicos”.
La jueza Amy Coney Barrett es un blanco especial de los izquierdistas, quienes insisten en que ella pretende imponer su agenda religiosa y moral a través de sus votos en casos judiciales.
En ninguna parte del artículo de la AP se explica que el fallo en el caso Dobbs se basó en una lectura de la Constitución, no en creencias religiosas. O que la decisión no prohíbe ni restringe los abortos, sino que delega esta decisión a la población de cada estado y sus funcionarios electos.
Los funcionarios nombrados por el presidente Joseph Biden para el Departamento de Salud y Servicios Humanos están tratando de agregar disposiciones a la Ley de Atención Médica Asequible que les prohíba a los trabajadores de la salud abstenerse de practicar abortos o cirugías de cambio de género porque van en contra de sus creencias.
La defensa de la libertad de culto —y la lucha contra la intolerancia anticatólica, y contra ataques a los judíos, y a los musulmanes y otros ataques a la libertad de religión— es una parte esencial para unificar a la clase trabajadora.